El Gobierno celebró un "revés" para ASSPUR por el control biométrico y profundizó la confrontación con el gremio
La Provincia anunció que quedó firme la obligatoriedad del reconocimiento facial para los trabajadores de Salud, luego de que perdiera vigencia la medida cautelar que había conseguido el sindicato
El Gobierno de Río Negro anunció este miércoles que el sistema de control biométrico de asistencia para los trabajadores del Ministerio de Salud continúa vigente y es obligatorio, luego de que quedara sin efecto la medida cautelar que había obtenido la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR).
Sin embargo, más allá de la novedad administrativa y judicial, hubo un detalle que no pasó inadvertido: la particular manera en que el Ejecutivo provincial decidió comunicar la noticia.
"Revés para ASSPUR, queda firme el control biométrico en Salud", fue el título elegido por el propio Gobierno para difundir la información a través de su página oficial.
La expresión resulta llamativa porque, en lugar de concentrarse exclusivamente en explicar la situación del sistema de asistencia, la comunicación gubernamental pone el acento en lo que presenta como una derrota de la organización sindical.
De esta manera, el comunicado parece trasladar una controversia administrativa y judicial al terreno de la confrontación política con el gremio, que viene cuestionando la obligatoriedad de entregar datos biométricos para registrar el ingreso y egreso de los establecimientos sanitarios.
Qué resolvió la Justicia y por qué el Gobierno habla de un revés
La controversia tuvo un capítulo importante la semana pasada, cuando la Cámara del Trabajo de Viedma hizo lugar, por unanimidad, a una medida cautelar presentada por ASSPUR y suspendió transitoriamente la aplicación de la Resolución 986/2026.
Los magistrados consideraron necesario adoptar una medida preventiva frente al planteo relacionado con la protección de los datos personales de los trabajadores.
No obstante, aquella suspensión tenía un alcance específico: se mantendría vigente hasta que el Gobierno provincial resolviera el recurso administrativo presentado por el sindicato.
Precisamente, esa circunstancia es la que ahora utiliza el Ejecutivo para anunciar la continuidad del sistema.
Mediante el Decreto 903, el gobernador Alberto Weretilneck rechazó el recurso jerárquico de ASSPUR y ratificó la obligatoriedad del reconocimiento facial.
Posteriormente, la Provincia informó esa decisión a la Cámara del Trabajo, que tuvo por acreditado el agotamiento de la instancia administrativa. De esta manera, se cumplió la condición que limitaba temporalmente la medida cautelar.
Una victoria administrativa que no termina con el conflicto
Aunque el Gobierno presenta la novedad como un revés para ASSPUR, corresponde señalar que la resolución administrativa no implica que la Justicia haya rechazado definitivamente todos los cuestionamientos formulados por el sindicato.
La medida cautelar original tampoco había resuelto la cuestión de fondo: su finalidad era impedir la aplicación de la normativa mientras permaneciera pendiente el recurso administrativo.
Con ese trámite concluido, desapareció la condición que sostenía la suspensión, pero continúa abierta la posibilidad de discutir judicialmente la legalidad de la obligatoriedad del sistema.
De hecho, la secretaria general de ASSPUR, Cesira Mullally, ya había anticipado, durante una entrevista con FM DE LA COSTA, que la organización recurriría nuevamente a los tribunales.
"Vamos a cuestionar en vía judicial esta resolución y vamos a pedir la prórroga de la cautelar, o lo que haya que hacer", sostuvo la dirigente.
Mullally también cuestionó la actuación del Ejecutivo provincial y lo acusó de administrar las ilegalidades a su favor, al considerar que desestimó los argumentos sindicales sin resolver adecuadamente los cuestionamientos sobre la protección de los datos personales.
El gremio asegura que no se opone al control de asistencia
Uno de los aspectos centrales de la controversia es la diferencia entre controlar el presentismo del personal sanitario y exigir obligatoriamente la entrega de información biométrica facial.
Durante su entrevista radial, Mullally aclaró que el sindicato no cuestiona la facultad estatal de controlar el cumplimiento de los horarios laborales.
"Lo que nosotros cuestionamos es la obligatoriedad de la entrega de los datos biométricos", explicó.
ASSPUR propone que existan mecanismos alternativos para aquellos trabajadores que no deseen proporcionar sus datos faciales, como podría ser el registro mediante huellas digitales.
La dirigente también advirtió sobre las consecuencias económicas que podrían enfrentar los empleados que se nieguen a utilizar el sistema, ante la posibilidad de recibir descuentos salariales y sanciones administrativas.
Por su parte, el Gobierno sostiene que tiene facultades para establecer mecanismos de control de asistencia y afirma que el sistema utiliza representaciones matemáticas de los rasgos faciales, sin almacenar las fotografías originales.
La discusión, por lo tanto, excede el simple cumplimiento de los horarios: también involucra las garantías que deben existir para la recopilación y el tratamiento de los datos personales de los trabajadores.
Una comunicación oficial que parece apuntar directamente contra ASSPUR
El aspecto político de la noticia aparece, precisamente, en la decisión del Gobierno de presentar el desenlace de esta instancia como un revés para una organización sindical determinada.
Resulta significativo que el título del comunicado oficial destaque el nombre de ASSPUR y su derrota procesal, en lugar de limitarse a informar que se agotó la vía administrativa y que el sistema de control biométrico recuperó su obligatoriedad.
El Ejecutivo también recordó en su publicación que la Justicia había rechazado recientemente otro amparo, en este caso presentado por UPCN.
Sin embargo, aquel pronunciamiento tampoco significó una validación judicial definitiva del sistema, sino que respondió a la falta de acreditación de los requisitos exigidos para recurrir a esa vía excepcional.
Así, mientras el Gobierno reivindica sus facultades para controlar la asistencia del personal sanitario, los sindicatos mantienen sus cuestionamientos sobre las condiciones de implementación y el tratamiento de la información biométrica.
La controversia adquiere una dimensión adicional porque el propio Ejecutivo reconoció dificultades durante la puesta en marcha del sistema, entre ellas problemas de información a los trabajadores y falta de diálogo previo con las organizaciones gremiales.
En este contexto, el tono elegido para comunicar la novedad deja planteado un interrogante: ¿el objetivo del Gobierno es informar sobre la implementación de un mecanismo de control laboral o también exhibir una victoria política frente al sindicato que lo cuestiona?
Por ahora, lo concreto es que la Provincia ratificó la obligatoriedad del reconocimiento facial y ASSPUR anunció que continuará su reclamo judicial. Lejos de estar definitivamente resuelta, la controversia podría sumar nuevos capítulos en los tribunales.
Te puede interesar
Lo más visto
