La investigación de Gonzalo Santos llegó a la Legislatura: exigen respuestas por la cooperativa Santa Clara

Luego de la investigación publicada por Noticias Río Negro, realizada por el periodista Gonzalo Santos, legisladores de distintos bloques de la oposición presentaron un pedido de informes para que el Gobierno provincial explique la situación institucional de la Cooperativa de Vivienda Santa Clara Ltda. y su participación en la construcción de 50 viviendas en Viedma.

El trabajo periodístico, difundido originalmente en la edición número 48 de LUVER por FM DE LA COSTA y posteriormente publicado por este diario, reveló que la cooperativa tuvo un papel central dentro del programa habitacional “Camino a Casa”, pese a que el propio Estado provincial dejó asentado que no presentaba “visos de regularidad” desde 2015 y que el INAES le había retirado la autorización para funcionar.

Viviendas estatales en Viedma: hasta 64% más caras que en el mercado y una cooperativa "irregular"

La presentación legislativa fue encabezada por el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, y acompañada por otros catorce parlamentarios opositores. El planteo coloca bajo la lupa las actuaciones del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda —IPPV—, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales.

“El Gobierno de Río Negro tiene que explicar cómo una cooperativa que no tenía autorización vigente para funcionar pudo continuar participando de una operatoria financiada con recursos de todos los rionegrinos”, sostuvo Berros.

La contradicción revelada por este diario

Uno de los puntos centrales de la investigación de Gonzalo Santos fue la contradicción existente entre las actuaciones de diferentes organismos del propio Gobierno provincial.

El 21 de agosto, Felisario Melillán participó en la Casa de Gobierno de la apertura de ofertas para construir las 30 viviendas correspondientes a la segunda etapa del proyecto. Durante la actividad fue presentado públicamente como presidente de la Cooperativa Santa Clara.

Del acto participaron el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el titular del IPPV, Mariano Lavín; el legislador de Juntos Somos Río Negro Facundo López y el intendente de Viedma, Marcos Castro.

Sin embargo, apenas tres días después, la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales emitió la Disposición 0222/2026, mediante la cual estableció que Santa Clara no presentaba “visos de regularidad” desde 2015 y se encontraba en un “estado irremediable de disolución y liquidación”.

La documentación también confirmó que sobre la entidad pesaba el retiro de su autorización para funcionar, dispuesto por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social —INAES—. Aunque existe un recurso pendiente cuya incidencia jurídica deberá establecerse, la propia disposición provincial reconoció que esa sanción afectaba la capacidad de la cooperativa para desarrollar normalmente sus actividades.

Berros consideró que lo sucedido no puede reducirse a una mera formalidad administrativa.

“No estamos frente a una simple desprolijidad administrativa. Estamos hablando de viviendas, familias y miles de millones de pesos de los rionegrinos. Si un organismo del propio Gobierno sabía que la cooperativa estaba en esta situación, tiene que explicar por qué otro organismo siguió actuando como si nada ocurriera”, manifestó.

Beneficiarios seleccionados por la cooperativa

La participación de Santa Clara no se habría limitado a aportar los terrenos sobre los cuales se ejecuta el programa. Según la documentación oficial examinada en la investigación publicada por este medio, el IPPV reconoció que la cooperativa presentó la nómina de adjudicatarios y tuvo a su cargo la distribución y asignación de los lotes.

Para las 30 viviendas correspondientes a la segunda etapa, el Gobierno volvió a informar que las familias beneficiarias ya habían sido seleccionadas por la entidad.

Por ese motivo, el pedido de informes busca establecer quién verificó la capacidad jurídica de Santa Clara para continuar participando del programa y qué controles se realizaron sobre el procedimiento utilizado para elegir a los adjudicatarios.

Los legisladores también solicitaron conocer qué efectos produjeron para la Provincia las resoluciones del INAES, cuáles fueron los dictámenes jurídicos que permitieron mantener vigente el convenio y qué funcionarios autorizaron la continuidad de la operatoria.

Además, reclamaron el envío de toda la documentación relacionada con los terrenos, los contratos, los fondos desembolsados, las rendiciones presentadas, los costos de las obras y los controles efectuados por los organismos provinciales.

Viviendas hasta un 64% más caras que las del mercado

La investigación de Santos no solamente expuso la situación institucional de la cooperativa. También comparó los valores ofrecidos para construir las viviendas estatales con propiedades nuevas y terminadas disponibles en el mercado inmobiliario de Viedma.

Para ejecutar las 30 unidades restantes, Oriente Construcciones presentó una oferta de $2.920.955.516, mientras que SYLPA cotizó los trabajos en $3.177.213.192.

Esas cifras representan aproximadamente $97,4 millones por vivienda en la primera propuesta y $105,9 millones por unidad en la segunda.

Como las casas mantienen la tipología de 36 metros cuadrados utilizada en la primera etapa, el costo ofertado asciende a alrededor de $2,70 millones y $2,94 millones por metro cuadrado, respectivamente.

El relevamiento presentado por Gonzalo Santos encontró propiedades nuevas y terminadas en Viedma con valores considerablemente inferiores. Al comparar ambas referencias, el metro cuadrado ofrecido por Oriente Construcciones resultaba aproximadamente un 50% más caro, mientras que el de SYLPA llegaba a superar hasta en un 64% los valores del mercado.

A ello se agrega que las viviendas de “Camino a Casa” son presentadas como unidades “evolutivas”. Las primeras 20 casas entregadas poseen 36 metros cuadrados y, de acuerdo con la documentación analizada y los testimonios de adjudicatarios, fueron entregadas sin artefacto de cocina, termotanque ni calefactores. Tampoco cuentan con dormitorios separados.

Además, los terrenos pertenecen a la Cooperativa Santa Clara y la infraestructura de las parcelas ya había sido realizada y financiada previamente mediante el programa Suelo Urbano.

Más de $1.671 millones por las primeras 20 casas

El IPPV informó que las primeras 20 viviendas tuvieron un costo final de $1.671.429.239, lo que equivale a aproximadamente $83,57 millones por unidad y $2,32 millones por metro cuadrado.

Las nuevas ofertas incrementarían esos valores entre un 16% y un 27% respecto de la primera etapa.

“Cuando se utilizan recursos públicos, el Gobierno tiene la obligación de garantizar transparencia, razonabilidad de los costos y controles efectivos. No alcanza con sacarse una foto anunciando viviendas: hay que explicar quién decidió, quién controló y dónde está cada peso”, afirmó Berros.

El pedido pretende determinar también si intervinieron los organismos provinciales de control, qué observaciones realizaron y cuáles fueron las medidas adoptadas cuando se conoció la situación jurídica e institucional de la cooperativa.

Un amplio respaldo opositor

La iniciativa fue acompañada por los legisladores Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Alejandra Mas, Daniel Belloso, Leandro García, Luis Ivancich, Martina Lacour, Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza, Gabriela Picotti, Claudio Doctorovich, Daniel Sanguinetti y Marcela González Abdala.

“Weretilneck debe dar respuestas. Si la Subsecretaría de Cooperativas sabía que Santa Clara estaba al borde de la disolución y el IPPV continuó tratándola como una entidad plenamente habilitada, estamos ante una falla gravísima de los controles del Estado. Y si alguien decidió avanzar pese a conocer esa situación, deberá explicar por qué”, concluyó Berros.

La presentación legislativa lleva ahora al ámbito institucional las preguntas que este diario formuló a partir de la documentación oficial: quién controló la situación jurídica de Santa Clara, por qué se permitió que continuara interviniendo en una política pública multimillonaria y cómo se justifican los valores previstos para las viviendas.