Escándalo por créditos del Banco Nación: denuncian también a la diputada Villaverde por presunto tráfico de influencias

La diputada nacional por Río Negro, Lorena Villaverde (LLA), se encuentra en el centro de una creciente polémica judicial y política. En las últimas horas, se radicó una denuncia penal en su contra para investigar las condiciones en las que accedió a un millonario crédito hipotecario otorgado por el Banco Nación (BNA), en medio de fuertes sospechas de favoritismo.

Según la denuncia impulsada por la diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica), Villaverde habría obtenido un préstamo por un monto cercano a los 260 millones de pesos (aproximadamente 218.000 dólares) destinado a la compra de una vivienda. Lo que despertó las alarmas de la oposición no fue el monto en sí, sino la presunta "celeridad excepcional" con la que se habría gestionado el beneficio.

La presentación judicial apunta a un posible conflicto de intereses y tráfico de influencias, sugiriendo que el otorgamiento pudo haber contado con la intervención directa de las máximas autoridades de la entidad crediticia, incluyendo al ex presidente del BNA, Daniel Tillard.

Desde el entorno de la legisladora y el propio Banco Nación, las acusaciones fueron rechazadas de plano. La directora del BNA, Carolina Píparo, defendió la transparencia del sistema, asegurando que los nuevos créditos hipotecarios son "100% digitales y trazables".

Según fuentes de la entidad, a Villaverde se le aplicaron los mismos parámetros de calificación crediticia y relación cuota-ingreso que a cualquier otro ciudadano, argumentando que sus haberes como diputada nacional le otorgan la solvencia necesaria para calificar al préstamo.

El caso ha escalado rápidamente en la provincia de Río Negro. En la Legislatura provincial, bloques opositores manifestaron su repudio y exigieron que la diputada aclare la situación ante la sociedad. "Mientras miles de rionegrinos esperan años por una vivienda, una funcionaria del oficialismo accede a millones en tiempo récord", señalaron desde las bancadas críticas.

Este episodio se suma a una serie de pedidos de informes en el Congreso Nacional, donde se busca determinar si otros funcionarios de la actual gestión también han sido beneficiados con líneas de crédito similares en condiciones preferenciales.

La Justicia deberá ahora determinar si existió alguna irregularidad administrativa o si, como sostiene el oficialismo, se trata de una operación comercial estándar sin intervención política.