Vaca Muerta llega al golfo: ¿quién planifica la costa?

La costa del Golfo San Matías fue históricamente una frontera árida donde el desierto se encontraba con el océano. La primera gran transformación de estos parajes la trajo el Estado, con un plan y con obra pública. El ferrocarril que llegó a San Antonio a principios del siglo XX, las rutas que unieron el interior productivo con el mar y, sobre todo, el agua, fueron la infraestructura fundacional que permitió que las comunidades echaran raíces.

El Canal Pomona–San Antonio Oeste, inaugurado en 1972 después de casi seis décadas de proyectos, llevó el agua del río hasta la costa; años más tarde, los acueductos sostuvieron el desarrollo de Sierra Grande. El agua, el riel y el asfalto nos enseñaron que el territorio se conquista con planificación y con obras que sirven a la gente.

Cuando falta alguno de los dos, el plan o la obra, los resultados están a la vista. HIPASAM contó con una inversión estatal considerable, pero se pensó como un enclave, sin un plan para que Sierra Grande pudiera sostenerse más allá de la mina. Cuando se decretó su cierre, a comienzos de los noventa, se fueron unas seis mil personas, y la ciudad todavía no recuperó la población que tenía.

El hidrógeno verde mostró el caso inverso: en 2022 la provincia elaboró un plan urbano y territorial para Punta Colorada, pero dependía de una inversión privada anunciada. Cuando el proyecto quedó en suspenso, el plan quedó sin nada que ordenar.

Hoy Vaca Muerta marcha hacia el mar. El oleoducto VMOS y el GNL de Southern Energy avanzan justo cuando el Estado nacional se retiró de la obra pública. La Ruta 23, que une la cordillera con la costa, empezó a asfaltarse en 1986 y todavía no está terminada.

San Antonio Oeste financia sus primeras obras, entre ellas las redes de agua y luz de un barrio, con el aporte comunitario de Southern Energy. Esos recursos son bienvenidos. Pero cuando los servicios básicos dependen del aporte de una empresa, el Estado deja de planificar y pasa a administrar lo que recibe.

La pregunta es: ¿quién va a planificar el territorio que estos proyectos transforman?

La población ya está llegando a la costa: el departamento San Antonio creció un 22% desde 2010, más que el promedio provincial. Que pueda quedarse depende de cuatro condiciones que ninguna petrolera va a garantizar.

La primera es el agua. Los ductos de la industria los pagan las empresas; el agua de las ciudades es responsabilidad del Estado. La provincia licita la ampliación del sistema de Sierra Grande con un crédito de la CAF, un paso necesario pero resuelto otra vez con deuda y para una sola localidad, cuando hace falta un plan hídrico para toda la costa.

La segunda es la energía. El Plan Director Eléctrico provincial es de 2020, anterior al VMOS y al GNL, y debe actualizarse: sin energía suficiente, ninguna actividad nueva se radica en la costa ni las ciudades pueden crecer.

La tercera son las rutas. En septiembre la Legislatura aprobó el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 y un endeudamiento de hasta 60 millones de dólares para repararlas, mientras la Nación sigue cobrando el impuesto a los combustibles. Para la costa y la Región Sur no hay nada previsto. La provincia ya elaboró una visión portuaria a 2050; falta lo mismo para las rutas y el ferrocarril, o el golfo será solo un corredor de paso para el petróleo y el gas, que quedará vacío cuando el recurso se agote, como le pasó a Sierra Grande con el hierro.

La cuarta son las políticas públicas. La población que llega necesita vivienda, salud y formación técnica, articulada con las universidades rionegrinas y el INVAP, para que los empleos calificados de estos proyectos queden en manos de trabajadores de la región.

Karl Polanyi escribió que "el laissez-faire fue planificado; la planificación no". Ochenta años después, la frase describe la costa rionegrina. Las empresas llegan con su horizonte resuelto: el RIGI les asegura treinta años de estabilidad fiscal, jurídica y normativa.

La provincia necesita un horizonte equivalente: un plan de infraestructura y servicios para la costa aprobado por la Legislatura y financiado con una parte de la renta energética. No con deuda. Por eso la discusión debe darse ahora: la Legislatura analiza un fondo anticíclico con esos ingresos, y es la oportunidad de destinar una parte a los territorios por donde pasa esa renta.

Ese plan necesita, además, quién lo conduzca. La idea tiene antecedentes: en 2008 se presentó en la Legislatura un proyecto para crear un Consorcio para el Desarrollo de la Costa Atlántica, con la provincia y los municipios de Viedma, San Antonio Oeste y Sierra Grande, que terminó archivado. Siete años después, la Ley 5098, impulsada por Pedro Pesatti, creó el Instituto Autárquico de Planificación para la Integración y el Desarrollo, financiado con el 1% de las regalías petroleras. Todavía no está en pleno funcionamiento. Ponerlo en marcha con la costa como primera tarea, y con los municipios costeros sentados a la mesa, daría a quienes reciben a la población que llega un lugar en decisiones que hoy se toman entre la provincia y las empresas.

Planificar significa anticiparse, fijar prioridades y darles a quienes viven en un territorio la posibilidad de discutir su futuro antes de que otros lo resuelvan por ellos. Las empresas planifican cada ducto y cada embarque con décadas de anticipación. Que el Estado haga lo mismo es la condición para que la inversión de hoy se convierta en desarrollo. Así llegó el agua a San Antonio en 1972, y así puede volver a crecer la costa.

Roberto David Mandado

Prof. y Lic. en Ciencias Políticas

Secretario Legislativo del bloque Vamos con Todos, Concejo Deliberante de Viedma