Tal como adelantó el diputado nacional Agustín Domingo en FM DE LA COSTA, el Hidrógeno Verde estaba siendo trabajado en una comisión de la Cámara Baja.
Hace unos días la diputada Lorena Villaverde (LLA), junto a su par pampeano Martín Maquieyra (PRO), oficializó esta semana un proyecto de ley titulado “Marco Normativo para la Promoción de Inversiones para la Industria del Hidrógeno de Origen Renovable y el Hidrógeno de Bajas Emisiones y sus Derivados”.
La iniciativa –como también adelantó Domingo- consiste en una adaptación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) específicamente orientada al desarrollo del sector del hidrógeno.
Entre sus principales puntos, el proyecto amplía a cinco años el plazo de adhesión y extiende a tres años el período para concretar la inversión mínima, otorgando así mayor flexibilidad a los futuros inversores. Además, garantiza estabilidad tributaria por 30 años, protegiendo a los emprendimientos de nuevos tributos o modificaciones que impliquen una mayor carga fiscal.
“Es una iniciativa destinada a posicionar a la Patagonia como un polo de producción y exportación en el mercado global del hidrógeno renovable y de bajas emisiones, y sus derivados”, señalaron desde La Libertad Avanza Río Negro en un comunicado.
Villaverde, por su parte, destacó: “Nuestra región cuenta con vastas extensiones de tierra, condiciones climáticas óptimas y recursos solares y eólicos excepcionales. Este proyecto ofrece previsibilidad, seguridad jurídica y los incentivos necesarios para atraer inversiones que generen empleo local y desarrollo regional”.
Este proyecto se suma al firmado en octubre por los diputados rionegrino Sergio Capozzi (PRO), Anibal Tortoriello y Agustin Domingo (JSRN). O al acompañado un mes antes por la senadora Silvina García Larraburu (UP).
Qué dice el texto
En su artículo 1, la iniciativa declara de interés nacional las inversiones destinadas al desarrollo tecnológico, la producción, el transporte, el almacenamiento, la exportación y el uso del hidrógeno de origen renovable. Además, establece como objetivos centrales incentivar la inversión, preparar las condiciones para que Argentina se posicione en el mercado global del hidrógeno, fomentar la producción, el consumo y la exportación, e impulsar la industrialización de tecnologías clave como los electrolizadores y las celdas de combustible para la generación de energía a partir de hidrógeno.
Uno de los puntos centrales es el régimen de estabilidad tributaria, que se extiende por 30 años y alcanza tanto a los proyectos que se adhieran al RIGI como a los que queden fuera de ese esquema. Esta estabilidad fiscal no podrá ser alterada por la derogación de la ley ni por la creación de nuevos tributos o modificaciones impositivas que incrementen la carga fiscal.
El Poder Ejecutivo será la autoridad de aplicación. Tendrá a su cargo el diseño de un sistema de certificación homologable a nivel internacional, la aprobación de normas de seguridad y la coordinación con actores públicos, privados y académicos para asegurar el avance y éxito de las inversiones en hidrógeno.
Respecto del RIGI, los autores del proyecto señalaron la necesidad de adaptar la ley a las características particulares del sector, ya que esta industria demanda tiempos de desarrollo más prolongados que otras. En los fundamentos se detalla que actualmente el régimen permite un plazo máximo de adhesión de dos años, prorrogables por uno más, y exige alcanzar el 40% de la inversión mínima (USD 200 millones) en los primeros dos años —con posibilidad de reducirlo al 20%—. Sin embargo, para proyectos de exportación estratégica como los vinculados al hidrógeno, la inversión mínima asciende a USD 2.000 millones y la fase de factibilidad puede demorar entre dos y tres años, mientras que el inicio de las obras puede extenderse hasta cinco.
Frente a esa realidad, el nuevo proyecto propone extender el plazo para solicitar la adhesión al RIGI a cinco años y fija un nuevo período de tres años para alcanzar el monto mínimo de inversión.
FUENTES: FM DE LA COSTA/Literal
