Estacionar y pagar: cuando la recaudación reemplaza a la planificación

La reciente decisión de la Municipalidad de Viedma de incrementar las tarifas del Sistema de Estacionamiento Medido y Pago mediante el Decreto N.º 485/26 vuelve a poner sobre la mesa una discusión que el gobierno municipal parece empeñado en evitar: ¿cuánto se recauda realmente con este sistema y cuál es el destino de esos recursos?

Desde marzo de este año, cuando el servicio pasó a ser administrado directamente por el Municipio, los vecinos no han recibido información clara, periódica y accesible respecto de la recaudación obtenida ni sobre las inversiones realizadas con esos fondos. Sin embargo, esta semana se dispuso un nuevo aumento de tarifas, llevando el valor de la hora a $300, mientras que los abonos mensuales alcanzaron los $32.000 para el microcentro y los $26.000 para el macrocentro. Los vecinos frentistas, por su parte, deben abonar $14.000 y $9.000 respectivamente para poder estacionar frente a sus propios domicilios o comercios.

Resulta difícil comprender la lógica de un sistema que les cobra a los contribuyentes por estacionar en la puerta de su casa. Más aún cuando esos mismos vecinos ya realizan un importante aporte mediante el pago de tasas municipales. El estacionamiento medido nació como una herramienta para ordenar el tránsito y
garantizar la rotación vehicular en zonas de alta demanda, no para transformarse en una nueva carga permanente para quienes viven, trabajan o desarrollan actividades en la ciudad.

A esta situación se suma una evidente inconsistencia en la Ordenanza N.º 6304, que regula el sistema. Actualmente, quien adquiere un abono mensual para estacionar en la zona de microcentro —la categoría más costosa— no cuenta con cobertura automática para estacionar en la zona de macrocentro, pese a que esta última posee un valor inferior.

La lógica indicaría exactamente lo contrario: quien paga por una categoría superior debería encontrarse habilitado para utilizar las zonas de menor valor. Sin embargo, la normativa presenta un vacío que termina perjudicando a los usuarios y evidencia una preocupante falta de revisión y planificación.

Las contradicciones se profundizan al analizar situaciones cotidianas. Un vecino que reside en el macrocentro y paga mensualmente su permiso como frentista debe volver a pagar si necesita estacionar en el microcentro para realizar trámites, trabajar o hacer compras. Del mismo modo, quien paga un permiso mensual en el microcentro tampoco encuentra reconocimiento de ese pago cuando necesita utilizar otros sectores alcanzados por el sistema. Lejos de simplificar la vida de los ciudadanos, el esquema
multiplica costos, genera confusión y profundiza las inequidades.

Quienes defienden este incremento señalan, con razón, que Viedma continúa teniendo una de las tarifas de estacionamiento medido más bajas de la región, incluso por debajo de otras ciudades rionegrinas y de Bahía Blanca. Sin embargo, el problema no puede analizarse únicamente desde una comparación nominal de precios. En un contexto económico nacional marcado por la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, la caída del consumo, el aumento de tarifas, combustibles, alquileres y alimentos, cualquier incremento representa una carga adicional para las familias. Lo que para la administración municipal puede parecer un ajuste menor, para miles de trabajadores, comerciantes, estudiantes y jubilados constituye un gasto más que se suma a una economía doméstica cada vez más exigida.

Pero la cuestión central sigue siendo otra: la transparencia. La magnitud económica del sistema merece una explicación pública por parte del gobierno municipal. Si se toma como referencia un valor promedio mensual cercano a los $29.000 entre las distintas categorías vigentes y se lo proyecta sobre los aproximadamente 38.000 vehículos que circulan diariamente por Viedma, la recaudación potencial podría superar los $1.100 millones mensuales. Por supuesto, se trata de una estimación teórica, ya que no todos los vehículos están alcanzados por el sistema ni todos sus usuarios adquieren abonos. Sin embargo, la cifra permite dimensionar el volumen de recursos que podrían estar involucrados. Incluso reduciendo significativamente esa proyección, estamos hablando de una masa de dinero considerable.

Y entonces surge la pregunta que muchos vecinos se hacen: ¿cuánto recauda efectivamente el Municipio con el estacionamiento medido y pago? ¿Dónde se invierte ese dinero? ¿Qué obras, mejoras de tránsito, señalización, infraestructura vial o políticas de movilidad urbana se financian con esos recursos? ¿Por qué no existe un informe público, actualizado y accesible para toda la comunidad?

El especialista Oscar Oszlak, referente latinoamericano en materia de Gobierno Abierto, sostiene que la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas constituyen pilares fundamentales de una gestión democrática moderna. Los gobiernos no solamente deben administrar recursos públicos; también tienen la obligación de informar de manera activa cómo los obtienen y en qué los utilizan. La
transparencia no es una concesión de los funcionarios; es un derecho de los ciudadanos. 

Lamentablemente, la gestión municipal parece recorrer el camino inverso. Aumenta tarifas, amplía obligaciones para los vecinos y profundiza la carga económica sobre quienes sostienen diariamente la actividad de la ciudad, pero no brinda información suficiente sobre los resultados obtenidos ni sobre el destino de los fondos recaudados.

Lo más preocupante es que el estacionamiento medido y pago parece haberse convertido en una herramienta esencialmente recaudatoria, sin que exista una estrategia integral para resolver los problemas de movilidad urbana. La ciudad continúa enfrentando dificultades de tránsito, escasez de espacios de estacionamiento, congestión en sectores estratégicos y falta de alternativas para quienes diariamente deben trasladarse al centro. Es decir, los vecinos pagan más, pero no observan mejoras proporcionales en la prestación del servicio ni en la organización de la circulación urbana.

La discusión, además, debería incorporar una mirada más amplia sobre el desarrollo urbano de Viedma. Existen numerosos terrenos baldíos ubicados en sectores estratégicos del centro de la ciudad, como los existentes sobre calle Rivadavia entre Mitre y Guido, Perito Moreno entre 25 de Mayo y Belgrano, o el predio ubicado en la esquina de Guido y Zatti. En lugar de concentrar la política pública exclusivamente en aumentar tarifas, el Municipio podría impulsar incentivos tributarios y urbanísticos para promover la construcción de playas de estacionamiento privadas o de uso mixto.

Exenciones temporales de tasas, beneficios para nuevas inversiones o programas específicos de desarrollo urbano podrían generar más espacios disponibles y contribuir a ordenar efectivamente el tránsito.
Gobernar no consiste únicamente en recaudar. Gobernar implica planificar, anticipar problemas y generar soluciones. La ciudad necesita una política de movilidad moderna, transparente y eficiente; reglas claras para los usuarios; respeto por los vecinos frentistas; información pública sobre los recursos recaudados y una visión estratégica que permita resolver los problemas estructurales del estacionamiento.

Porque cuando aumentan los costos para los vecinos, pero no aumenta la información sobre el destino de los recursos; cuando se multiplican las obligaciones, pero no las soluciones; cuando la recaudación crece más rápido que la planificación, la confianza ciudadana inevitablemente comienza a deteriorarse.

La pregunta sigue esperando una respuesta: si cada vez pagamos más por estacionar, ¿dónde está y para qué se utiliza el dinero de todos los viedmenses?

Lautaro Caballeri
DNI 36.849.940
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