(AUDIO) Tras cuatro meses de silencio político, insisten en tratar la paritaria policial en Río Negro y advierten por el costo electoral

El proyecto de ley para crear un marco de negociación colectiva destinado a la Policía y al Servicio Penitenciario de Río Negro permanece sin tratamiento a casi cuatro meses de haber sido elevado a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Ante la falta de respuestas por parte de los bloques parlamentarios, el impulsor de la iniciativa y referente del sector de retirados, Emanuel Avilés, reclamó que la propuesta sea incorporada a la agenda política antes del cierre del año ordinario, advirtiendo sobre el impacto del malestar salarial en las filas de la fuerza.

(AUDIO) Proponen crear una Mesa de Diálogo para reglamentar la negociación colectiva de la Policía y Penitenciarios en Río Negro

Cuatro meses de inacción y la advertencia de cara al año electivo

La iniciativa, denominada "Régimen Profesional de Negociación Colectiva", fue ingresada formalmente el 29 de julio mediante presentaciones dirigidas al gobernador Alberto Weretilneck y a cada uno de los legisladores provinciales. Sin embargo, tras unos contactos iniciales con referentes parlamentarios, la tramitación del expediente no registró avances.

En declaraciones a FM DE LA COSTA, Avilés detalló que dos meses después de la entrega original volvió a consultar formalmente a los diputados sobre el estado de la propuesta, sin obtener respuesta alguna hasta la fecha.

"No he recibido ningún tipo de contestación y por eso tenemos la necesidad de hacer esto público y poner en agenda política esta situación", enfatizó el dirigente. Asimismo, advirtió que la inacción legislativa tendrá repercusiones políticas directas: "Si el Gobierno no toma este proyecto, le va a jugar en contra políticamente para el próximo año electivo, porque para el policía las cosas son blanco o negro: si me das, te doy".

La brecha salarial con Neuquén y la tensión en la fuerza

El estancamiento de la iniciativa coincide con un marcado descontento en el personal de seguridad rionegrino a raíz de las recientes recomposiciones salariales otorgadas a la policía de la provincia de Neuquén. Al analizar las asimetrías regionales, Avilés señaló que el costo de vida en localidades rionegrinas vinculadas a la actividad petrolera no difiere del contexto neuquino.

"Consideramos que tendríamos que tener medidas muy similares a la provincia de Neuquén", manifestó el referente de los retirados. En ese sentido, ejemplificó que en ciudades como Cipolletti o Catriel "el índice de vida es igual de caro que en Neuquén y el sueldo policial muchas veces no alcanza".

Sin derecho a huelga y con resguardo del 100% de la operatividad

A diferencia de los modelos sindicales tradicionales, la propuesta plantea la conformación de una Mesa de Diálogo y Consenso integrada por representantes ministeriales, de la Jefatura, del Servicio Penitenciario, de Economía y delegados elegidos por el personal. El esquema excluye expresamente el derecho a huelga o medidas de fuerza, garantizando la prestación ininterrumpida de la seguridad pública.

"Este proyecto no afecta para nada la cuestión operativa de la institución; se asegura el 100% de la operatividad sin necesidad de andar haciendo ningún paro ni nada que se le parezca", explicó Avilés. Además, destacó que la iniciativa se respalda en pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que convertiría a Río Negro en la primera provincia del país en adecuar la representación policial a dichos estándares constitucionales.

El antecedente judicial que blanqueó los haberes en 2023

El reclamo actual se suma a los antecedentes de trabajo independiente iniciados por el sector desde el año 2010 para subsanar deficiencias en las condiciones laborales y salariales. En 2017, Avilés impulsó una demanda contra el Estado provincial por la incorrecta liquidación del concepto de zona desfavorable a causa de las asignaciones no remunerativas contenidas en los recibos de sueldo.

Ese proceso concluyó en 2023 con una sentencia firme que obligó al Poder Ejecutivo a dictar el Decreto 3824, mediante el cual se corrigió la liquidación y se blanquearon las sumas en negro para el personal en actividad, pasivos y pensionados. "Hoy mis compañeros cobran su jerarquía con las sumas blanqueadas gracias a ese fallo", recordó Avilés, señalando que la gran deuda pendiente de la democracia es brindar un espacio formal para discutir las condiciones de trabajo.