El incendio que afectó a las instalaciones de Guardatodo, en Viedma, no solamente puso bajo la lupa las condiciones en las que se conservaba parte del patrimonio histórico y cultural de Río Negro. También reavivó interrogantes sobre las decisiones administrativas adoptadas por la Secretaría de Cultura provincial, las contrataciones vinculadas al almacenamiento de bienes y el funcionamiento de distintas dependencias del organismo.
A las dudas sobre el destino del material perteneciente al Museo Histórico Provincial Eugenio Tello se suman cuestionamientos sobre una contratación millonaria y señalamientos recibidos por este medio acerca de posibles situaciones de incompatibilidad y movimientos de personal.
Uno de los puntos que genera mayores interrogantes es la contratación del servicio de depósito para bienes culturales.
De acuerdo con información sobre la Licitación N.º 65, el procedimiento contempló dos ofertas para prestar el servicio durante un año.
La firma Gestión Global Patagónica presentó una cotización de 50.160.000 pesos, mientras que Magalí Canosa, socia fundadora de Guardatodo, ofertó 30 millones de pesos.
El aspecto que merece especial atención es el vínculo familiar señalado entre Canosa (fundadora y directora de una escuela de danza en Viedma) y el subsecretario de Cultura, Julián Chalde. Según la información recibida, ambos son cuñados.
MAGALÍ CANOSA
La situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de contratación, la intervención de los funcionarios responsables y la eventual aplicación de las normas de ética pública.
En particular, corresponde determinar si Chalde tuvo participación directa o indirecta en el procedimiento, qué autoridades intervinieron en su tramitación y adjudicación, y si existieron evaluaciones previas sobre posibles incompatibilidades.
El artículo 19 de la Ley provincial de Ética Pública contempla incompatibilidades vinculadas con contrataciones estatales y determinadas relaciones de parentesco. Sin embargo, para establecer si esa disposición resulta aplicable al caso es necesario conocer las actuaciones administrativas y las responsabilidades concretas de los funcionarios intervinientes.
La existencia de un parentesco, por sí sola, no permite concluir que haya ocurrido una infracción. No obstante, la naturaleza de la contratación y la relación familiar señalada justifican que se conozcan los antecedentes y controles realizados.
Para comprender cómo parte del patrimonio histórico de Viedma terminó almacenado en el depósito que posteriormente sufrió el incendio, es necesario retroceder a diciembre de 2024.
Según los testimonios y antecedentes acercados a este medio, fue el propio Julián Chalde, entonces a cargo de la Secretaría de Cultura de Río Negro, quien decidió cerrar el Museo Tello y disponer el traslado de sus bienes a un espacio de almacenamiento alquilado.
La medida significó que una parte del acervo histórico y patrimonial de Viedma, reunido y conservado durante años, fuera retirado de su espacio habitual y trasladado en cajas.
La decisión generó cuestionamientos sobre el destino de las colecciones, las condiciones de conservación y la falta de certezas respecto de la continuidad del museo.
Los testimonios recibidos también sostienen que, durante ese proceso, los trabajadores fueron redistribuidos entre distintas dependencias provinciales, lo que profundizó la preocupación por el futuro de la institución.
El incendio de Guardatodo volvió especialmente relevante una pregunta: ¿qué medidas adoptó Cultura para garantizar la seguridad del patrimonio histórico que había decidido retirar del museo?
También resta conocer con precisión qué piezas, documentos y colecciones se encontraban en el depósito, cuáles resultaron dañados y qué posibilidades existen de recuperación.
La responsabilidad sobre el resguardo de esos materiales no se limita a la empresa contratada. También corresponde establecer qué controles y condiciones de conservación fueron exigidos por las autoridades provinciales.
Otro de los aspectos que surgieron a partir de comunicaciones recibidas por este medio está relacionado con los vínculos comerciales anteriores del funcionario y presuntos movimientos de personal dentro del Estado.
Según la información aportada a este medio, Julián Chalde habría sido propietario, junto con su esposa, de apellido Campos, y una tercera socia conocida como «Coqui», de la confitería Fibras, ubicada frente a la Legislatura de Río Negro, en Viedma.
El establecimiento cerró definitivamente sus puertas hace pocas semanas.
Lo llamativo, según las mismas versiones, es lo que habría ocurrido posteriormente.
Algunas fuentes aseguran que la mujer identificada como «Coqui», quien habría compartido la actividad comercial con Chalde y su esposa, comenzó a aparecer en oficinas y publicaciones de redes sociales vinculadas con la Secretaría de Cultura.
Incluso sostienen que habría pasado a desempeñar tareas relacionadas con el Museo Tello, precisamente la institución cuya sede había sido cerrada por decisión atribuida al funcionario.
De confirmarse, la situación abriría una serie de interrogantes: ¿cuándo ingresó esta persona al organismo provincial? ¿Mediante qué procedimiento fue incorporada? ¿Qué funciones cumple? ¿Existe una designación formal? ¿Qué relación tiene su eventual incorporación con su anterior vínculo comercial con Chalde?
Los cuestionamientos no terminan allí.
Otras versiones recibidas hacen referencia a la presunta incorporación de una persona de apellido Campos, identificada como esposa de Chalde, al ámbito del Ministerio de Obras Públicas de Río Negro.
Los testimonios plantean dudas sobre las condiciones en que se habría producido ese ingreso y su eventual vinculación con relaciones personales o políticas.
En cualquier caso, la existencia de un vínculo familiar con un funcionario no constituye por sí misma una irregularidad. Lo que corresponde determinar es si las eventuales designaciones respetaron los procedimientos y requisitos establecidos para el ingreso a la administración pública.
Los cuestionamientos alcanzan también al Fondo Editorial Rionegrino (FER), organismo dedicado a promover la producción y difusión de obras de autores de la provincia.
Según información acercada por lectores, durante este año el FER habría dejado de ocupar el inmueble de calle Sarmiento en el que desarrollaba sus actividades.
Los testimonios sostienen que existía un convenio mediante el cual la Secretaría General de Gobierno había cedido el edificio por un período de 20 años para uso del Fondo Editorial.
De confirmarse esas condiciones, correspondería conocer las razones del traslado, la situación actual del convenio y el destino previsto para el inmueble.
También resulta importante establecer cómo continúa funcionando el organismo, qué espacios tiene disponibles y si se encuentran garantizadas sus actividades.
El incendio de Guardatodo dejó al descubierto una preocupación que excede las pérdidas materiales: la necesidad de conocer cómo se administra, protege y conserva el patrimonio cultural de los rionegrinos.
Pero también abrió interrogantes sobre las decisiones que se tomaron antes del siniestro y sobre el funcionamiento administrativo de la Secretaría de Cultura.
¿Por qué se decidió cerrar el Museo Tello en diciembre de 2024? ¿Qué alternativas se evaluaron antes de trasladar su patrimonio a un depósito privado? ¿Qué condiciones de seguridad se exigieron? ¿Quiénes intervinieron en las contrataciones? ¿Se evaluaron posibles incompatibilidades?
A esas preguntas se suman otras relacionadas con las presuntas incorporaciones de personas vinculadas con funcionarios y el destino de dependencias culturales como el Fondo Editorial Rionegrino.
Son cuestiones que requieren respuestas documentadas y que no pueden resolverse únicamente a partir de versiones o testimonios.
Las denuncias recibidas por este medio deberán ser contrastadas con expedientes, actos administrativos y explicaciones de los funcionarios y particulares involucrados.
Lo que está en discusión no es solamente el destino de un museo y de una parte del patrimonio histórico de Viedma, sino también la transparencia de las decisiones públicas y la responsabilidad del Estado en la administración de los recursos culturales de todos los rionegrinos.
