El dato fue presentado por Gonzalo Santos en la edición #47 de LUVER, (FM De la Costa), y surge del análisis de Laboratorio 2920 sobre las ejecuciones presupuestarias provinciales.
La comparación toma el mismo período y un universo estatal común para las cinco jurisdicciones. Tierra del Fuego encabezó el ranking con $63,81 de gasto en personal por cada $100 de ingresos corrientes. Río Negro quedó segunda con $56,83; Chubut registró $53,93; Santa Cruz, $51,45; y Neuquén, $51,13. El promedio patagónico fue de $53,54.
La ejecución propia de Río Negro agrega otra fotografía al cierre del primer semestre. La Provincia había percibido $1,523 billones de ingresos corrientes y comprometido casi $987.000 millones en personal: $64,79 por cada $100 ingresados. Medido sobre el dinero efectivamente pagado, el peso fue de $48,50.
El ranking regional considera obligaciones devengadas y el corte provincial distingue recursos comprometidos y pagados. Son períodos y momentos contables diferentes, aunque ambos muestran la fuerte gravitación estatal sobre la economía rionegrina.
El Índice de Densidad Estatal de Laboratorio 2920 ya había ubicado a Río Negro en el séptimo lugar nacional, por encima de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Sin embargo, esa dimensión convive con salarios que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas.
El salario estatal testigo de agosto es de $1.495.573. Frente a la última Canasta Básica Total disponible, correspondiente a julio, todavía queda $69.143 por debajo del ingreso necesario para una familia de cuatro
integrantes.
Río Negro tiene así un Estado fiscalmente pesado y salarialmente frágil. Culpar al trabajador público desplaza la responsabilidad de quienes diseñaron durante años la matriz económica, tributaria y presupuestaria de la provincia.
El sector privado completa el cuadro. En mayo alcanzó 111.300 asalariados registrados, con un crecimiento interanual de 3,7% y alrededor de 3.900 nuevos puestos. Pero la remuneración bruta promedio rionegrina representa apenas el 69,3% del promedio patagónico. Además, cerca del 63% del empleo privado se concentra en ramas de baja complejidad y productividad.
La provincia genera trabajo, pero transmite poco valor hacia el salario. Una economía privada chica y fragmentada vuelve al Estado cada vez más importante como empleador y distribuidor. El poder político
administra esa dependencia mientras posterga la transformación capaz de ampliar la producción y los ingresos.
Después de quince años bajo el mismo sistema de gobierno, esta estructura constituye un resultado: un Estado grande sostenido por una economía limitada, con trabajadores públicos que no alcanzan la canasta
y trabajadores privados que cobran muy por debajo de la región.
