Río Negro: proponen multas y hasta 30 días de arresto para los “trapitos”

Los legisladores del PRO María Laura Frei y Juan Martín impulsan un proyecto de ley que propone modificar el Código Contravencional de Río Negro para incorporar sanciones contra la actividad de los denominados “trapitos”, cuidacoches y limpiavidrios que trabajan sin autorización en espacios públicos.

La propuesta busca establecer herramientas legales para intervenir frente a situaciones en las que se exige dinero a conductores por estacionar, cuidar sus vehículos o recibir servicios que no solicitaron.

Según los fundamentos de la iniciativa, estas prácticas se registran principalmente en sectores urbanos de alta circulación y durante espectáculos deportivos, culturales y recreativos.

Los autores advierten que, en determinadas circunstancias, el pedido de dinero está acompañado por amenazas explícitas o implícitas de provocar daños a los vehículos, generando situaciones de intimidación que no siempre llegan a configurar un delito penal.

Multas, trabajo comunitario y arresto

El proyecto propone incorporar nuevas figuras al Código Contravencional provincial, establecido por la Ley 5592.

Entre las sanciones previstas se encuentran multas de entre 100 y 5.000 unidades de multa, trabajos comunitarios de 5 a 120 días y arrestos de hasta 30 días.

Estas penas alcanzarían a quienes ofrezcan o presten, sin autorización, servicios de estacionamiento, reserva de espacios, guarda, cuidado, lavado o limpieza de vidrios y vehículos.

Uno de los aspectos destacados es que las sanciones podrían aplicarse incluso cuando el dinero solicitado se presente como una colaboración voluntaria.

Además, los jueces podrían disponer la prohibición de concurrir al lugar donde se desarrollaba la actividad por un período de hasta 90 días.

Penas más severas en determinadas circunstancias

La iniciativa también contempla agravantes que permitirían duplicar los mínimos y máximos de las sanciones.

Esto ocurriría cuando las conductas fueran realizadas por dos o más personas de manera organizada, en cercanías de espectáculos públicos, escuelas, hospitales, bancos, edificios públicos o zonas de estacionamiento medido.

También se establecerían penas más severas cuando los hechos ocurrieran entre las 18 y las 6 horas, o cuando las víctimas fueran jubilados, mayores de 70 años o personas con discapacidad.

El proyecto incorpora, además, un régimen de reincidencia que permitiría elevar las sanciones hasta el doble o el triple, según las circunstancias.

Buscan cubrir un vacío legal

Los legisladores sostienen que actualmente existen situaciones de presión o intimidación que afectan la libertad de circulación de los vecinos, pero que no necesariamente reúnen las características exigidas para ser consideradas extorsión por el Código Penal.

Por ese motivo, consideran necesario incorporar figuras contravencionales específicas que permitan intervenir ante estas conductas.

La legisladora María Laura Frei explicó que el objetivo es proteger a los ciudadanos sin desconocer las situaciones de vulnerabilidad social que pueden atravesar quienes desarrollan estas actividades.

"Nadie puede apropiarse de la calle y mucho menos generar temor. Queremos que cualquier vecino pueda circular con libertad y tranquilidad", expresó.

Los municipios conservarían sus facultades

La propuesta aclara que las modificaciones no afectarían las competencias municipales para regular el uso del espacio público.

En ese sentido, las ordenanzas locales continuarían vigentes, mientras que la legislación provincial establecería herramientas adicionales para intervenir frente a las conductas contempladas.

Como antecedentes, los autores mencionan normativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe.

El proyecto deberá atravesar el correspondiente tratamiento legislativo antes de convertirse en ley. Por lo tanto, las sanciones propuestas todavía no se encuentran vigentes en Río Negro.