Cuando aumentan las tasas, también debe aumentar la transparencia

En los últimos días, los vecinos de Viedma nos encontramos con un nuevo incremento en las tasas municipales. Como ocurre con cualquier actualización de este tipo, el primer impacto se siente en el bolsillo. Sin embargo, más allá del aumento en sí, existen preguntas que merecen una respuesta por parte del Municipio.

Los números permiten dimensionar con claridad la magnitud del incremento. 

Durante todo el año 2025, un contribuyente abonó $206.984,06 por el pago anual de la tasa municipal. En 2026 ese mismo vecino al no poder pagar el valor anual, decidió fraccionar el pago en forma semestral, por lo cual, en el primer semestre pagó un valor total de $170.275,79, equivalente al 82,3% de lo que había costado el año completo anterior. Hoy en día, le llegó la boleta correspondiente al segundo semestre del corriente año, la cual asciende a la suma de $201.943,95, es decir, al 97,6% del valor anual de 2025.

Dicho de otra manera, hoy un semestre cuesta prácticamente lo mismo que costaba un año completo hace apenas un año. Se trata de un incremento significativo (casi el doble) que inevitablemente genera preocupación entre los contribuyentes y abre un debate que trasciende los porcentajes. Porque el verdadero interrogante no es solamente cuánto aumentan las tasas, sino si ese esfuerzo adicional que realizan los vecinos encuentra un correlato en una mejora de los servicios municipales.

Las tasas tienen una característica particular: no son un tributo cualquiera. Constituyen la contraprestación por servicios que presta el Estado municipal. Por eso, cuando su valor aumenta de manera considerable, resulta razonable esperar que también mejoren el mantenimiento de calles, la limpieza urbana, los espacios públicos, el alumbrado, el tránsito y el conjunto de prestaciones que justifican ese aporte.

Pero existe otro aspecto igual de importante: la transparencia. Cuando el Municipio decide incrementar las tasas, también debería explicar con claridad cuáles fueron los criterios utilizados para establecer ese aumento, cuánto dinero estima recaudar con esta actualización y cuál será el destino específico de esos recursos.

Esa información no solo fortalece la confianza entre el Estado y la comunidad, sino que constituye una obligación propia de una administración pública moderna.

La misma situación puede observarse con el reciente aumento del estacionamiento medido y pago. Cada incremento implica un esfuerzo económico adicional para quienes utilizan ese servicio, pero los vecinos seguimos sin conocer con precisión cuánto recauda el Municipio por ese concepto, cómo evolucionó esa
recaudación en los últimos años y en qué políticas, obras o servicios se invierten esos fondos.

Este planteo no busca descalificar la gestión municipal ni afirmar que los recursos sean administrados de manera incorrecta. Tampoco desconoce que el Estado necesita recursos para prestar servicios y sostener su funcionamiento. 

Lo que se plantea es algo mucho más simple y, al mismo tiempo, mucho más importante: los vecinos tenemos derecho a saber.

Tenemos derecho a conocer cuánto recauda el Municipio, cómo administra esos recursos, cuáles son las prioridades de inversión y qué mejoras concretas se financian con el esfuerzo que realiza cada contribuyente.

La transparencia no consiste únicamente en publicar una ordenanza o informar un nuevo cuadro tarifario. La verdadera transparencia implica brindar información clara, accesible y comprensible sobre el destino de los recursos públicos y los resultados obtenidos con ellos.

En tiempos donde cada aumento impacta directamente en la economía de las familias, la confianza no se construye solamente cobrando más. También se construye explicando, rindiendo cuentas y demostrando que el esfuerzo de los vecinos se traduce en mejores servicios y una mejor calidad de vida.

Porque cuando aumenta el esfuerzo de los contribuyentes, también debe aumentar el compromiso del Estado con la transparencia.

(*) Lautaro Caballeri - D.N.I Nº 36.849.940 - Nuevo Encuentro