El Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro volvió a denunciar públicamente la situación que atraviesa Rubén Muñoz, uno de sus referentes, quien permanece privado de su libertad. La organización aseguró que sufrió torturas, amenazas y episodios de violencia sistemática durante su encarcelamiento, al tiempo que solicitó colaboración económica para continuar financiando su defensa judicial.
A través de una publicación en sus redes sociales, la entidad sostuvo que Muñoz es un “preso político de la gestión de Alberto Weretilneck” y cuestionó duramente las circunstancias de su condena, a la que consideró una represalia contra quienes reclaman mejores condiciones laborales y salariales para los integrantes de las fuerzas de seguridad.
El comunicado también expuso las dificultades económicas que atraviesa el sector policial y penitenciario provincial, una situación que, según la organización, complica incluso la posibilidad de reunir fondos para afrontar los gastos judiciales.
“Somos conscientes de que la situación de toda la familia policial y penitenciaria en cuanto a lo económico es trágica, pero entre todos podemos colaborar en las últimas tres cuotas del abogado defensor de nuestro referente Rubén Ángel Muñoz”, expresaron.
Desde el Consejo remarcaron que cualquier contribución representa tanto una ayuda para la familia del detenido como una demostración de acompañamiento hacia su situación.
Graves denuncias sobre las condiciones de detención
Uno de los aspectos más delicados del pronunciamiento está relacionado con las acusaciones sobre presuntos hechos de violencia que habría sufrido Muñoz mientras permanece encarcelado.
La organización aseguró que sus condiciones de detención mejoraron como consecuencia de las gestiones realizadas por su abogado, aunque insistió en que continúa atravesando una situación que considera injusta.
“La situación carcelaria de Rubén Muñoz, si bien ha mejorado gracias a las gestiones del abogado, sigue siendo la de una persona que no debería estar atravesando esta condena injusta, desproporcionada y vengativa”, señalaron.
Sin embargo, la denuncia fue todavía más lejos cuando explicaron los motivos por los cuales decidieron suspender temporalmente las publicaciones relacionadas con el caso.
Según afirmaron, cada vez que difundían información sobre su situación judicial y penitenciaria, Muñoz sufría posteriormente consecuencias dentro del establecimiento donde se encuentra alojado.
“Por el momento hicimos un alto a las publicaciones referidas a su detención, dado que cada publicación luego él sufría las consecuencias violentas y sistemáticas”, manifestaron.
En ese contexto, mencionaron presuntas “torturas, amenazas” y hechos que calificaron como “crímenes de lesa humanidad”.
Se trata de acusaciones de extrema gravedad formuladas por la organización, cuya veracidad y eventual responsabilidad institucional requieren investigación y corroboración judicial. En el comunicado no se precisaron fechas, responsables ni detalles concretos de los episodios denunciados.
El objetivo es conseguir su libertad
Más allá de la campaña económica, el Consejo ratificó que continuará trabajando para obtener la libertad de Muñoz y retomar sus reclamos vinculados con la situación laboral y salarial de policías y penitenciarios rionegrinos.
“El primer objetivo es la libertad de nuestro compañero, para reacomodar filas y volver a la carga contra un sistema injusto y empobrecedor”, expresaron.
Asimismo, anticiparon que tanto Muñoz como su abogado brindarán información detallada sobre lo ocurrido una vez que recupere la libertad.
La publicación concluyó con una advertencia dirigida a quienes, según la organización, intentaron frenar sus reclamos mediante la persecución y el encarcelamiento de su referente.
“No nos callaron, nos estamos reagrupando”, afirmaron.
El pronunciamiento vuelve a poner en discusión la situación judicial y penitenciaria de Muñoz, así como las denuncias de persecución formuladas por sectores vinculados con los reclamos salariales de las fuerzas de seguridad provinciales.
Por el momento, las afirmaciones sobre presuntas torturas, amenazas y represalias corresponden exclusivamente al Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario, sin que en el material difundido se acompañen elementos que permitan establecer su acreditación judicial.
