(AUDIO) Fuertes denuncias por presuntas irregularidades en la Comuna de San Javier: investigan transferencias de dinero y reclaman rendiciones de cuentas

Gladys Almuna, la Jefa comunal, junto al gobernador Alberto Weretilneck

La administración de la Comuna de Fuerte San Javier quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que el excomisionado de Fomento Javier Garavaglia hiciera públicas una serie de sospechas sobre el manejo de los recursos económicos de la localidad, que incluyen presuntas transferencias de dinero a cuentas particulares y posibles pagos duplicados.

Durante una entrevista con FM DE LA COSTA, Garavaglia aseguró haber tomado conocimiento de documentación que, según su interpretación, revelaría movimientos financieros que merecen una investigación exhaustiva.

"Vemos un manejo muy irregular, casi con cuestiones que llaman la atención: transferencias a la cuenta personal de su esposo, por ejemplo, o personas que reciben transferencias desde dos cuentas oficiales que administra la comuna, lo cual se interpreta como una doble percepción de haberes", sostuvo.

Las afirmaciones del exfuncionario constituyen denuncias públicas que todavía requieren verificación documental y no implican, por sí mismas, que se haya acreditado la comisión de irregularidades o delitos.

Transferencias sospechosas y falta de controles

Uno de los aspectos más delicados de las declaraciones de Garavaglia está relacionado con el supuesto destino de fondos públicos hacia cuentas bancarias personales vinculadas con familiares y allegados a la conducción comunal.

El excomisionado también planteó dudas sobre personas que estarían recibiendo pagos provenientes de dos cuentas institucionales diferentes, una situación que, a su entender, podría configurar una doble percepción de haberes.

En ese contexto, cuestionó la ausencia de rendiciones de cuentas suficientemente claras y accesibles para los vecinos.

Garavaglia recordó que se desempeñó como subdirector de Comisiones de Fomento y, a partir de esa experiencia, advirtió sobre presuntas debilidades en los mecanismos provinciales de fiscalización.

Según explicó, las rendiciones de cuentas de estos organismos pueden ser recibidas administrativamente sin que necesariamente exista una auditoría técnica profunda sobre cada movimiento.

Por ese motivo, no descartó recurrir al Tribunal de Cuentas de Río Negro para solicitar una intervención específica una vez que se obtengan los extractos bancarios, comprobantes y demás documentación requerida.

Los 36 lotes sociales que siguen sin entregarse

Otro de los cuestionamientos apunta a la demora en la adjudicación de 36 lotes sociales destinados a familias de Fuerte San Javier.

Garavaglia recordó que el proyecto comenzó en 2023 y que, hacia fines de 2025, se habían completado las obras de infraestructura eléctrica y alumbrado público.

Sin embargo, las parcelas todavía no fueron entregadas a sus futuros beneficiarios.

El excomisionado reclamó explicaciones sobre los criterios que se utilizarán para seleccionar a las familias, la eventual existencia de una nómina de preadjudicatarios y los plazos previstos para concretar las adjudicaciones.

También pidió conocer cuándo se habilitarán los mecanismos de inscripción y el correspondiente registro de oposición.

La situación genera preocupación entre los vecinos que aguardan una respuesta habitacional y que, según el planteo de Garavaglia, no cuentan con información suficiente sobre el avance del procedimiento.

Cuestionamientos al funcionamiento institucional de la Comuna

Garavaglia también puso en discusión el funcionamiento político y administrativo de San Javier desde su transformación de Comisión de Fomento en Comuna.

Sostuvo que el cambio de categoría institucional debía representar un avance hacia una administración más participativa, con mayor autonomía y mecanismos de control.

Sin embargo, consideró que en la práctica continúa predominando un esquema de conducción prácticamente unipersonal.

Entre los aspectos cuestionados mencionó la falta de reuniones periódicas del Concejo Comunal y la escasa publicidad de actas, resoluciones, convenios y decisiones administrativas.

A su entender, la comunidad debería tener acceso a esa información para conocer cómo se toman las decisiones y de qué manera se administran los recursos públicos.

San Javier tiene más habitantes que varios municipios, pero sigue reclamando coparticipación

La situación financiera constituye otro de los ejes del conflicto.

Garavaglia recordó que la Ley Provincial Nº 5817, mediante la cual se creó la Comuna, contempla en su artículo 4º su incorporación al régimen de coparticipación establecido por la Ley Nº 1946.

No obstante, afirmó que San Javier continúa percibiendo recursos bajo un esquema equivalente al de las antiguas comisiones de fomento.

Para dimensionar la importancia de la localidad, señaló que cuenta con 2.053 habitantes, de acuerdo con el último Censo Nacional, una población superior a la de varios municipios rionegrinos.

Entre ellos mencionó a Coronel Belisle, Comallo, Sierra Colorada, Darwin, Pilcaniyeu, Ramos Mexía, Pomona, Guardia Mitre y Ñorquinco.

El exfuncionario cuestionó que, pese a ese crecimiento demográfico y a su nueva condición institucional, San Javier no haya tenido una participación acorde en las discusiones provinciales sobre la reforma del régimen de coparticipación.

También expresó reparos frente a los acuerdos de compensación financiera transitoria, al considerar que constituyen soluciones parciales que no resuelven el problema estructural del financiamiento comunal.

Nueve legisladores llevaron los reclamos al Parlamento

Las inquietudes planteadas públicamente tuvieron una derivación institucional el pasado 15 de octubre, cuando nueve legisladores provinciales presentaron un proyecto de pedido de informes.

La iniciativa fue impulsada por José Luis Berros, María Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Ayelén Spósito, Carmelio Fabián Pilquinao, María Alejandra Mas, Daniel Rubén Belloso, Leandro Gastón García y Luis Ángel Ivancich.

El requerimiento está dirigido al Poder Ejecutivo provincial, al Ministerio de Gobierno y Trabajo, a la Contaduría General de la Provincia y a la propia Comuna de Fuerte San Javier.

Entre otros aspectos, los parlamentarios solicitaron conocer el índice de coparticipación asignado a la localidad y el detalle de las transferencias mensuales correspondientes a impuestos y regalías hasta el 30 de septiembre de 2026.

También requirieron información sobre el loteo social de 36 parcelas, incluyendo los criterios de selección, los registros de aspirantes, las razones de las demoras y la existencia de eventuales preadjudicaciones.

Respecto de la obra eléctrica, pidieron conocer los montos invertidos, la modalidad de contratación, la identificación de la empresa ejecutora, las actas de recepción y el estado de transferencia de las instalaciones a EdERSA.

En materia institucional, reclamaron copias de resoluciones del Concejo Comunal, actas de reuniones, convenios y documentación relacionada con la estructura orgánica y el personal designado.

Piden extractos bancarios, comprobantes y detalles de los fondos recibidos

Uno de los capítulos centrales del pedido legislativo está relacionado con la administración financiera.

Los legisladores solicitaron una copia del Acuerdo de Compensación Financiera Transitoria suscripto el 21 de septiembre de 2026, además de información sobre los Aportes No Reintegrables (ANR) y otros fondos extrapresupuestarios recibidos durante 2025 y 2026.

El requerimiento comprende el origen de esos recursos, los montos percibidos y su destino.

También incluye el estado de las rendiciones de cuentas pendientes y documentación respaldatoria correspondiente al período enero-septiembre de 2026.

Entre los elementos solicitados figuran conciliaciones bancarias, extractos de cuentas y comprobantes de las operaciones realizadas.

Esa documentación podría resultar fundamental para esclarecer las sospechas sobre transferencias a particulares que Garavaglia expuso durante la entrevista radial.

Cabe señalar que la presentación de un pedido de informes no equivale a una investigación judicial ni acredita las irregularidades denunciadas, aunque constituye un mecanismo formal de control legislativo.

Garavaglia también anunció la creación de un nuevo partido vecinal

En otro tramo de la entrevista, el excomisionado confirmó la conformación de Acción Vecinal Fuerte San Javier, un nuevo espacio político que busca representar a distintos sectores de la comunidad.

Según explicó, la iniciativa pretende incorporar a productores, comerciantes, amas de casa, jóvenes y vecinos que no encuentran representación en las estructuras partidarias tradicionales.

La agrupación formalizó su Junta Promotora, su declaración de principios y su carta orgánica, en el marco de la Ley Provincial Nº 2431.

La conducción quedó integrada por Daniel Crespo como presidente, Dora Vilca como secretaria, Martín Amaya como tesorero y Enzo Vargas y Miriam Muñoz como vocales.

Javier Garavaglia desempeña el rol de apoderado.

El exfuncionario aclaró que la propuesta no está orientada exclusivamente a una competencia electoral inmediata, sino a construir un ámbito permanente de participación, debate y representación de los intereses locales.

A la espera de respuestas oficiales

La controversia abre interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos, la transparencia administrativa, el funcionamiento de los órganos comunales y el cumplimiento de compromisos asumidos con la comunidad.

Las declaraciones de Garavaglia adquieren especial relevancia por su anterior responsabilidad al frente de la Comisión de Fomento y por la presentación legislativa que reclama documentación sobre distintas áreas de la administración.

Ahora, el avance del pedido de informes y las respuestas que puedan aportar los organismos provinciales y la conducción de Fuerte San Javier serán determinantes para establecer si existen irregularidades y esclarecer los cuestionamientos.

Por el momento, las acusaciones sobre transferencias a cuentas particulares y eventuales pagos duplicados permanecen en el terreno de las denuncias formuladas por el excomisionado, sin que se hayan presentado en la información disponible conclusiones de una auditoría o resolución judicial que las confirme.

La posición de la actual conducción comunal también será fundamental para ofrecer su versión de los hechos y responder a los cuestionamientos planteados públicamente.