Oposición y dura crítica de SITRAJUR al proyecto de eliminación de la feria judicial

Ante un proyecto de ley -de la legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro)- que pretende eliminar la feria judicial en Río Negro, desde el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (SOYEM) manifestaron su profunda preocupación "frente a una iniciativa que resulta jurídicamente errada, organizativamente inviable y políticamente irresponsable".

Proponen eliminar la feria y establecer actividad continua en la Justicia rionegrina

En este contexto, el Secretario General del gremio, Marco Calarco, emitió un comunicado institucional en el que se desarrollan de manera detallada los fundamentos jurídicos, laborales e institucionales que sostienen la defensa de la feria judicial. 

"La feria judicial no es, ni ha sido nunca, una paralización del Poder Judicial. Se trata de una suspensión de términos procesales, durante la cual el servicio de justicia continúa funcionando mediante turnos permanentes, guardias y la habilitación de feria para todos aquellos casos en los que se encuentre comprometido un derecho o exista riesgo de un perjuicio grave e irreparable. Así ha funcionado históricamente el sistema judicial argentino y así lo establecen las propias normas vigentes", sostuvo el dirigente.

La nota añade:

"Sostener que durante la feria 'no se trabaja' no solo es falso: revela un desconocimiento profundo —o una deliberada tergiversación— del funcionamiento real del Poder Judicial.

Lejos de constituir un privilegio corporativo, la feria judicial es una herramienta institucional de organización del servicio. Permite ordenar cargas de trabajo, reorganizar despachos y garantizar un período de recuperación psicofísica para quienes sostienen cotidianamente un sistema exigido, sobrecargado y crónicamente tensionado. Eliminarla no mejora la eficiencia: genera mayor desgaste, más errores, licencias desordenadas y, en definitiva, peor calidad de justicia para la sociedad.

Existe además una razón organizativa central que suele omitirse en este tipo de debates. Si magistrados, funcionarios y empleados públicos no coincidieran en un mismo plazo temporal para gozar de su descanso anual, el ciclo vacacional individual de cada uno tornaría la administración de justicia inestable durante todo el año, por la ausencia permanente de operadores del sistema. Lejos de agilizar los procesos, ello profundizaría la lentitud y el riesgo de denegación de justicia.

Los propios Superiores Tribunales del país han tenido en cuenta esta realidad organizativa: sin un período común de reorganización, el sistema judicial no se fortalece, colapsa.

Resulta llamativo, aunque no casual, que quienes impulsan este tipo de proyectos elijan no debatir los verdaderos factores que inciden en la demora judicial: el cumplimiento efectivo de horarios en los niveles jerárquicos superiores, la mora estructural en los despachos, la falta de control funcional, la sobrecarga de expedientes y la ausencia de inversión real en el sistema de justicia. La “eficiencia” se invoca siempre hacia abajo, descargando el costo del mal funcionamiento sobre quienes sí sostienen el servicio todos los días del año. Eso no es modernización: es disciplinamiento laboral.

A ello se suma una cuestión institucional de enorme gravedad. Avanzar legislativamente sobre la organización interna del Poder Judicial implica una intromisión indebida en otro poder del Estado, vulnerando el principio republicano de división de poderes y sentando un precedente peligroso para la independencia judicial.

En este contexto, cabe formular una pregunta que excede largamente este proyecto en particular y que interpela a la dirigencia política provincial en su conjunto:
¿qué políticas concretas han mejorado de manera ostensible la vida de las rionegrinas y los rionegrinos a lo largo de estos últimos 14 años de gestión, que serán 16 al finalizar el mandato en 2027?

¿Puede algún ciudadano o ciudadana afirmar honestamente que su vida cotidiana —en materia de acceso a la justicia, seguridad, salarios, salud o educación— ha mejorado como consecuencia directa de iniciativas legislativas de este tipo? La respuesta no se encuentra en discursos ni en títulos grandilocuentes, sino en la realidad concreta que atraviesan miles de familias en la provincia.

Instalar falsos debates, señalar supuestos privilegios y promover reformas técnicamente deficientes no resuelve los problemas estructurales de Río Negro. Solo desvía la atención de una responsabilidad política que, después de más de una década en el poder, ya no admite excusas.Defender la feria judicial no es defender un beneficio sectorial.
Es defender la estabilidad del servicio, la dignidad del trabajo, la independencia judicial y el derecho de la sociedad a una justicia de calidad".