Los presos que cumplen arresto o prisión domiciliaria con dispositivos electrónicos en Río Negro podrían quedar sujetos a controles más estrictos si prospera una iniciativa presentada en la Legislatura provincial.
El proyecto, impulsado por los legisladores Lucas Pica y Facundo López, propone modificar la Ley 3008 para establecer reglas uniformes de permanencia, circulación y supervisión de las personas privadas de su libertad que cumplen la medida fuera de establecimientos penitenciarios.
Uno de los puntos centrales es la prohibición general de salir del domicilio entre las 20 y las 8 horas del día siguiente, salvo situaciones excepcionales expresamente autorizadas por un juez.
La propuesta también establece que cualquier salida, incluso fuera de esa franja nocturna, deberá contar con autorización judicial previa, con indicación del destino, finalidad, horarios y tiempo permitido para los traslados.
Permanencia obligatoria y salidas excepcionales
La iniciativa fue respaldada por la mayoría (PJ-Nuevo Encuentro y Vamos con Todos solicitaron 48 horas para tomar una determinación) e incorpora cuatro artículos a la legislación provincial para regular específicamente el arresto y la prisión domiciliaria supervisados mediante dispositivos electrónicos.
El artículo 45 establece que las personas comprendidas en este régimen deberán permanecer continuamente en el domicilio determinado por la Justicia.
En consecuencia, cualquier desplazamiento tendrá carácter excepcional y necesitará una autorización expresa.
Por su parte, el artículo 46 fija una franja de permanencia obligatoria entre las 20 y las 8 horas.
Sin embargo, los jueces conservarán la facultad de autorizar salidas durante ese período cuando existan circunstancias particulares que lo justifiquen.
En esos casos, deberán emitir una resolución fundada que especifique el motivo, destino, horario, duración y, cuando corresponda, el recorrido autorizado.
También se contemplan situaciones de urgencia médica u otras emergencias debidamente justificadas, que deberán comunicarse inmediatamente a la autoridad judicial competente.
Alertas inmediatas ante incumplimientos
Otro aspecto importante del proyecto está relacionado con el funcionamiento de las tobilleras y demás dispositivos electrónicos utilizados para controlar a las personas que cumplen prisión domiciliaria.
La autoridad provincial encargada del monitoreo deberá configurar los equipos de acuerdo con las condiciones establecidas judicialmente.
Esto incluye horarios permitidos, zonas de circulación, lugares prohibidos, destinos autorizados y tiempos de traslado.
Cualquier salida, desplazamiento o permanencia que contradiga las restricciones impuestas por la Justicia deberá generar una alerta, quedar registrada y comunicarse inmediatamente al juez competente.
De esta manera, los autores buscan fortalecer la capacidad de respuesta frente a posibles incumplimientos.
Aseguran que no será necesario crear nuevas estructuras
En los fundamentos del proyecto, Pica y López explican que Río Negro ya dispone de una Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico y de herramientas tecnológicas capaces de efectuar seguimientos permanentes.
Los dispositivos actuales permiten establecer zonas de inclusión y exclusión, configurar agendas horarias y supervisar recorridos previamente determinados.
También pueden identificar situaciones como la salida del domicilio fuera del horario permitido o el incumplimiento del horario de regreso.
Por ese motivo, los legisladores sostienen que la reforma no requerirá crear una nueva estructura administrativa ni incorporar tecnologías inexistentes.
El objetivo es otorgar respaldo legal a los mecanismos que ya se encuentran operativos y establecer criterios uniformes para su aplicación.
La prisión domiciliaria no significa recuperar la libertad
Los autores remarcan en los fundamentos una diferencia que consideran esencial: el arresto o la prisión domiciliaria no implican que la persona haya recuperado su libertad de circulación.
Por el contrario, constituyen una modalidad de cumplimiento de una medida privativa de libertad en un domicilio determinado por la Justicia.
En ese sentido, sostienen que permanecer en ese lugar debe ser la regla y que cualquier salida debe constituir una excepción debidamente autorizada.
La iniciativa también señala que la normativa provincial vigente fue elaborada antes de la incorporación de los actuales sistemas tecnológicos de seguimiento.
En particular, recuerda que el reglamento de prisión domiciliaria aprobado en 2004 se concentra principalmente en las condiciones médicas y sociales que justifican el otorgamiento de ese beneficio, pero no contempla los avances posteriores del monitoreo electrónico.
La última palabra seguirá siendo de los jueces
El proyecto aclara que las nuevas disposiciones no modificarán las facultades judiciales para otorgar, modificar o revocar las medidas de arresto y prisión domiciliaria.
La autoridad judicial seguirá evaluando cada situación particular y podrá establecer las condiciones que considere correspondientes dentro del marco legal.
Asimismo, la reforma se aplicaría exclusivamente a quienes cumplen arresto o prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, sin extenderse a personas bajo libertad condicional, libertad asistida o regímenes de salidas transitorias.
Pica: “Va a permitir controlar de mejor manera y generar un esquema de alertas”
El legislador Lucas Pica defendió explicó que la intención es poner un límite a las excepciones que pueden autorizar los jueces. “Las excepciones pueden darse, pero no en esa franja horaria”, señaló, aclarando que las urgencias médicas estarán contempladas.
El legislador puso especial énfasis en el tercer supuesto incorporado al proyecto: las personas imputadas que permanecen en libertad pero son monitoreadas electrónicamente, particularmente en causas de violencia de género. “Puede deambular, pero no en esta franja horaria”, resumió Pica, quien consideró que de esta manera podrán realizarse “más y mejores controles” sobre el cumplimiento de las restricciones.
Finalmente, sostuvo que la iniciativa permitirá unificar el sistema de monitoreo y establecer una regla que actualmente no existe. “Va a permitir controlar de mejor manera, va a permitir generar un esquema de alertas mejor que el que hoy tenemos”, afirmó Pica, quien vinculó la propuesta con la seguridad ciudadana y con las medidas que viene impulsando la Legislatura para “fortalecer el rol de la víctima”.
