La provincia de Río Negro podría convertirse en pionera a nivel nacional en materia de protección animal si prospera un proyecto de ley impulsado por la legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos), que propone crear un registro provincial de personas sancionadas y condenadas por hechos de maltrato y crueldad animal.
La iniciativa obtuvo dictamen favorable por mayoría durante una reunión plenaria de comisiones de la Legislatura provincial, donde su autora defendió la necesidad de contar con nuevas herramientas para prevenir la reincidencia y fortalecer la protección de los animales.
“Estamos hablando de casos que llegan a una condena firme”, aclaró Odarda durante su exposición, al destacar que la propuesta no pretende incorporar a personas por el solo hecho de haber sido denunciadas.
La legisladora sostuvo que, de convertirse en ley, Río Negro establecería un antecedente significativo en el país.
“Sería la primera ley en la Argentina” de estas características, aseguró.
Prohibición de tener animales y capacitación obligatoria
El proyecto establece que quienes sean incorporados al registro tendrán prohibido tener animales a su cargo.
Además, deberán realizar obligatoriamente, dentro de los primeros seis meses posteriores a su inscripción, un curso de formación y sensibilización sobre derecho animal, bienestar animal y tenencia responsable.
La capacitación estará a cargo de profesionales especializados del Ministerio Público de Río Negro, según establece el articulado.
Otro aspecto relevante es que el incumplimiento de las obligaciones previstas en la futura ley podrá provocar la pérdida de beneficios impositivos provinciales y municipales.
Para ello, la autoridad de aplicación deberá establecer mecanismos de comunicación con los organismos de recaudación correspondientes.
La propuesta contempla la incorporación de personas que hayan recibido sanciones administrativas firmes por infracciones relacionadas con el cuidado responsable de animales, que hayan sido declaradas reincidentes por maltrato, abandono o crueldad, que cuenten con condenas penales firmes o que hayan sido sancionadas conforme al artículo 58 del Código Contravencional de Río Negro.
En todos los casos, la inscripción deberá estar respaldada por una resolución firme, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
El papel del Ministerio Público
Durante el tratamiento en comisiones, Odarda destacó especialmente el compromiso asumido por el Ministerio Público frente a los delitos de maltrato animal.
Según explicó, el registro contará con la intervención de ese organismo y tendrá una publicación anual en el Boletín Oficial.
El texto del proyecto, por su parte, establece que la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático será la autoridad de aplicación, con funciones de administración, actualización y resguardo del registro, en articulación con el Ministerio Público y el Poder Judicial.
La legisladora remarcó que durante muchos años las denuncias por violencia contra animales no recibían la atención que merecían.
“Generalmente estos casos antes se archivaban, no se les daba importancia”, afirmó.
Sin embargo, consideró que actualmente existe un cambio importante en la actuación judicial y destacó que los fiscales investigan “hasta las últimas consecuencias los casos de maltrato y crueldad animal”.
En los fundamentos también se menciona la Instrucción General 2/20 de la Procuración General de Río Negro, vinculada con la actuación de los fiscales frente a hechos de crueldad animal.
Los casos que impulsaron la iniciativa
Para fundamentar la necesidad de esta legislación, Odarda incorporó numerosos antecedentes judiciales y denuncias registradas en distintas localidades rionegrinas.
Uno de ellos es el caso de Byron, el perro de raza Terranova que murió en General Roca después de recibir una violenta patada en septiembre de 2020.
La agresión le provocó un desgarro hepático y una hemorragia interna. El episodio derivó en una sentencia judicial por crueldad animal en 2022.
También se menciona la investigación por la faena clandestina de dos yeguas en General Roca, una de ellas preñada y otra que había parido recientemente. La causa terminó con condenas de prisión efectiva para cinco personas, posteriormente confirmadas por el Tribunal de Impugnación.
Otro antecedente corresponde a San Antonio Oeste, donde un hombre fue imputado por arrojar violentamente contra el suelo a un perro caniche llamado Roco, provocándole graves lesiones.
En esa misma localidad se registró el caso de un perro conocido como Pilincho o Tigre, que presentaba un estado extremo de desnutrición, heridas y deterioro físico. El animal debió ser sometido a eutanasia y la situación dio lugar a una imputación por abandono y crueldad animal.
La iniciativa también recuerda el caso de Luna, una perra de Cipolletti que murió después de ser atropellada. El proceso judicial terminó con una solución alternativa que incluyó disculpas públicas, la realización de un mural de concientización, una contribución económica a una asociación protectora y capacitación en derecho animal.
Los episodios de Viedma y San Javier
Entre los antecedentes más cercanos, el proyecto incluye el caso de Chiqui, una perrita de la zona del IDEVI, en la comuna de San Javier, que murió en 2025 presuntamente como consecuencia de un disparo de arma de fuego.
Según los fundamentos, la Fiscalía ordenó un allanamiento y el secuestro de armamento en un establecimiento agropecuario, mientras que la investigación continuaba en trámite al momento de redactarse la iniciativa.
También se menciona el brutal ataque sufrido por otra perrita llamada Luna, en Viedma, el 1 de febrero de 2026.
El animal, de ocho años, fue encontrado con gravísimas heridas, después de que le arrancaran gran parte de la piel mediante un elemento cortante.
Sobrevivió gracias a la intervención de un joven que la trasladó inmediatamente a una veterinaria.
Odarda figura como denunciante en esa causa, que, según la documentación presentada, todavía no contaba con una sentencia que determinara responsabilidades.
Otro episodio incorporado es el de los 29 cardenales amarillos sustraídos del balneario La Lobería, una especie protegida como Monumento Natural provincial. Los ejemplares fueron posteriormente localizados durante un procedimiento contra la caza furtiva en San Juan.
Una herramienta para prevenir nuevos hechos de violencia
En los fundamentos, Odarda sostiene que la violencia ejercida contra los animales no puede considerarse un episodio aislado o menor, sino una manifestación de conductas que vulneran principios básicos de convivencia, empatía y respeto por la vida.
También advierte que existen antecedentes científicos y judiciales que relacionan el maltrato animal con otras formas de violencia social e interpersonal.
La iniciativa se apoya en la Ley Nacional 14.346, que establece penas de prisión de quince días a un año para quienes maltraten o cometan actos de crueldad contra animales.
Asimismo, cita el Código Contravencional de Río Negro, que contempla multas, trabajo comunitario y prohibiciones de adopción para determinadas conductas que no llegan a constituir delitos penales.
La legisladora considera que estas sanciones deben complementarse con mecanismos de prevención, seguimiento y concientización.
En ese sentido, el registro también podría convertirse en una herramienta de consulta para organismos públicos, municipios y organizaciones proteccionistas que intervienen en el rescate, tránsito y adopción responsable de animales.
El proyecto aclara que su finalidad no es promover la exposición pública, la estigmatización o el escarnio social de las personas sancionadas, sino establecer mecanismos institucionales de prevención y control.
Odarda espera el respaldo de toda la Legislatura
Tras conseguir la aprobación por mayoría en el plenario de comisiones, la iniciativa quedó encaminada para continuar su tratamiento legislativo.
Odarda expresó su expectativa de que el proyecto consiga un respaldo todavía más amplio cuando llegue al recinto.
“Ojalá que esta ley reciba el apoyo unánime de todos los legisladores y legisladoras y tengamos este antecedente como una provincia pionera en el país en materia de derecho animal”, concluyó.
