Control biométrico: “Estamos ante un gobierno que administra ilegalidades a su favor”

“Estamos ante un Gobierno que hace lo que se le canta y que administra las ilegalidades siempre y permanentemente a su favor”. Con esa definición, Cesira Mullally describió la situación que atraviesan los
trabajadores de Salud frente al intento de la Provincia de imponer el reconocimiento facial obligatorio.

La secretaria general de ASSPUR habló con Gonzalo Santos en LUVER #55, por FM De la Costa, y confirmó que el Ejecutivo rechazó el recurso jerárquico presentado el 4 de agosto y agotó la vía administrativa. La Cámara Laboral de Viedma había suspendido la Resolución 986 hasta que concluyera esa instancia. La respuesta llegó a días del 1 de octubre, fecha fijada por Salud para activar el sistema y comenzar a aplicar
sanciones.

“Rechazan todos los argumentos que nosotros planteamos para pedir la revocatoria de la norma y declaran abstracta la medida judicial”, reveló Mullally. Frente a esa decisión, anticipó: “Vamos a cuestionar en vía
judicial esta resolución y vamos a pedir la prórroga de la cautelar, o lo que haya que hacer”.

“El daño es que me obligaste”

Mullally aclaró que ASSPUR no impugna el control de asistencia. “Lo que nosotros cuestionamos es la obligatoriedad de la entrega de los datos biométricos”, afirmó. El sindicato propone una alternativa, como la huella digital, para quien no entregue sus datos faciales.

“Esa entrega es bajo coerción: si no la entregás, hay apercibimientos, descuentos y sanciones”, sostuvo. Y rechazó que deba producirse una filtración para reconocer la lesión: “Ya previo al hecho de que haya
filtraciones o no, hay un daño. El daño es que me obligaste a entregar un dato sensible. Es un daño a un derecho de resguardo constitucional”.

La definición coincide con Torres Abad y los fallos de Roca y Viedma: ante datos sensibles, no es necesario esperar una víctima concreta. Es también el núcleo de Estado Intruso, la investigación de 2.9.20 sobre la circulación de información personal por parte del Gobierno.

Trabajadores empujados por el miedo

La implementación avanza mediante una presión material concreta. En el hospital de San Antonio Oeste, donde trabaja Mullally, ya son muy pocos quienes no entregaron sus datos. “Nadie quiere bancarse un día de
descuento. Ningún compañero está en condiciones de bancarse uno, dos, tres o cinco días de descuento o una sanción”, explicó.

“No podemos garantizarle a ningún compañero que no haya sanciones o descuentos”, admitió. Por eso ASSPUR no obliga a rechazar el fichaje: “Los que podamos resistir lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir demostrando que esto es una ilegalidad”.

Mullally enmarcó la disputa en un problema de poder que excede el control laboral. “La posesión de los datos otorga poder: capacidad de hacer, de desarrollar y de controlar”, advirtió.

El 1 de octubre será una prueba institucional. El Gobierno quiere activar la biometría después de cerrar la instancia que sostenía la cautelar. ASSPUR volverá a los tribunales: “Lo vamos a seguir peleando hasta la última instancia”.