Me amenazaron de muerte después de una operación de hostigamiento contra mi familia. La Fiscalía siguió la cuenta de WhatsApp y OITEL informó que la última IP registrada correspondía a Erika Leonor Araneda, funcionaria provincial y militante de Juntos Somos Río Negro. Cuando el expediente llegó a ese nombre, la investigación fue archivada. Seguí la pista: seis fuentes y documentos públicos reconstruyen alrededor de Araneda un circuito que conecta empleo estatal, militancia, control territorial y la mesa política de Alberto Weretilneck y Rodrigo Buteler en Cipolletti.