









La semana política y sindical en Río Negro dejó una postal cada vez más nítida: el oficialismo provincial intenta sostener el equilibrio fiscal en medio de un escenario económico asfixiante, mientras la oposición, los gremios y hasta sectores internos del propio sistema político comienzan a exhibir tensiones que ya no pueden disimularse.
El gobernador Alberto Weretilneck volvió a reunir a su gabinete con una consigna central: control del gasto, administración eficiente y cercanía territorial. El mensaje no fue casual. En un contexto donde la caída de recursos nacionales golpea a las provincias y los municipios, el Ejecutivo rionegrino intenta mostrar orden y prudencia financiera. Sin embargo, la contracara de ese discurso aparece rápidamente cuando se observan las negociaciones salariales, el deterioro de los servicios públicos y la creciente conflictividad sindical.


La discusión paritaria volvió a transformarse en uno de los grandes termómetros políticos de la provincia. La propuesta oficial de continuar actualizando salarios por IPC busca sostener una lógica defensiva frente a la inflación, pero los gremios consideran que ya no alcanza. La tensión con el sector docente volvió a escalar y desde UPCN directamente denunciaron un “pacto de entrega” entre el Gobierno y ATE, cuestionando la alta proporción de sumas no remunerativas y la pérdida progresiva del salario estatal.
En ese contexto, la titular del Consejo de la Función Pública, Tania Lastra, defendió la política salarial y el esquema de negociación que impulsa el Gobierno provincial. Pero paralelamente, desde el espacio libertario, la legisladora Gabriela Picotti volvió a instalar una discusión incómoda para el Estado provincial al sostener que el aparato público debe tener “la cantidad de gente necesaria y suficiente” y promover iniciativas orientadas a facilitar el traspaso de empleados estatales al sector privado.
La discusión sobre el tamaño y la eficiencia del Estado, que hasta hace poco parecía limitada al discurso nacional de Javier Milei, empieza así a encontrar expresiones concretas dentro de la política rionegrina.
Precisamente allí aparece otro de los fenómenos políticos de la semana: el crecimiento territorial de La Libertad Avanza en la provincia. El senador nacional Enzo Fullone no sólo presentó un proyecto para intentar destrabar obras públicas paralizadas en todo el país, sino que además continúa ampliando el armado político libertario en distintas ciudades rionegrinas. La estrategia es evidente: capitalizar el desgaste de las estructuras tradicionales y construir presencia local antes de 2027.
La obra pública, justamente, volvió a convertirse en uno de los grandes símbolos de la crisis actual. El proyecto impulsado por Fullone busca resolver contratos frenados y reactivar infraestructura paralizada, un problema que atraviesa a todo el país y que en Río Negro impacta de lleno en rutas, viviendas y servicios esenciales. En paralelo, la discusión sobre la Ruta 22 volvió a exponer la temperatura política provincial. El cruce entre Luciano Delgado Sempé y Facundo López mostró que las obras inconclusas dejaron de ser únicamente un problema de gestión para transformarse en un terreno de disputa política permanente.
Pero quizás uno de los movimientos más significativos de la semana haya ocurrido dentro del propio mapa político rionegrino. El vicegobernador Pedro Pesatti profundizó públicamente sus diferencias con Weretilneck y dejó frases que resonaron fuerte en el oficialismo. Su apertura a futuros acuerdos con sectores del peronismo y sus cuestionamientos internos revelan que Juntos Somos Río Negro comienza a atravesar discusiones estratégicas de cara al futuro.
Del otro lado, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, continúa acelerando su posicionamiento provincial. La solicitud de audiencia con Weretilneck y las reuniones políticas con sectores radicales de Cipolletti muestran una dirigente que empieza a construir volumen político más allá de su bastión local. El peronismo rionegrino, todavía fragmentado, observa en Soria una figura con capacidad de disputar centralidad.
Mientras tanto, en las calles también hubo señales de época. La CTA movilizó en defensa de las universidades públicas y el gremio vial de la provincia renovó sus autoridades reclamando mayor protagonismo sindical, mientras distintas expresiones sociales comenzaron a advertir sobre el impacto concreto del ajuste nacional en las provincias.
Incluso proyectos estratégicos como la navegabilidad comercial del río Negro —pensada como una vía para conectar producción y logística vinculada a Vaca Muerta— aparecen atravesados por una pregunta inevitable: ¿cómo financiar el desarrollo en un país donde la inversión pública está prácticamente paralizada?
La sensación dominante en Río Negro es que la provincia ingresó en una etapa de transición política y económica. El oficialismo intenta sostener gobernabilidad y equilibrio fiscal; los gremios endurecen posiciones; la oposición busca aprovechar el desgaste; y los libertarios avanzan sobre un escenario de malestar social creciente.
Todavía falta mucho para 2027, pero la discusión ya comenzó. Y esta semana dejó algo claro: detrás de cada debate salarial, cada obra frenada y cada interna política, empieza a definirse el nuevo mapa de poder de Río Negro.








(IMÁGENES) El catamarán se sigue deteriorando y el municipio no da respuestas
































