Endeudados: Para ATE, sindicalistas defienden su caja por encima del salario de los representados

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cruzó fuertemente al titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Juan Carlos Scalesi, tras su rechazo al tope establecido por el Gobierno de Río Negro sobre los descuentos por planillas que bancos, financieras, mutuales y sindicatos aplican a los salarios del personal estatal.

Desde ATE remarcaron la urgencia de atender el drama financiero que atraviesan miles de familias en todo el país. En un contexto donde múltiples proyectos para frenar la usura permanecen trabados en el Congreso de la Nación, consideraron inentendible que el líder de UPCN accione contra una disposición provincial orientada a aliviar el endeudamiento de la plantilla pública.

“Solamente la defensa de su propia caja y los retornos a tasas usurarias pueden explicar el repudio a una medida que beneficia a 20 mil estatales. Lo inexplicable es que lo diga”, aseveró Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro. Asimismo, cuestionó la postura de su par gremial al señalar: “La política de Scalesi de oponerse a todo es inconducente: los estatales necesitan que se defiendan sus ingresos, no que hagan política con su representación para la micro interna partidaria”.

El origen de la medida

La regulación responde a una demanda reiterada que ATE presentó ante el ministro de Hacienda rionegrino, Gabriel Sánchez, frente a situaciones donde entidades crediticias llegaban a retener hasta el 99% de los haberes de los agentes públicos.

A partir de las gestiones sindicales, el Ejecutivo fijó un esquema escalonado de límites máximos de descuento sobre los sueldos:

• Enero: hasta el 50%

• Febrero: hasta el 40%

• Marzo: hasta el 30%

Junto a la fijación del tope salarial, el gremio demandó la renegociación de los pasivos vigentes y un monitoreo estatal continuo sobre el sistema de créditos.

Desde ATE destacaron que la pérdida de poder adquisitivo y el endeudamiento golpean a los trabajadores de todo el país a causa de la política salarial restrictiva a nivel nacional. Tras la iniciativa impulsada en la provincia, Río Negro se convirtió en una de las tres jurisdicciones del país en establecer barreras legales al avance de entidades usurarias sobre el salario de los estatales.