"Vialidad Nacional minimiza el reclamo y posterga aún más la finalización de la rotonda de Choele Choel"

El legislador Luciano Delgado Sempe expresó su profunda preocupación por la respuesta de Vialidad Nacional al amparo presentado para exigir la finalización de la rotonda en la intersección de la Ruta Nacional 22 y la Ruta Nacional 250.

"La contestación de la entidad ignora la grave situación que atraviesan los vecinos y comerciantes de la zona, así como el peligro al que están expuestos diariamente automovilistas y peatones", dijo.

Desde hace más de cuatro años, las calles internas del barrio Las Bardas han sido la única vía de circulación para el tránsito de la Ruta 22 hacia Río Colorado. Esta situación ha provocado daños estructurales en las viviendas y un ambiente insalubre debido al polvo constante. A su vez, los comercios ubicados a la vera de la ruta, como estaciones de servicio y otros negocios, llevan cinco años esperando la finalización de una obra esencial para su actividad.

"Lejos de atender estas problemáticas, Vialidad Nacional sostiene que no existe un peligro en la demora y califica el reclamo como abstracto y conjetural, desconociendo por completo la realidad", sentenció.
Asimismo enfatizó en su preocupación porque los vecinos, incluidos niños y ancianos, deban cruzar a pie una ruta peligrosa para acceder a la escuela o a sus trabajos.

A eso se le suma el riesgo para los automovilistas que transitan diariamente por la Ruta 22 y la Ruta 250, quienes deben circular por una rotonda mal señalizada y con caminos en estado deplorable. La falta de mantenimiento y la ausencia de medidas de seguridad aumentan el riesgo de accidentes en un tramo de vital importancia para la conectividad de la región.

La respuesta oficial establece un nuevo plazo de 25 meses para la finalización de la obra, pero no menciona ninguna acción inmediata para reparar las calles alternativas, ni medidas urgentes para mejorar la seguridad vial. El parlamentario peronista resumió que "en otras palabras, Vialidad Nacional no sólo extiende la incertidumbre por más de dos años, sino que tampoco ofrece soluciones concretas a los problemas actuales".

Ahora será un juez federal quien decida si establece avanzar en soluciones concretas tendientes a garantizar la seguridad y calidad de vida de los vecinos, comerciantes y automovilistas, o si permite a Vialidad Nacional y el Gobierno Nacional tomarse el plazo de 25 meses para culminar la obra.