La IP de Araneda: una puerta hacia el poder de Weretilneck en Cipolletti

Me amenazaron de muerte el 16 de mayo de 2026. Antes habían hostigado a mi esposa durante semanas con una operación diseñada para romper a mi familia. Usaron una cuenta de WhatsApp, una identidad falsa, publicaciones en Facebook y un video manipulado. 

Denuncié. Mi esposa declaró. La Policía custodió durante diez días los alrededores de mi casa. FOPEA alertó públicamente sobre las amenazas y reclamó garantías para que yo pudiera seguir trabajando.

Cuatro meses después, la Fiscalía N.º 6 de Viedma, a cargo de Paula de Luque, dispuso el archivo provisorio del legajo MPF-VI-01830-2026. Pero la resolución que pretendía cerrar el caso dejó escrito el dato que cambió su dimensión.

WhatsApp había informado la última dirección de conexión de la cuenta investigada: “Last IP 181.165.75.63:58470”. A pedido del Ministerio Público, OITEL realizó las gestiones para determinar su titularidad. La respuesta, incorporada mediante la Nota N.º 04281/26/RES-GS, fue textual: la IP “corresponde a la ciudadana Erika Leonor Araneda de la ciudad de Cipolletti”.

El nombre no lo aporté yo. No apareció en una charla de café. Lo encontró el Estado al seguir la cuenta utilizada para hostigar a mi familia y amenazarme de muerte.

Una IP no reemplaza el peritaje de un teléfono y, por sí sola, no identifica la mano que escribió cada mensaje. Pero produce algo decisivo para una investigación penal: una persona determinada, una conexión determinada y nuevas medidas posibles. Alcanzaba para citar a la titular, establecer quiénes utilizaban el servicio, identificar los dispositivos conectados, preservar sus datos y contrastar IMEI, horarios y celdas. En las actuaciones conocidas por la querella no aparece ninguna de esas medidas dirigidas a Araneda.

La Fiscalía encontró una puerta y archivó el expediente antes de abrirla.

CUANDO LA PISTA LLEGÓ AL PODER

Después de leer el informe de OITEL me puse a investigar quién es Erika Araneda. No encontré a una usuaria desconocida ni a una persona ajena al Estado. Encontré a una funcionaria provincial con una trayectoria administrativa iniciada durante un gobierno de Weretilneck, un cargo actual en el Registro Civil y una pertenencia política que ella misma exhibe.

El Decreto 1230 de 2017, firmado por Weretilneck, aprobó su contratación para tareas administrativas en la delegación de IPROSS de General Fernández Oro. El directorio oficial del Registro Civil la identifica actualmente como delegada de Cipolletti 1.ª. En sus redes se presenta como parte de la administración pública y de Juntos Somos Río Negro.

Su alineamiento tampoco necesita interpretación. El 11 de abril de 2023 publicó una fotografía abrazada a Weretilneck y escribió: “El más grande. Nuestro futuro Gobernador. Lista verde”. Ese mismo día posó con Rodrigo Buteler y lo llamó “Rodri querido. Una gran esperanza para Cipolletti”. El 11 de octubre volvió a fotografiarse con el gobernador. Esta vez escribió: “Jefe querido. Toda mi admiración, respeto y cariño para Ud. No nos falte NUNCA”.

No son fotografías casuales usadas para atribuir delitos por proximidad. Son publicaciones políticas de la propia Araneda: muestran cómo define su pertenencia, a quién reconoce como jefe y con qué dirigentes elige exhibirse.

La combinación es políticamente explosiva. La persona asociada por OITEL a la última IP informada por WhatsApp dirige una oficina provincial, fue contratada por un decreto de Weretilneck y proclama públicamente su lealtad al gobernador. Cuando esa pista apareció, la Fiscalía no la profundizó: archivó.

SEIS VOCES, UN MISMO CIRCUITO

Hablé por separado con seis personas de Cipolletti y la zona vinculadas con el Estado. Entre ellas hay una exfuncionaria, una trabajadora municipal, una exempleada de IPROSS y una antigua integrante de JSRN. Algunas todavía dependen de organismos públicos. Les concedí reserva porque explicaron que temen perder el trabajo o sufrir represalias.

No contaron una historia idéntica. Describieron el mismo sistema desde lugares distintos.

Una exfuncionaria definió a Araneda como una militante incondicional de Weretilneck y recordó que empezó como puntera barrial. Una trabajadora municipal la ubicó dentro de un núcleo que conecta al oficialismo provincial con operadores territoriales de Cipolletti. Una mujer que trabajó casi una década para JSRN dijo que Araneda circulaba cerca del gobernador en actos partidarios y vinculó su protección inicial con la estructura del exlegislador Rubén López.

Dos fuentes situaron el ascenso de Araneda en la órbita de López, exsecretario general del Sindicato de la Fruta y exlegislador de JSRN. El 27 de noviembre de 2017, el Ministerio Público Fiscal informó oficialmente que había sido declarado responsable de abuso sexual simple, lesiones leves y coacción. López murió en 2020.

Esas voces me llevaron a revisar a Diego Palma, Analía Mora, la familia Cides, Luis Argüello y el círculo familiar de Araneda. Los documentos públicos no acreditan todas las versiones. Sí muestran que los nombres señalados por las fuentes no son piezas aisladas: ocupan u ocuparon cargos, comparten espacios partidarios y confluyen en el mismo dispositivo territorial.

Fotografía aportada a esta investigación. Una fuente identifica en el grupo a Luis Argüello, Erika Araneda, Rodrigo Buteler y Analía Mora. La imagen acredita coincidencia en un encuentro; no determina responsabilidades penales.

PALMA, EL HOMBRE QUE REAPARECE

Diego Orlando Palma fue el nombre que más se repitió después del de Araneda.

Una fuente municipal lo identificó en una selfie junto a Rodrigo Buteler y Erika Araneda: Buteler a la izquierda, Palma en el centro y Araneda a la derecha. Otra fuente irrefutable, que incluso participó de los gobiernos de Weretilneck, antes de ver el resto del material, me dijo: “Erika Araneda es igual a Diego Palma. Seguí ese nombre y no te vas a aburrir”.

La antigua militante de JSRN lo describió como el “patova de W” y dijo que lo veía en actos grandes, cerca de Weretilneck y de otros dirigentes. Según su versión, cumplía hacia afuera tareas informales de seguridad. También relató que dentro del circuito político se lo llamaba “testaferro”. No encontré una resolución judicial que respalde esa etiqueta patrimonial; por eso la atribuyo a la fuente y no la convierto en un hecho probado.

Los boletines oficiales confirman una trayectoria estatal de al menos quince años. El Decreto 449/2012, firmado por Weretilneck, trasladó temporalmente a Palma desde la Legislatura al Ministerio de Desarrollo Social para cumplir funciones en la delegación de Cipolletti. En septiembre de 2013, el Decreto 1351 dispuso otro traslado desde la Legislatura a la Comisión de Fomento de San Javier.

En 2026 volvió a aparecer un recibo legislativo a su nombre, difundido por Austral News, con un neto de $2.078.815,36. El documento acredita una liquidación. La Legislatura debe informar qué función cumple, en qué dependencia y cuál es su lugar efectivo de trabajo.

La conexión partidaria se actualizó en abril de este año. La lista única que llevó a Buteler a la presidencia de JSRN fue presentada ante una Junta Electoral integrada por Alejandro Santo, Andrea Escudero y el propio Diego Palma, según publicó Diario Río Negro. Palma no sólo orbitaba actos: formó parte del órgano que administró la renovación formal del partido gobernante.

También encontré una dimensión empresaria. En mayo de 2018 Palma constituyó con Mariano Ernesto Bianchi Colonia Lucinda S.A.S.. Cada uno suscribió la mitad del capital y Palma quedó como administrador suplente. El objeto social autorizaba a la firma a intervenir en negocios agropecuarios, inmobiliarios, constructores y financieros, además de actividades petroleras, gasíferas, forestales, mineras y energéticas: los sectores más sensibles de la economía provincial.

Lo comprobable es suficiente para formular la pregunta política: mientras mantenía una relación laboral de larga data con la Legislatura, Palma fue dueño de la mitad de una empresa habilitada para operar en minería, energía, petróleo, finanzas e inmuebles. En 2026, además, integró la Junta Electoral que formalizó el ascenso partidario de Buteler.

ANALÍA MORA Y EL PODER CASA POR CASA

El otro nombre que apareció de manera reiterada fue Analía Angélica Mora. Una trabajadora municipal la señaló como una de las principales organizadoras territoriales del oficialismo en Cipolletti y resumió su lugar con una frase: “Ella es quien maneja todo”.

La documentación permite reconstruir una trayectoria consistente. En 2017, cuando JSRN formalizó su primera conducción, Mora figuró como una de las tres representantes de Valle Oeste en la Asamblea partidaria. En octubre de 2019 fue anunciada como futura directora general de Asuntos Vecinales del municipio de Cipolletti para la gestión de Claudio Di Tella. El Decreto 91/2024 registró su designación, con vigencia desde diciembre de 2023, como directora de la Delegación Alto Valle Oeste del Ministerio de Desarrollo Humano. El cargo era ad honorem. El Decreto 680/2026 volvió a designarla, desde el 13 de julio, en ese mismo puesto y con la misma modalidad.

Mora circuló entre el partido, el territorio municipal y áreas sociales de la Provincia sin abandonar el Alto Valle Oeste.

El 14 de abril de 2026, una publicación oficial del Gobierno permitió observar la función en movimiento. Presentó a Mora como integrante del equipo territorial de la Secretaría de Energía y Ambiente durante un operativo en Nuevo Ferri. Los equipos recorrían casa por casa las viviendas de más de 350 familias y completaban dos relevamientos simultáneos: uno sobre consumo energético y otro sobre la situación social del barrio. El dispositivo articulaba a Provincia, Municipio, EPRE y Edersa.

Ese trabajo responde a una política pública concreta: regularizar el acceso a la electricidad. Su dimensión política, sin embargo, no puede ignorarse. Quien visita cada vivienda, registra necesidades sociales y conecta la información con obras y asistencia obtiene una capacidad territorial extraordinaria. El acceso al barrio y el acceso a sus datos quedan reunidos en una misma estructura estatal.

LOS CIDES: LA ARQUITECTURA QUE VUELVE SISTEMA AL TERRITORIO

Una fuente describió otra capa del esquema con una expresión local: “el clan Cides”. No habló de una dependencia formal ni de una organización clandestina. Habló de una familia política que acompaña a Weretilneck desde antes de la creación de JSRN.

Juan Elbi Cides fundó en 1990 el Movimiento Patagónico Popular junto con Julio Rodolfo Salto y el propio Weretilneck. Fue concejal, legislador, presidente del Concejo Deliberante y funcionario provincial. En 2014 Weretilneck lo designó secretario de Gobierno. Hoy vuelve a ser legislador y figura como presidente de la Mesa Ejecutiva Provincial del MPP.

Su hermano Nelson Cides ocupa otro vértice: es secretario general de la Gobernación desde diciembre de 2023. Desde esa área se coordinan programas como Cerca, que concentran en jornadas barriales trámites del Registro Civil, IPPV, Desarrollo Humano, Trabajo y otros organismos. La política lleva servicios hasta el vecino; al mismo tiempo, coloca al Ejecutivo provincial en contacto directo con cada demanda territorial.

En el municipio de Buteler aparece Diego Cides, secretario de Desarrollo Humano. Su área gestiona convenios y aportes para organizaciones, registra clubes barriales y participa en la entrega de asistencia. Provincia y Municipio presentan programas distintos. En el territorio llegan a las mismas familias.

La conexión es funcional. Mora pasó por áreas partidarias, vecinales y sociales que operan sobre el mismo territorio que Nelson y Diego Cides administran desde Provincia y Municipio.

Desde la Legislatura se filtraron recibos que abren preguntas sobre empleo familiar. En agosto de 2026, REALPOLITIK publicó recibos salariales de María Agustina Cides y Verónica Morante. El primero registraba un neto de $4.080.148,49 por julio y fecha de ingreso 10 de diciembre de 2019. El segundo, $5.281.530,06 y fecha de ingreso 5 de enero de 2012. Las fuentes de ese medio identificaron a la primera como hija de Elbi Cides y a la segunda como su pareja.

El propio Buteler explicó el método en abril, después de asumir la conducción de JSRN. El partido organizó 33 mesas locales como canales directos entre vecinos y equipos de gobierno. “Queremos un partido que esté en el territorio, que escuche y que resuelva”, dijo al presentar el plan de “territorialización”.

La frase funciona como manual. El partido capta la demanda; el Estado administra la respuesta; los operadores articulan ambos niveles. Elbi enlaza la historia partidaria con la Legislatura. Nelson conecta la Gobernación con los operativos barriales. Diego maneja un área social clave del municipio. Mora recorre esas fronteras. Palma integró la Junta Electoral que formalizó la conducción de Buteler. Araneda llega por una ruta propia, pero desemboca en el mismo centro político.

ARGÜELLO: DE LA FOTO AL ALLANAMIENTO

Luis Argüello dirigió Aguas Rionegrinas en Cipolletti. En agosto de 2025 recorrió con Buteler una obra de ampliación de la red y habló públicamente como responsable local de ARSA. Una de las fuentes lo identificó también en la fotografía grupal aportada a esta investigación.

El 26 de enero de 2026 la Justicia allanó su vivienda y la de la subcomisaria Vilma Ríos, jefa del Cuerpo de Seguridad Vial. La causa investiga el presunto retiro y comercialización de autopartes de vehículos secuestrados que estaban bajo custodia estatal. ARSA apartó preventivamente a Argüello y la Policía suspendió a Ríos. El 10 de febrero Luis Flores ya lo había reemplazado al frente de la oficina cipoleña.

Argüello no tiene una condena informada y la causa se encontraba en etapa de investigación. Su presencia en una foto tampoco vuelve responsables a los demás retratados. El dato político es otro: un funcionario que compartía actividades públicas con Buteler y espacios sociales con parte del circuito descripto terminó apartado después de un allanamiento relacionado con bienes bajo custodia estatal.

EL ESTADO Y EL CÍRCULO FAMILIAR

Julio César Araneda asumió como concejal de Cipolletti el 11 de junio de 2026. Era taxista y llegó por el bloque Cambia Cipolletti para reemplazar a Héctor Sepúlveda. Aunque integra formalmente la oposición, expresó una sintonía directa con el intendente: “Si a Rodrigo le va bien, a Cipolletti le va a ir bien”.

Cinco días después, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la designación de Priscilla Yasmin Araneda como su secretaria administrativa. En una publicación aportada a esta investigación, Priscilla presenta a Julio como “mi papi” y “mi viejo Julio Araneda”. El dato documentado es preciso: el concejal asumió y el cuerpo nombró a su hija como colaboradora menos de una semana después.

Las fuentes vinculan a Julio con el círculo familiar cercano de Erika, pero discrepan sobre el parentesco exacto: unas lo llaman hermano y otra, tío. No obtuve una partida ni una declaración directa que resuelva la contradicción. Por eso no afirmo ninguno de los dos vínculos como hecho. Lo comprobable es que Erika, Julio y Priscilla comparten apellido y proximidad personal; que Erika ocupa una delegación provincial; que Julio obtuvo una banca; y que su hija fue designada en el Concejo.

EL MAPA Y EL MÉTODO

Después de revisar decretos, boletines, recibos, edictos societarios, páginas oficiales, publicaciones partidarias y seis testimonios, el mapa que reconstruí tiene una lógica reconocible.

Weretilneck ocupa la jefatura que Araneda proclama. Buteler administra la terminal política de Cipolletti y ahora preside JSRN. Mora representa el trabajo territorial y el relevamiento social casa por casa. Palma combina una larga trayectoria estatal, presencia partidaria y un pasado empresario en rubros estratégicos. Los Cides aportan continuidad histórica y conexiones simultáneas con la Legislatura, la Gobernación y el municipio. Argüello muestra cómo un funcionario del circuito puede quedar alcanzado por una investigación penal y salir de su cargo. El círculo familiar de Araneda suma una banca y un nombramiento administrativo.

No todos cargan con la misma conducta ni con la misma responsabilidad. No afirmo que una fotografía demuestre un delito ni que compartir partido convierta a alguien en autor de una amenaza. Lo que sostengo es otra cosa: los documentos desmienten que Araneda sea una desconocida sin vínculos con el poder. Es una funcionaria que trabaja para la administración provincial, reconoce a Weretilneck como jefe y se mueve dentro de una estructura que articula partido, empleo público, territorio y asistencia en Cipolletti, la capital de facto del poder rionegrino y el pago chico del gobernador.

En ese contexto apareció la conexión asociada por OITEL a la cuenta investigada. Y en ese punto exacto la Fiscalía decidió frenar.

EL EXPEDIENTE CERRÓ DONDE EMPEZABA LA POLÍTICA

La Fiscalía archivó provisoriamente la causa cuatro meses después de la amenaza. Lo hizo después de recibir un nombre concreto y cuando todavía existían medidas posibles para determinar quién había utilizado la conexión atribuida a Araneda. Como querellante pedí preservar cuentas, identificar dispositivos, obtener datos de IMEI, reconstruir celdas y profundizar el origen del video manipulado.

El archivo declaró agotada una investigación que no agotó su pista más sensible.

Con una Justicia decidida a llegar hasta el final, Araneda ya debería haber explicado quiénes accedían a ese servicio, qué dispositivos se conectaban y cuál era su relación —si la había— con la cuenta utilizada contra mi familia. Después correspondía verificar cada respuesta. No ocurrió.

La decisión invirtió las posiciones. Yo, el periodista amenazado, debía seguir demostrando. La funcionaria alcanzada por el rastro técnico podía continuar en su cargo sin ser interrogada. Los dirigentes a quienes ella exhibe como conducción quedaban fuera del expediente.

Por eso la responsabilidad política no termina en Araneda. Weretilneck y Buteler deben explicar si van a sostener en un cargo público a una funcionaria cuya conexión fue incorporada a una causa por amenazas de muerte contra un periodista crítico del Gobierno. Y la fiscal Paula de Luque debe explicar cómo puede archivar esa causa sin haberla citado siquiera para despejar la principal pista nominada del expediente.

Vuelvo al principio porque ése es el dato que no debe perderse entre nombres, cargos y fotografías.

Me amenazaron de muerte. Antes hostigaron a mi esposa. WhatsApp informó una última IP. OITEL la vinculó con Erika Leonor Araneda. La Fiscalía no avanzó sobre ella. Cuando seguí por mi cuenta el nombre que el Estado había encontrado, llegué al corazón del poder territorial de Cipolletti.

El expediente cerró justo cuando empezaba la política.

Esta investigación abre esa puerta.