(AUDIO) ERSEC: ¿El gobierno rionegrino va por una caja de hasta $12.000 millones que hoy es de los municipios?

La creación del Ente Regulador de Servicios y Concesiones de Río Negro abrió una duda jurídica con impacto directo sobre las finanzas municipales.

La Ley 5883, aprobada la semana pasada para reemplazar al EPRE e integrar bajo una misma estructura la regulación de electricidad, agua y saneamiento, establece en su artículo 14 que uno de los recursos
económicos propios del nuevo ERSEC serán “los importes que abonen los prestadores en concepto de canon”.

El problema aparece al cruzar esa definición con el régimen eléctrico que ya se encuentra vigente en Río Negro.

El Decreto 1291/95, reglamentario de la Ley 2902, denomina expresamente “canon en concepto de uso del espacio aéreo a municipios” al pago que realizan las distribuidoras eléctricas por utilizar calles, espacios públicos y territorio municipal.

La ley que creó ERSEC no diferencia entre cánones provinciales, cánones de concesión y aquellos cuyo acreedor es un municipio. Esa inconsistencia constituye el punto de partida de una investigación
desarrollada por LABORATORIO 2920 y presentada este jueves por Gonzalo Santos durante la apertura editorial de la edición #52 de LUVER, en FM De la Costa.

La investigación no sostiene que el Gobierno provincial haya decidido apropiarse de esos recursos. Hasta ahora no existe documentación que permita formular esa afirmación.

La duda es otra: ¿qué quiso decir exactamente el Gobierno cuando incorporó los “cánones” como una fuente de financiamiento del ERSEC?

La pregunta adquiere otra dimensión cuando se observa cuánto dinero está involucrado.

Una primera reconstrucción realizada por LABORATORIO 2920, a partir de las alícuotas municipales, información presupuestaria disponible y la estructura de facturación eléctrica, ubica la masa económica potencial entre $9.000 y $12.000 millones anuales.

La cifra todavía funciona como un rango de investigación y requiere cerrar las ejecuciones presupuestarias municipio por municipio. Los casos donde existen datos oficiales muestran, sin embargo, que se trata de una fuente central de financiamiento local.

General Roca proyectó para 2026 alrededor de $2.560 millones por la contribución de uso del espacio aéreo. En 2023 ese concepto representó aproximadamente el 21% de toda su recaudación por tasas. Cipolletti había superado los $1.300 millones durante 2024 y en apenas el primer semestre de 2025 ya rondaba los $1.200 millones. La contribución llegó a representar cerca de una cuarta parte de sus ingresos
por tasas municipales.

El antecedente jurídico más importante tampoco despeja completamente el interrogante. En 1999, durante un conflicto entre EdERSA y Villa Regina, el propio EPRE estableció que esta contribución se encuentra a cargo de la concesionaria y a favor de los municipios. Pero el organismo regulador también intervino en la definición de su metodología de cálculo y su tratamiento dentro de la estructura económica del servicio eléctrico. 

El nuevo ERSEC hereda esas facultades regulatorias, jurisdiccionales y recaudatorias. Por eso el interrogante excede una eventual transferencia directa del dinero. También alcanza la capacidad del nuevo organismo para intervenir sobre las condiciones mediante las cuales se calcula, reconoce y liquida un recurso que en algunas ciudades representa uno de cada cinco pesos recaudados mediante tasas.

La controversia aparece además en un momento particularmente sensible para la política energética provincial. Río Negro tiene actualmente la factura eléctrica residencial subsidiada más cara del último relevamiento nacional del IIEP UBA-CONICET. Para un consumo homogéneo de 265 kWh mensuales, alcanzó los $93.111 frente a $58.124 de promedio nacional, una diferencia superior al 60%.

LABORATORIO 2920 encontró que la principal brecha se concentra en el Valor Agregado de Distribución, el componente que remunera a la distribuidora y cuya estructura económica debe aprobar el regulador
provincial.

En el caso subsidiado, el VAD rionegrino fue estimado en unos $50.300 frente a $30.200 de promedio nacional: 66% más. Entre los usuarios sin subsidio, la diferencia llega al 84%.

Durante más de una década, ese control estuvo bajo responsabilidad del EPRE y, en última instancia, del Gobierno provincial. Ahora esas atribuciones pasarán al ERSEC, un organismo dirigido por tres integrantes
designados por el Poder Ejecutivo y con posibilidad de renovación indefinida.

Para 2920, la discusión excede el cambio de nombre de un organismo.

Después de quince años de gobierno de Alberto Weretilneck y Juntos Somos Río Negro, la Provincia consolidó una de las estructuras de distribución eléctrica más caras del país. El nuevo ente deberá demostrar si la denominada modernización regulatoria mejora el control sobre las empresas y protege a los usuarios y a las autonomías municipales, o si agrega una nueva capa de concentración política sobre un sistema cuyo resultado económico ya recae con fuerza sobre hogares, empresas y territorios.

Por ahora queda una pregunta concreta que el Gobierno puede responder con una línea en la reglamentación: ¿los cánones municipales están afuera de los recursos del ERSEC?