Se inició en la provincia el debate del convenio colectivo y ATE pidió incorporar la discusión salarial

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Gobierno de la provincia mantuvieron hoy en la sede la Función Pública la primera reunión redactora del Convenio Colectivo de Trabajo que alcanzará a más de 17.000 trabajadores de la administración pública. UPCN había anunciado su ausencia por no incluirse la cuestión salarial.

Las partes acordaron que el proyecto debe estar concluido el 1 de agosto para su homologación, y ATE también pidió incorporar las discusiones salariales a las negociaciones colectivas. Habrá una próxima reunión de las partes el 6 de mayo a las 10hs.

“Este es un día muy importante, los estatales luchamos mucho para que llegue este momento y poder iniciar el debate de un instrumento que le va a cambiar la vida a los empleados públicos rionegrinos”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE. “Llamamos a todas y todos los trabajadores a afiliarse al sindicato para discutir sus propias condiciones de trabajo. El debate del convenio abarcará la carrera administrativa, escalafón, régimen de licencias, normas de seguridad e higiene y además nosotros demandamos que también se incluya la negociación salarial”.

El CCT fue creado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en 1979, que el Estado argentino puso en práctica en 1992 a través de una ley impulsada por el diputado Germán Abdala, legendario dirigente de ATE.

El sindicato lanzará está semana una campaña de afiliación en todos los ministerios y organismos. Luego convocará a asambleas para debatir cada uno de los títulos que se vayan abordando.

La ley regula en un plano de igualdad con el Estado una nueva estructura salarial, carrera administrativa, escalafón, régimen de licencias y normas de higiene y seguridad, atravesados por el principio de la perspectiva de género.

Si bien la Constitución provincial adhiere a las convenciones colectivas, estas no estaban reguladas sino hasta junio de 2019 cuando el entonces gobernador Weretilneck firmó el Decreto 759 de redacción de la ley, aprobada finalmente en junio de 2021 como Ley 5506.