Causa por presunta mala praxis en Viedma: Damián Torres aseguró que la joven «murió por una enfermedad poco frecuente y no por inacción médica»

La formulación de cargos por una presunta mala praxis médica tras la muerte de Catalina Romeo, una joven de 22 años que falleció a mediados de diciembre de 2024 en un centro asistencial privado de Viedma, reabrió el debate sobre los límites de la responsabilidad penal en el ejercicio de la medicina y la exposición pública de los profesionales de la salud.

En diálogo con FM DE LA COSTA, el abogado defensor Damián Torres rechazó rotundamente la acusación impulsada por la fiscal Paula de Luque y sostuvo que se está penalizando un cuadro clínico complejo e inevitable.

Un diagnóstico poco frecuente y una evolución intempestiva

Según detalló el letrado, la paciente ingresó a la guardia del establecimiento médico el 15 de diciembre de 2024 presentando un cuadro clínico atípico. Durante los días posteriores, se le realizaron múltiples estudios multidisciplinarios para determinar el origen de la afección.

«Se sospechaban de varias patologías, desde una leucemia o un cáncer hasta cualquier otra patología más común que estadísticamente se da. Se le aplicaron antibióticos por si había algún proceso infeccioso, corticoides y se iban pidiendo todos los estudios necesarios», explicó Torres.

Hacia el miércoles 18 de diciembre a las 20:30, un análisis arrojó un resultado que permitió orientar la sospecha médica hacia una enfermedad poco habitual en la sangre: púrpura trombocitopénica trombótica. Torres remarcó la velocidad con la que actuó la patología y la baja incidencia que presenta en la práctica médica habitual:

«Es la segunda vez en mi vida que escucho de púrpura. Los médicos me contaron que había uno que tuvo un caso hace 30 años y otro que no había tenido nunca. Es una enfermedad poco frecuente. Del 15 de diciembre que ingresó a estar normal, en cuatro días esta enfermedad se llevó la vida de esta joven», remarcó.

Los tiempos del tratamiento y el procedimiento de plasmaféresis

Uno de los ejes centrales de la acusación fiscal radica en la supuesta demora en la aplicación de un procedimiento denominado plasmaféresis (un recambio plaquetario). Al respecto, el abogado defensor desmintió que haya existido una omisión por parte del equipo médico:

«La acusación dice que, confirmada la sospecha del diagnóstico el 18 a las 20:30, no llevaron adelante la plasmaféresis. Pero los informes dicen que el 19 estaba establecida. La joven fallece el día 19 a las 9 de la mañana. Estamos hablando de horas», enfatizó.

Asimismo, Torres detalló las complejidades operativas y clínicas que implica este procedimiento en una unidad de cuidados intensivos:

«La plasmaféresis no está en el lugar, está en otro lado y la tienen que llevar al ámbito de terapia intensiva para hacerlo. Para que la gente lo entienda en términos sencillos: es como si tenés un cáncer y te dicen que porque te hacen una quimio te salvaste. La quimio lleva bastante tiempo, son muchos ciclos, y aun así puede pasar que te salves o no. La púrpura, una vez detectada, requería una plasmaféresis o varias. La joven se murió por una enfermedad que, pobrecita, se la llevó en cuatro días», aseveró.

Además, sostuvo que la propia Fiscalía cuenta con informes médicos que no fueron expuestos públicamente:

«Tenía un informe también la fiscal, que no lo cuenta y no lo dice en la nota de prensa de la Fiscalía, donde dicen que la joven no estaba en signo evidente clínico de tener que hacer la plasmaféresis en ese momento porque estaba dispuesta para el otro día», agregó.

Críticas a la imputación y la selección de los profesionales

Consultado sobre por qué la formulación de cargos recayó sobre tres profesionales en particular, Torres cuestionó el criterio del Ministerio Público Fiscal y reveló que la atención de la joven involucró a más de una docena de trabajadores de la salud:

«Había todo un equipo médico de más de 20 personas, entre médicos y enfermeros, trabajando en este caso porque lo iban tratando entre todos a ver qué iban haciendo, al ser una situación tan particular. ¿Por qué eligieron tres y no eligieron los 20? No hay respuesta. Dos están como coordinadores que ni siquiera estaban ahí; no estaban trabajando en el momento en que supuestamente se confirmó la sospecha del diagnóstico. Y el otro fue el que lo asignó como médico de guardia», detalló el letrado.

El abogado defensor consideró que se está desvirtuando la figura del derecho penal al aplicarse a la práctica médica sin el debido rigor:

«Pocas veces estuve en una causa tan injusta para con médicos y tan desastrosa. Una cosa es imputarle a médicos si tenías a una persona quebrada e infectada y te fuiste a comer un asado y a tomar vino; ahí sí tenés una responsabilidad o una omisión. Pero en este caso le están queriendo decir que la joven se murió por una inacción de médicos, cuando no es así: la joven se murió por una enfermedad», sostuvo.

La «condena social» y el rol de la Fiscalía

En el tramo final de la entrevista, Torres reflexionó sobre el impacto de las acusaciones penales en la reputación de los profesionales de la salud y criticó la difusión mediática de los procesos judiciales en etapas preliminares.

«Saco a la familia y a la querella: la familia tiene el derecho de buscar respuestas en la Justicia y está muy bien. La Fiscalía es la que tiene que tener sentido común. Para los que estamos en el sistema penal, una formulación de cargos es un anoticiamiento de que te van a investigar. Si no hay elementos ni para abrir una investigación, no la abras. Pero es re fácil patear la pelota para adelante», recriminó.

Torres cuestionó también el sesgo en los comunicados institucionales del Ministerio Público cuando las causas finalmente no prosperan:

«Salen fotos de los imputados propiciadas por la propia Fiscalía para que los medios tomen el tema, y cuando los absuelven porque no existía ningún delito, ya le generaron la condena social a personas que eran inocentes. Yo me pregunto: ¿por qué el Ministerio Público no saca la foto de la fiscal cuando termina el caso y dicen 'no había responsabilidad médica'? No lo van a hacer», manifestó.

Finalmente, el letrado confirmó que los tres médicos imputados no poseen ningún tipo de restricción judicial y continúan ejerciendo sus funciones profesionales con normalidad, al tiempo que expresó su absoluta certeza sobre el desenlace del proceso judicial:

«Ahora van cuatro meses de investigación, se harán las ampliaciones de pericias y se tomarán declaraciones. Yo tengo la certeza, sé diferenciar cuándo en un caso hay o no algo. En este caso no hay nada: no va a poder llegar a juicio y tarde o temprano van a tener que desestimarlo. Esta causa termina en un sobreseimiento para los médicos», concluyó Torres.