Hace setenta y un años, el 28 de junio de 1955, el presidente Juan Domingo Perón promulgó la Ley 14.408 y, con ella, el entonces Territorio Nacional del Río Negro dejó de ser una jurisdicción tutelada para incorporarse, por fin, a la condición de provincia. Conviene volver sobre aquel acto, no como una simple efeméride que el calendario repite cada año, sino como el momento en que una comunidad entera atravesó el umbral que la separaba de la ciudadanía plena: el día en que quienes habitaban estas tierras dejaron de ser, en los hechos, extranjeros dentro de su propia patria. Por lo tanto, lo que se promulgó aquel 28 de junio no fue una concesión graciosa del poder central, sino el reconocimiento tardío de un derecho que la Patagonia venía reclamando desde hacía más de medio siglo.
Para medir la dimensión de aquella conquista, es preciso recordar de dónde veníamos. La Ley 1532, sancionada el 18 de octubre de 1884, había organizado los territorios nacionales bajo un régimen que, solo en apariencia, era republicano. Los gobernadores se designaban desde Buenos Aires, las comunidades no elegían a sus autoridades ni podían organizar su propio espacio, y la norma fijaba un umbral —sesenta mil habitantes— que, durante décadas, funcionó menos como una meta que como una coartada para la postergación. El “territoriano” pagaba impuestos, poblaba las vastas mesetas, fundaba pueblos, tendía caminos y cultivaba la tierra, pero carecía de aquello que define a un ciudadano: la posibilidad de decidir sobre su propio destino. Era, en la cruda lengua del Martín Fierro, alguien que en esta tierra apenas servía para votar; con el agravante de que ni siquiera ese derecho mínimo le había sido concedido.
Durante medio siglo, esa injusticia se sostuvo con la complacencia de los sectores que veían en la Patagonia un mero apéndice productivo del puerto. Hipólito Yrigoyen había impulsado, entre 1919 y 1922, proyectos para reparar aquella anomalía; entre 1926 y 1929 se presentaron siete iniciativas más con idéntico propósito. Todas durmieron en los cajones del Congreso, condenadas por la indiferencia de los sectores conservadores y de la oligarquía, para quienes el interior profundo no formaba parte de la conversación nacional y el yrigoyenismo representaba al enemigo. La Patagonia permanecía atrapada en un circuito de postergación perpetua, mientras emprendimientos capaces de transformar su matriz económica —como el ingenio remolachero que llegó a proyectarse en la región— quedaban truncos por la presión de los intereses que preferían un sur desguarnecido, proveedor de materias primas y ajeno a toda vocación de desarrollo propio.
Fue el primer peronismo el que resolvió saldar esa deuda. La decisión de convertir los territorios nacionales en provincias se inscribió en una estrategia deliberada de integración, justificada en los principios de igualdad y unidad nacional, que entendía que ningún país podía considerarse íntegro mientras millones de argentinos quedaran al margen de la vida política por el solo hecho del lugar en que habían nacido. El 5 de abril de 1955, una delegación de vecinos patagónicos fue recibida por Perón en la Casa Rosada; al despedirla, el presidente les anticipó que, antes de que llegaran a destino, el anteproyecto de provincialización estaría en el Congreso. Dos días después, cumplía su palabra. La Pampa y Chaco ya habían alcanzado su autonomía pocos años antes; ahora le tocaba el turno a Río Negro, Neuquén, Formosa, Chubut y Santa Cruz.
Aquel nacimiento, sin embargo, estuvo marcado por una paradoja que lo hermana con los momentos más sombríos de nuestra historia. La ley de creación se dictó mientras la Plaza de Mayo era bombardeada y, apenas tres meses después de su promulgación, un golpe militar derrocó al gobierno que la había impulsado, intervino las flamantes provincias y proscribió al movimiento que les había dado vida. Emilio Berenguer, último gobernador del Territorio devenido comisionado nacional, alcanzó apenas a poner en funciones a su gabinete y a iniciar las primeras tareas de organización antes de que la interrupción institucional lo cubriera todo. Río Negro vino al mundo, así, entre la promesa de la autonomía y la tormenta del autoritarismo, llevando desde la cuna la marca de esa tensión que habría de atravesar buena parte de su historia.
Y, no obstante, el proceso siguió su curso. Entre septiembre y diciembre de 1957, veinticuatro convencionales reunidos en el viejo Teatro Argentino de Viedma debatieron, se enfrentaron y acordaron la norma fundamental que habría de regir el destino de los rionegrinos; el 10 de diciembre de ese año quedó sancionada nuestra primera Constitución. El 1° de mayo de 1958, ante esa misma sala convertida en recinto legislativo hasta el día de hoy, Edgardo Castello juró como primer gobernador constitucional de la provincia. Recién entonces, Río Negro pudo, por fin, leer su propio territorio y escribir su propio destino.
Castello comprendió desde el primer día que la tarea no consistía en administrar un puñado de comarcas yuxtapuestas, sino en construir una provincia. Lo dijo con una fórmula que conserva plena vigencia: el centro político de la provincia es su capital, pero no para que todo gire alrededor de ella, sino para que el gobierno se sienta igualmente próximo a cualquier punto del territorio. La disputa por la capitalidad entre Viedma y el Alto Valle, que tantas pasiones encendió en aquellos años, fue la primera prueba de ese principio: la elección entre el localismo, que aborta todo proyecto común, y la integración, que mira a la provincia como un todo. De Castello a Mario Franco se fue forjando una tradición fundacional —un viedmense y un hombre del Alto Valle animados por una misma idea de provincia— que todavía hoy nos indica el camino.
Por eso, cuando cada 28 de junio recordamos la provincialización, celebramos, ante todo, la marcha hacia una conquista inconclusa. El federalismo que aquella ley vino a inaugurar continúa siendo, en lo esencial, una asignatura pendiente: la Patagonia sigue siendo, en buena medida, ese embudo del que salen recursos sin agregado de valor alguno, reeditando bajo nuevas formas la vieja condición del territorio que producía riqueza para que otros la aprovecharan. Honrar la memoria de quienes lucharon por nuestra autonomía exige, hoy, terminar de convertir aquel derecho conquistado en desarrollo integral y garantizar que el destino de esta tierra sea decidido y construido por quienes la habitan. Esa sigue siendo, a setenta y un años de aquel acto fundacional, la tarea que nos convoca a construir los caminos de la integración y el desarrollo, para alcanzar un estado pleno de justicia social.
(*) Vicegobernador de Río Negro