Otro intento de adoctrinamiento empresarial en la Escuela Pública con la complicidad del Gobierno de Río Negro

Como legisladora comprometida con la defensa de la educación pública y los derechos de todos los rionegrinos, es mi deber denunciar el nuevo intento de privatización y adoctrinamiento que está gestando el gobierno de Río Negro. A través de un proyecto de modificación de la Ley de Educación, se busca abrir las puertas de nuestras aulas a intereses empresariales, lo que constituye un ataque directo no solo a los derechos de las y los trabajadores de la educación, sino también a la integridad misma de la enseñanza pública, laica y gratuita.

Recientemente, hemos sido testigos de un anuncio preocupante: una empresa hidrocarburífera ha lanzado un proyecto educativo denominado “Reimaginar el aula”, dirigido a capacitar a nuestros docentes. Este proyecto, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación de la provincia, se presenta como una iniciativa benéfica, pero esconde una agenda peligrosa que pretende insertar intereses corporativos en el corazón de nuestra educación pública.

Este hecho no es aislado. Se suma a la inclusión subrepticia de propaganda prominera en los libros de texto destinados a niños y niñas de quinto grado, lo cual fue denunciado recientemente. Es evidente que estas acciones están coordinadas con la aprobación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y de la Ley de Bases por parte de los legisladores de Juntos Somos Río Negro. Con estas iniciativas, el gobierno provincial parece más interesado en asegurar la adhesión ciudadana hacia la industria extractivista que en garantizar una educación crítica y verdaderamente formativa.

Un ejemplo claro de este intento de adoctrinamiento es la introducción en las escuelas primarias de un manual titulado “Encontrarnos por Río Negro, un viaje por nuestra provincia”. Este libro, editado y financiado por el propio Ministerio de Educación de Río Negro, busca moldear la percepción de nuestros jóvenes hacia la minería, presentándola de manera favorable y sin un análisis crítico de sus impactos ambientales y sociales.

Este nuevo acto de entrega de nuestra soberanía educativa coincide con el impulso del propio Gobernador de modificar la Ley de Educación, mientras desprecia abiertamente al “maestro que enseña con la tiza y el pizarrón”. Al mismo tiempo que la escuela pública se deteriora por la falta de inversión y apoyo, el gobierno rionegrino se somete a los intereses empresariales, replicando políticas de desmantelamiento educativo promovidas por el gobierno de Javier Milei, que incluyen la destrucción del PLAN CONECTAR IGUALDAD, el FONDO DE INCENTIVO DOCENTE, el CONICET y el recorte al presupuesto de las universidades públicas.

La declaración del Gobernador de que la escuela pública “no le garantiza el futuro a nadie porque no tiene que ver con la economía y ni con el desarrollo” es un intento descarado de justificar la entrega de la educación al servicio de las empresas energéticas y megamineras. Pero la Constitución Provincial, en su artículo 62, establece claramente que la educación es un instrumento para la liberación, la democracia y el respeto inalienable por los derechos humanos. La Ley Orgánica de Educación prohíbe expresamente cualquier tipo de mercantilización de la educación, y es nuestro deber defender estos principios.

Desde mi posición, exijo la derogación de cualquier acuerdo con empresas nacionales o extranjeras que pretendan sustituir la responsabilidad del Estado en garantizar una educación laica, gratuita, de calidad y comprometida con la democracia y la defensa de los derechos humanos y pluriculturales en Río Negro. No podemos permitir que intereses empresariales dicten el contenido y los valores que se enseñan en nuestras aulas. La escuela pública debe seguir siendo un espacio de pensamiento crítico, de libertad y de formación ciudadana, libre de influencias externas que busquen subordinarla al capital.

(*) Legisladora Magdalena Odarda (Bloque Vamos con Todos)