El Congreso destacará la condena al represor de la ESMA Gonzalo Sánchez y la investigación periodística que lo al descubierto en San Antonio Oeste

El juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar volvió a entrelazar la historia judicial del país con la memoria colectiva de la provincia de Río Negro. El diputado nacional por Río Negro, Marcelo Mango (Frente Grande – Unión por la Patria), presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de expresar el beneplácito por la reciente condena al  y destacar formalmente el trabajo periodístico de investigación impulsado por el periodista Pedro Caram en San Antonio Oeste.

El pasado 26 de agosto de 2026, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó por unanimidad a Sánchez a la pena de 16 años y 8 meses de prisión e inhabilitación absoluta. El tribunal lo halló coautor penalmente responsable de 178 hechos de privación ilegítima de la libertad triplemente agravada, calificados como crímenes de lesa humanidad.

Sánchez, conocido en la estructura represiva bajo los alias de "Chispa" y "Omar", se desempeñó como oficial de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina e integró el Grupo de Tareas 3.3.2 de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), participando en operativos de secuestro, torturas y traslados de personas cautivas.

El hallazgo en la costa rionegrina

El recorrido para lograr su enjuiciamiento demandó décadas. Tras permanecer prófugo durante 15 años, Sánchez fue extraditado desde Brasil en 2020. Sin embargo, el primer velo sobre su paradero e identidad comenzó a descorrerse mucho antes en la provincia de Río Negro.

A comienzos de la década de 2000, Sánchez residía en San Antonio Oeste vinculado a la industria pesquera y naval, presentándose como armador y promoviendo la instalación de un astillero que prometía inversiones en la zona. Ante los rumores que circulaban entre trabajadores de la pesca y vecinos, el periodista Pedro Caram inició una exhaustiva investigación.

Caram consultó archivos históricos del informe Nunca Más, registros del Juicio a las Juntas y entabló contacto con sobrevivientes del centro clandestino de detención de la ESMA. El dato clave de la investigación fue la obtención del número de documento de Sánchez mediante los registros de trámites de buques en la guardia de Prefectura, lo que permitió corroborar fehacientemente que el próspero empresario era la misma persona acusada por violaciones a los derechos humanos.

Una comunidad que no fue indiferente

El impacto social de las revelaciones periodísticas derivó en una firme respuesta institucional en Río Negro:

• Repudio municipal: En febrero de 2002, el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste declaró por unanimidad a Gonzalo Sánchez persona no grata y rechazó el proyecto de instalación del astillero.

• Declaración provincial: Ese mismo año, la Legislatura de Río Negro —a través de una iniciativa de los entonces legisladores Eduardo “Bachi” Chironi y Guillermo Wood— sancionó la Declaración N.º 68/2002, extendiendo la declaración de persona no grata a todo el territorio provincial.

En los fundamentos del proyecto presentado en el Congreso Nacional, Mango remarcó el valor histórico de aquellos pronunciamientos, adoptados en un contexto nacional donde aún regían las leyes de impunidad que impedían el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado.

"La historia de San Antonio Oeste demuestra que la memoria no se construye solamente en los grandes acontecimientos ni pertenece exclusivamente a los tribunales o a las instituciones nacionales. También se construye en nuestras ciudades y pueblos, en las organizaciones, en el periodismo y en comunidades que deciden no ser indiferentes frente a su propia historia", sostuvo el legislador rionegrino.