Viviendas estatales en Viedma: hasta 64% más caras que en el mercado y una cooperativa "irregular"

Camino a Casa volvió a quedar bajo la lupa después de la apertura de ofertas para construir las 30 viviendas que faltan de la Cooperativa Santa Clara en Viedma. Oriente Construcciones ofreció $2.920.955.516 y SYLPA $3.177.213.192.

Llevados a cada vivienda, los números significan $97,4 millones por unidad en la propuesta de Oriente y $105,9 millones en la de SYLPA. Como el proyecto mantiene la misma tipología de 36 metros cuadrados
utilizada en la primera etapa, el costo ofertado alcanza aproximadamente $2,70 millones y $2,94 millones por metro cuadrado, respectivamente. Todavía no hubo adjudicación: son las dos ofertas presentadas para
completar el plan.

(AUDIO) Cómo funciona la cooperativa que logró que el gobierno construya 30 viviendas en Viedma

El relevamiento actualizado de 2920 encontró en Viedma propiedades nuevas y terminadas por debajo de esos valores. Una unidad de 38,6 m² en Los Cedros, con dormitorio independiente, baño completo y  cocinacomedor, está publicada en USD 45.000. Convertida al dólar MEP del 26 de agosto, representa alrededor de $1,80 millones por m². Frente a esa referencia, el metro cuadrado ofertado por Oriente resulta
aproximadamente 50% más caro y el de SYLPA, hasta 64% superior.

La diferencia no es solamente de precio. Camino a Casa construye monoambientes que el Gobierno denomina “evolutivos”: una solución inicial que obliga a las familias a completar posteriormente la vivienda.

Las primeras 20 unidades entregadas en marzo tienen 36 m² y, según la documentación analizada y adjudicatarios consultados por 2920, fueron entregadas sin artefacto de cocina, termotanque ni calefactores. Tampoco cuentan con dormitorios separados, una ampliación particularmente necesaria para hogares con hijos.

El Estado ya tiene un antecedente concreto del costo del programa. El IPPV informó que por las primeras 20 viviendas terminó pagando $1.671.429.239, equivalentes a $83,57 millones por unidad y $2,32 millones por m². Las nuevas propuestas llevarían ese valor entre 16% y 27% por encima de la etapa anterior.

Además, la comparación con el mercado privado contiene otra diferencia: el precio de una propiedad publicada incluye una vivienda terminada. En Camino a Casa, los terrenos pertenecen a Santa Clara y la infraestructura de las parcelas ya había sido ejecutada y pagada previamente a través del programa Suelo Urbano, según reconoció el propio IPPV.

Pero el precio abrió apenas una parte del problema. La documentación oficial obtenida por 2920 reveló que Santa Clara tuvo un papel central en la ejecución del programa. El IPPV reconoció que la cooperativa presentó la nómina de adjudicatarios y tuvo a su cargo la distribución y asignación de los lotes. Para las 30 viviendas de esta segunda etapa, el Gobierno volvió a informar que las familias ya habían sido seleccionadas por la entidad.

El viernes 21 de agosto, Felisario Melillán participó de la apertura de ofertas en Casa de Gobierno presentado oficialmente como presidente de Santa Clara. Apenas tres días después, la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales firmó la Disposición 0222/2026 y dejó asentado que la cooperativa no presenta “visos de regularidad” desde 2015, que pesa sobre ella el retiro de la autorización para funcionar dispuesto por el INAES y que esa sanción afecta su capacidad para desarrollar normalmente su actividad. Existe un recurso pendiente y su efecto jurídico todavía debe establecerse.

La contradicción quedó así dentro del propio Estado: mientras un área provincial amplía una política habitacional multimillonaria junto a Santa Clara y reconoce su intervención en la selección de beneficiarios y
distribución de tierras, otra sostiene que la entidad arrastra más de una década de irregularidad.

La segunda etapa de Camino a Casa combina entonces dos problemas que forman parte de la misma política pública: ofertas de hasta $106 millones por monoambientes incompletos de 36 m², con valores por
metro cuadrado hasta 64% superiores a propiedades nuevas ofrecidas en Viedma, y un esquema ejecutado junto a una cooperativa cuya regularidad institucional el propio Gobierno cuestiona.

2920 había resumido la primera investigación con una definición: el Estado entrega el punto de partida y lo cobra como si fuera el punto de llegada. La nueva documentación agrega una pregunta anterior: quién
controló los cimientos económicos e institucionales sobre los que decidió construirlo.