Piden investigar rendiciones millonarias y conocer si hubo posibles delitos en Cultura

Un grupo de nueve legisladores provinciales presentó un pedido de informes dirigido al Tribunal de Cuentas de Río Negro para conocer detalles de distintas actuaciones vinculadas con rendiciones de gastos públicos, entre ellas una correspondiente a la Secretaría de Estado de Cultura por $116.214.130,30.

La iniciativa lleva las firmas de José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Fabián Pilquinao, Alejandra Mas, Daniel Belloso, Leandro García y Luis Ivancich.

El planteo se concentra inicialmente en la rendición de cuentas de Cultura de septiembre de 2023, y toma como antecedentes el fallo Nº 240/2026 y la resolución interlocutoria Nº 202/2026 del Tribunal de Cuentas, publicados en el Boletín Oficial durante junio y septiembre de este año.

Quieren conocer los nombres de los responsables

Uno de los aspectos centrales del pedido apunta a identificar a todas las personas sobre las cuales se formularon cargos como responsables solidarios con el Estado provincial por la suma de 116,2 millones de pesos.

Los legisladores también solicitan que el organismo explique por qué los nombres y demás datos personales de esas personas no fueron consignados en el fallo y la resolución interlocutoria publicados oficialmente.

El cuestionamiento apunta a la transparencia de las actuaciones y a la posibilidad de conocer quiénes deben responder por los gastos observados.

En ese sentido, el pedido busca establecer el alcance de las responsabilidades determinadas en el expediente, sin que ello implique necesariamente la existencia de delitos o condenas penales.

Ponen la lupa sobre el exfuncionario Ariel Avalos

Otro de los puntos relevantes está relacionado con Ariel Avalos, quien se desempeñó como funcionario del área de Cultura.

Los parlamentarios quieren saber si existen otros juicios de cuentas pendientes vinculados con gastos efectuados por Avalos o por dependencias que estuvieron bajo su responsabilidad.

También solicitan información sobre eventuales expedientes promovidos por la auditoría general del Tribunal de Cuentas, incluyendo actuaciones, dictámenes y resoluciones.

Uno de los interrogantes más importantes es si, en relación con Avalos y otras personas declaradas responsables de cuentas, surgieron presunciones de delitos que ameritaran aplicar el artículo 42 de la Ley K Nº 2747.

Esta consulta no supone que se haya comprobado la comisión de un delito, sino que pretende determinar si el organismo de control detectó elementos que justificaran dar intervención a las autoridades competentes.

¿Qué ocurre cuando no se pueden comprobar gastos?

Los legisladores también plantearon una inquietud sobre los mecanismos de control utilizados por el Tribunal de Cuentas.

Concretamente, preguntaron si cuando una resolución declara que determinado gasto no fue comprobado se revisan otros expedientes del mismo organismo o dependencia para detectar posibles anomalías adicionales.

El objetivo es establecer si las observaciones quedan limitadas a una rendición puntual o si pueden dar lugar a investigaciones más amplias sobre el manejo de los fondos públicos.

Piden documentación de numerosos organismos provinciales

La presentación no se limita a la Secretaría de Cultura.

Los nueve legisladores solicitaron copias de dictámenes, requerimientos y fallos correspondientes a expedientes mencionados en las memorias anuales del Tribunal de Cuentas de 2023, 2024 y 2025.

Entre los organismos alcanzados aparecen la Lotería de Río Negro, el Ente Compensador Agrícola de Daños por Granizo, el Ente de Desarrollo de la Cordillera, el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria y el Ministerio de Gobierno y Comunidad.

También figuran el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), el Mercado Artesanal Provincial, la Secretaría de Cultura y el Ente de Desarrollo Regional del Valle Medio.

En varios de esos expedientes aparecen observaciones identificadas como “reparo”, mientras que otros registran las categorías de “impugnación” o “sancionatorio”.

Los legisladores pretenden acceder a la documentación completa para conocer el origen de las observaciones, las respuestas de los responsables y las decisiones adoptadas por el organismo de control.

También reclaman explicaciones sobre las cuentas del IUPA

El último punto del pedido está referido al Instituto Universitario Patagónico de Artes (IUPA).

Los parlamentarios solicitaron que el Tribunal de Cuentas explique por qué las rendiciones correspondientes a los doce meses de 2024 aparecen en la memoria anual de 2025 con la leyenda “APROBADO/FIA”.

Además, requieren copias de los dictámenes y resoluciones que respaldan esa clasificación.

El planteo busca conocer el significado y alcance administrativo de esa denominación y los fundamentos utilizados para aprobar las rendiciones.

Un pedido que apunta a la transparencia de las cuentas públicas

La presentación se realizó en ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 139, inciso 5, de la Constitución Provincial y la Ley K Nº 2216, que regulan los pedidos de informes formulados desde la Legislatura.

La iniciativa pone bajo análisis actuaciones correspondientes a diferentes organismos y períodos de gestión, con especial atención a las rendiciones de la Secretaría de Cultura durante 2023.

El dato más significativo es el reclamo para identificar a las personas consideradas responsables solidarias por más de 116 millones de pesos, cuyos nombres, según advierten los autores, no figuran en las publicaciones oficiales citadas.

Ahora se busca que el Tribunal de Cuentas brinde explicaciones sobre esas actuaciones, informe si existen otras investigaciones pendientes y aclare si alguna de las irregularidades detectadas pudo haber dado lugar a actuaciones por presuntos delitos.

Por el momento, se trata de un requerimiento de información y documentación, por lo que las respuestas del organismo serán determinantes para establecer el alcance de las observaciones y las eventuales responsabilidades.