“Queremos saber con quiénes y para qué se reúnen Weretilneck y sus funcionarios"

El bloque Vamos con Todos, a través del legislador José Luis Berros, presentó un proyecto de ley para crear el Régimen Provincial de Gestión de Intereses, una herramienta de transparencia que busca que toda la ciudadanía pueda conocer quiénes se reúnen, cuándo y con qué objetivos con los funcionarios del Poder Ejecutivo rionegrino.

La inquietud se da luego de que trascendiera que entre el 15 y el 30 de abril, el empresario Fred Machado —detenido actualmente en Viedma y requerido por la justicia de Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero— habría mantenido una reunión con el gobernador Alberto Weretilneck, sin que existieran registros oficiales de ese encuentro.

La iniciativa, que cuenta con el acompañamiento pleno del bloque, surge ante la ausencia total de registros públicos sobre audiencias y reuniones mantenidas por las máximas autoridades provinciales, un vacío institucional que —según el bloque— favorece la discrecionalidad, el tráfico de influencias y los vínculos opacos entre el poder político y los intereses económicos.

“La democracia republicana se sostiene sobre dos pilares: la publicidad de los actos de gobierno y la igualdad de acceso a la toma de decisiones públicas. Cuando esos principios se vulneran, lo que se debilita no es un gobierno, sino la confianza de toda la sociedad”, señaló Berros.

El legislador destacó que la propuesta busca garantizar que toda reunión, presencial o virtual, entre funcionarios y representantes de sectores empresariales, sindicales o ciudadanos sea registrada y publicada en un portal digital abierto al público. “No hay democracia sin transparencia. Y no hay transparencia cuando los funcionarios se reúnen a escondidas con quienes manejan grandes intereses económicos”, enfatizó.

En la Argentina, el Decreto Nacional 1172/2003 fue pionero al establecer la obligación de registrar las gestiones de intereses en el Poder Ejecutivo Nacional. Provincias como Mendoza, Jujuy y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya cuentan con leyes específicas que crean registros públicos de lobby o reuniones de gestión de intereses. Río Negro, en cambio, carece de un régimen integral que ordene y transparente estas prácticas, aunque obra el antecedente legislativo del proyecto de ley Nº 1253/2010 promovido por la entonces legisladora Magdalena Odarda, también integrante de Vamos con Todos, que ya advertía sobre la necesidad de regular el lobby y fortalecer la transparencia institucional.

El proyecto actual establece que la falta de registro de esas gestiones será considerada una falta ética grave, sancionable conforme a la Ley Provincial de Ética Pública Nº 3550.

Según testimonios de guardias y funcionarios, la reunión entre Machado y Weretilneck efectivamente ocurrió, pero no fue informada públicamente ni consta en ninguna agenda institucional, lo que desató cuestionamientos sobre la falta de transparencia en el vínculo entre el poder político y empresarios bajo investigación judicial.

“Reuniones de tal envergadura no pueden quedar registradas sólo en la memoria de testigos. La ciudadanía tiene derecho a saber quién entra y quién sale de los despachos donde se toman decisiones que afectan los recursos y el futuro de la provincia”, advirtió Berros. Agregó que el caso “ilustra con crudeza los riesgos de un Estado sin control, donde el poder se maneja entre pocos y de espaldas a la gente”.

El presidente del bloque sostuvo que la propuesta no busca obstaculizar la gestión, sino ponerle límites éticos y democráticos. “Queremos saber quiénes influyen en las decisiones del gobierno. Si un empresario se sienta con el gobernador, con un ministro o con una secretaria de Estado, debe saberse. No se trata de persecución, sino de rendición de cuentas”, remarcó.

El proyecto de ley propone crear un Registro Público de Gestión de Intereses, gratuito, digital y de acceso libre, que deberá consignar fecha, lugar, participantes, entidad representada, objeto de la gestión y resultado preliminar de cada encuentro. El registro abarcará a ministros, secretarios, subsecretarios, directores, presidentes de entes y autoridades de empresas públicas, quienes estarán obligados a declarar cada reunión o comunicación que busque influir en decisiones administrativas o regulatorias.

El bloque consideró que la medida “marca un antes y un después en materia de transparencia pública en Río Negro” y que “cierra la puerta a los acuerdos en la penumbra, abriendo un camino de control democrático y ética pública”.