La Legislatura rionegrina aprobó este jueves por mayoría la reforma de la Ley Orgánica del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS). La iniciativa impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck reemplaza la afiliación obligatoria por un sistema que permite a los agentes públicos activos y pasivos elegir otra cobertura para sí mismos y su grupo familiar primario.
Uno de los puntos centrales de la reforma –que no fue respaldada por los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro- es el destino del dinero que se descuenta de los haberes. El 100% del aporte personal —4% para trabajadores activos y 5,5% para pasivos— se transferirá a la entidad receptora. Si esa cobertura exige una cuota superior al monto derivado, la diferencia quedará a cargo del afiliado.
La contribución patronal del 7%, en cambio, seguirá ingresando íntegramente al IPROSS. El proyecto la asigna a planes oncológicos y especiales, prestaciones vinculadas con discapacidad y prótesis, y cobertura de farmacia ambulatoria y enfermedades crónicas.
La posibilidad de cambiar de cobertura no alcanzará a quienes ejerzan cargos electivos o de designación política, ni a las autoridades superiores de los poderes del Estado, organismos de control y empresas estatales. En el caso de jubilados y pensionados cuyos haberes liquida un organismo previsional nacional, la derivación de aportes dependerá de la firma de un convenio con ese organismo.
La reforma prevé además que, si la entidad elegida deja de brindar cobertura por una causa ajena al afiliado, este se reincorpore automáticamente al IPROSS y sin carencias. Los tratamientos en curso deberán continuar sin interrupciones al concretarse el cambio.
Escudero: “Libertad para el afiliado”
Como miembro informante, Andrea Escudero (JSRN) defendió la iniciativa y rechazó que implique una privatización o vaciamiento del Instituto.
“El proyecto no obliga a nadie a irse del IPROSS”, remarcó. Según explicó, el objetivo es terminar con la condición de “afiliados cautivos” que durante años cuestionaron numerosos empleados públicos y permitir que cada trabajador decida si permanece o no en la obra social provincial.
Escudero reivindicó además las mejoras que, según indicó, experimentó el Instituto en los últimos años: nuevos convenios con centros de alta complejidad, digitalización de trámites, ampliación de prestaciones odontológicas, cobertura de prótesis, medicamentos, discapacidad y tratamientos oncológicos.
Uno de los puntos más discutidos fue el financiamiento. Quien opte por otra cobertura podrá derivar su aporte personal del 4%, mientras que la contribución patronal del 7% permanecerá dentro del sistema. Para Escudero, precisamente ese mecanismo permitirá preservar el carácter solidario y evitar el desfinanciamiento.
La legisladora sintetizó la reforma en tres objetivos: “libertad para el afiliado, fortalecimiento de la obra social y mejora obligada por parte de los prestadores”.
Picotti: libertad sí, pero “sin restricciones”
Gabriela Picotti coincidió con el principio de libre elección, aunque cuestionó duramente las condiciones establecidas. “Libertad es libertad verdadera, sin restricciones”, sostuvo.
Picotti puso el foco en que el trabajador solamente podrá disponer de su 4% y deberá afrontar de su bolsillo cualquier diferencia para contratar otra cobertura.
También cuestionó las prestaciones actuales del IPROSS y mencionó demoras en prótesis, medicamentos y turnos, además del cobro de adicionales por parte de algunos profesionales.
“Si realmente estuviese dando respuesta a los pedidos del afiliado, yo creo que ninguno de los trabajadores públicos decidiría o pediría irse de la obra social”, planteó.
Lacour: “Liberamos a la persona pero retenemos el financiamiento”
Martina Lacour también respaldó el principio de libre elección, pero objetó el mecanismo. Recordó que había presentado iniciativas en ese sentido anteriormente y cuestionó que el 7% patronal permanezca en el IPROSS aunque el Instituto deje de brindar cobertura al trabajador y su familia.
“Liberamos a la persona pero retenemos el financiamiento”, resumió.
Lacour llegó a calificar el esquema como “prácticamente una estafa a los empleados” y pidió que la iniciativa fuera votada en general y en particular para poder acompañar el concepto de libre elección y rechazar los artículos con los que no coincidía.
Sposito: “Marketing libertario”
Ayelén Sposito (Vamos con Todos) rechazó la reforma y la definió como “marketing libertario”. Argumentó que no existe una libertad efectiva cuando solamente se permite derivar el 4% personal, ya que ese monto difícilmente resulte suficiente para contratar una cobertura privada.
Sposito sostuvo además que la salida de ese porcentaje sí puede afectar al IPROSS porque se trata de recursos utilizados para prestaciones cotidianas.
Para la legisladora, el debate debería ser otro: “En vez de estar discutiendo que la gente se vaya del IPROSS, tendríamos que estar discutiendo cómo mejoramos la obra social de los trabajadores del Estado”.
También puso el foco en las diferencias entre convenios con prestadores y en el cobro del denominado “plus” médico en algunas localidades.
Domínguez: acompañamiento con diferencias
César Domínguez adelantó su acompañamiento en general, aunque rechazó aspectos particulares. Defendió una concepción amplia de la libertad individual y recordó que había impulsado una iniciativa destinada particularmente a los jubilados.
Sin embargo, consideró que el proyecto contiene restricciones que impiden hablar de una libertad plena: para trabajadores de menores ingresos, sostuvo, una prepaga puede resultar económicamente inaccesible, mientras determinados sectores directamente quedaron excluidos de la posibilidad de optar.
A diferencia de otros opositores, Domínguez sostuvo que la reforma no desfinanciará al IPROSS.
Odarda pidió frenar el tratamiento y realizar una auditoría
Magdalena Odarda (Vamos con Todos) formuló uno de los cuestionamientos más duros. “No queremos perder la obra social que le pertenece a los trabajadores y trabajadoras”, expresó, y responsabilizó al poder político por los problemas que arrastra el Instituto.
También cuestionó que durante casi tres años no haya funcionado efectivamente la comisión legislativa de seguimiento del IPROSS.
Odarda objetó además que el Ejecutivo haya enviado la iniciativa con acuerdo de ministros, permitiendo su tratamiento en única vuelta. Consideró que de esa manera se redujeron las posibilidades de participación de trabajadores, jubilados, sindicatos y municipios.
Su bloque pidió postergar el tratamiento hasta contar con una auditoría sobre los números del Instituto y una evaluación del impacto que podría producir la salida de trabajadores con salarios elevados sobre jubilados, personas con discapacidad y pacientes con tratamientos prolongados o de alto costo.
Pica defendió que el 7% permanezca en el sistema
Lucas Pica (JSRN) desarrolló uno de los principales fundamentos jurídicos del oficialismo. Sostuvo que el 4% personal integra el salario del trabajador, mientras que la contribución patronal del 7% tiene otra naturaleza jurídica y constituye una obligación directa del empleador destinada a financiar un sistema solidario.
Por eso rechazó que exista un derecho individual del trabajador a llevarse también ese 7% cuando abandona el IPROSS.
Para Pica, el sentido de la reforma puede resumirse en una pregunta directa al afiliado, sin intermediarios políticos ni sindicales: “¿Usted se quiere ir o usted se quiere quedar?”.
Mansilla acompañó
Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) anticipó su acompañamiento y recordó que desde Primero Río Negro ya había impulsado iniciativas de libre elección.
Consideró que mantener el 7% patronal dentro del Instituto permitirá sostener el sistema y financiar las prestaciones de mayor complejidad, entre ellas oncología y discapacidad.
También destacó que la salida no será irreversible, ya que el afiliado tendrá la posibilidad de solicitar su regreso luego de los 36 meses establecidos.
Matzen: “Hay que escuchar a los trabajadores”
Lorena Matzen (UCR) también respaldó la iniciativa y sostuvo que la libertad de elección constituye un reclamo histórico.
Citó una encuesta realizada por SITRAJUR entre 215 trabajadores judiciales: 57 manifestaron que optarían por una cobertura privada, 55 que permanecerían en el IPROSS y 85 condicionaron la decisión al costo y las prestaciones disponibles.
“Escuchar a los trabajadores implica también actuar en consecuencia”, afirmó Matzen antes de confirmar el acompañamiento de su bloque.
Acevedo acompañó, pero advirtió sobre la “selección adversa”
Javier Acevedo (ARI-Cambiemos) anunció su voto favorable, aunque planteó una serie de resguardos que, a su entender, deberían haberse incorporado.
Advirtió sobre el riesgo de “selección adversa”: que quienes tengan mayores incentivos para abandonar el IPROSS sean afiliados jóvenes, sanos y con mejores salarios, mientras permanezcan aquellos que requieren mayores prestaciones.
Propuso crear un Fondo de Estabilización Prestacional, con garantía del Tesoro provincial, destinado a compensar eventuales caídas de ingresos.
Entre las alternativas para financiarlo mencionó una retención solidaria del 15% sobre el aporte de quien abandone el Instituto, un canon para la entidad receptora, una cuota de reingreso y aportes provenientes de eventuales superávits.
También propuso establecer una ventana anual para ejercer la opción, con una primera apertura a los 180 días, para que el IPROSS pueda prever presupuestariamente las salidas. “Esta propuesta no contradice el proyecto, lo completa”, sostuvo.
García: “Un proyecto para la tribuna libertaria”
Leandro García (PJ-Nuevo Encuentro) adelantó el rechazo de su bloque y consideró que la discusión debería insertarse en un debate mucho más amplio sobre el sistema de salud.
Calificó la iniciativa como un proyecto “para la tribuna libertaria” y vinculó los problemas financieros del IPROSS con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios estatales y el incremento de los costos de medicamentos y prestaciones.
También cuestionó que los jubilados efectivamente puedan optar por PAMI. Según García, debido al convenio de transferencia del sistema previsional provincial sería necesario un acuerdo específico con el organismo nacional.
Berros comparó el escenario con los años 90
José Luis Berros (Vamos con Todos) también rechazó la reforma y consideró que responde a una orientación liberal similar a la aplicada durante los años 90.
Cuestionó que se hable de “portabilidad” cuando “estamos hablando de la salud de los trabajadores y trabajadoras del sector público” y presentó ejemplos de aportes personales de médicos, enfermeros, bioquímicos, administrativos y docentes para señalar que esos montos podrían resultar insuficientes para acceder a una cobertura privada equivalente.
Además comparó el escenario con la experiencia de las AFJP y advirtió que, ante eventuales dificultades financieras del IPROSS, el Tesoro provincial podría terminar teniendo que aportar recursos adicionales.
Juan Martín: “La libertad termina siendo una puerta entreabierta”
Juan Martín (PRO-Unión Republicana) acompañó la iniciativa aunque consideró que debería haber avanzado más. Separó el debate sobre las prestaciones del IPROSS de la discusión sobre el derecho a elegir y sostuvo que los problemas administrativos, financieros y prestacionales deberán ser abordados específicamente.
Además anunció que existe el compromiso político para poner en funcionamiento la comisión legislativa de seguimiento del Instituto.
Martín recordó que su espacio había presentado una iniciativa de libre elección en 2024 y afirmó que aquella propuesta era más amplia.
“La libertad puesta de este modo termina siendo una puerta entreabierta”, señaló. Pese a ello, confirmó el voto favorable porque considera correcta la dirección hacia una mayor capacidad de elección y competencia.
Facundo López: “No vamos a desfinanciar el IPROSS”
El cierre político de la defensa oficialista quedó en manos del presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, quien rechazó que el proyecto tenga como finalidad debilitar la obra social y realizó una enfática defensa de sus prestaciones.
“Lo que seguro no les voy a admitir jamás es que quieran comparar los beneficios, la calidad y el servicio del IPROSS con ninguna obra social o con ninguna prepaga. No tienen nada que envidiarle”, sostuvo.
Durante su intervención utilizó vasos con agua para explicar el mecanismo financiero: quien abandone el Instituto se llevará su 4% personal, pero el 7% patronal continuará ingresando al IPROSS.
Según López, eso significa que habrá afiliados que dejarán de demandar prestaciones mientras una parte importante de los recursos continuará dentro del sistema solidario.
“No vamos a desfinanciar”, insistió.
También afirmó que la reforma generará competencia: el IPROSS deberá mejorar para retener afiliados y los prestadores tendrán que elevar la calidad de la atención.
“Estoy convencido de que el IPROSS es una de las mejores obras sociales del país por lo que cubre en proporción a lo que aportamos y pagamos”, afirmó.
Cruces con UNTER y un debate caliente
La discusión tuvo momentos de fuerte tensión con representantes gremiales ubicados en las bandejas de la Legislatura, particularmente durante la exposición de López.
El legislador cuestionó a dirigentes de UNTER que se encontraban allí en el marco del paro docente de 48 horas.
El presidente del cuerpo, Pedro Pesatti, reclamó silencio tanto al público como a los legisladores, pidió que no hubiera interacciones entre ambos sectores y recordó que debía garantizarse el respeto a quien estuviera haciendo uso de la palabra.
