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Durante la semana pasada, la empresa rionegrina INVAP -ampliamente reconocida en el mundo por el desarrollo y fabricación de tecnología aplicada- a raíz de una decisión asamblearia, determinó convertirse en “Sociedad Anónima” con el fin de comenzar el camino de la privatización.
El cambio societario, de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima, fundamentado en la vigencia del decreto 73/2023, requiere inexorablemente el tratamiento en la Legislatura de Río Negro.
Si bien, como se conoció en los medios, la empresa estaría trabajando en un nuevo Estatuto a los fines de “minimizar” el impacto que podría tener el cambio societario con el ingreso de nuevos accionistas extranjeros y nacionales, esto resulta insuficiente a la luz de las cláusulas constitucionales referidas al patrimonio público provincial, especialmente reconocido en el Art. 67 y subsiguientes, y 181 de la Constitución Provincial.
"Como antecedente, podemos citar el caso de Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, constituida mediante ley 3309, la cual reemplazó a AGUAS RIONEGRINAS SOCIEDAD DEL ESTADO en el año 1999", dijo la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos).
Las acciones de INVAP son 100% del Estado rionegrino, aunque en su directorio existe participación de la CONEA.
"Por su alta importancia para nuestra provincia, debe permanecer en manos rionegrinas. Ningún decreto presidencial puede ir contra la Constitución de Río Negro. El Gobierno rionegrino no puede ser cómplice de la entrega de INVAP al capital trasnacional. La decisión de transformarse en S.A. no puede tomarse a espaldas del pueblo de Río Negro", finalizó.
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