Román volvió a la carga tras recuperar la intendencia: denunció una “persecución política” y apuntó contra seis concejales

La crisis política e institucional de Allen sumó un nuevo capítulo. El intendente Marcelo Román salió públicamente a responder a sus adversarios luego de recuperar el cargo y aseguró que tanto la suspensión que había dispuesto el Concejo Deliberante como las posteriores acciones para impulsar una revocatoria de su mandato forman parte de una "persecución personal, política y mediática".

Román brindó una conferencia de prensa acompañado por integrantes de su gabinete, concejales y la secretaria de Hacienda municipal, Cristina Bravo. Allí hizo un extenso repaso de lo ocurrido durante las últimas semanas y concentró sus críticas en los seis concejales que impulsaron su apartamiento preventivo.

El jefe comunal recordó que su suspensión había sido establecida mediante la Ordenanza 44/26 y destacó que posteriormente intervino el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que anuló aquella decisión y los actos derivados de ella, permitiéndole regresar al Ejecutivo municipal.

"Todo esto no es ni más ni menos que una persecución personal, política y mediática en contra de nuestra gestión y de mi persona como intendente", sostuvo Román.

Según planteó, al fracasar el intento de apartarlo del cargo comenzó inmediatamente un proceso de revocatoria de mandato.

Sobre este punto, Román buscó diferenciar el mecanismo institucional de las actuaciones del Concejo Deliberante. Aseguró que no se opone a que los vecinos decidan sobre su continuidad y remarcó que la revocatoria está contemplada por la Carta Orgánica de Allen.

"Estoy de acuerdo con el proceso de revocatoria porque es una institución dentro de nuestra Carta Orgánica, está previsto en el sistema democrático", afirmó.

Sin embargo, cuestionó duramente la manera en que se inició el procedimiento y puso bajo sospecha la cantidad de adhesiones presentadas inicialmente.

De acuerdo con los cálculos realizados por su equipo y sus abogados, las firmas contenidas en las 104 planillas presentadas ante el Concejo Deliberante no alcanzarían, según afirmó, el 10 por ciento requerido.

Román denunció además que no pudo acceder a los originales de esas planillas pese a haberlo solicitado.

Relató que se presentó personalmente en el Concejo Deliberante acompañado por abogados y un escribano público, pero que nuevamente le fue impedido revisar la documentación original.

"Me negaron nuevamente el acceso a poder visar o ver de alguna manera los originales de esas planillas y nuevamente han vulnerado un derecho de defensa", sostuvo.

El intendente aclaró, de todos modos, que no cuestionará a los vecinos que quieran participar del procedimiento ni realizará acciones contra quienes adhieran a la revocatoria.

"Apoyo esta moción de que el pueblo pueda decidir democráticamente", insistió, aunque inmediatamente volvió a cargar contra los concejales opositores, a quienes acusó de haber "violado la Carta Orgánica", actuar de manera "ilegal" y "mentirle a la gente".

Anticipó nuevas acciones judiciales

Román adelantó que su administración y sus abogados están recopilando antecedentes administrativos y judiciales para efectuar nuevas presentaciones.

"Vamos a realizar las presentaciones judiciales correspondientes donde corresponda, si es en la Justicia ordinaria o a través del Superior Tribunal de Justicia", anunció.

También responsabilizó políticamente a los seis concejales por las consecuencias económicas que, según afirmó, tendrá para el municipio el conflicto institucional.

En ese tramo de la conferencia elevó todavía más el tono y los acusó de haber actuado de manera "mentirosa, fraudulenta e ilegal", además de hablar de "impericia, imprudencia" y "negligencia".

Román sostuvo que los costos derivados de estas disputas terminan siendo afrontados por los contribuyentes de Allen.

"Quien paga los platos rotos siempre es el pueblo a través de sus impuestos", expresó.

Bravo apuntó a los gastos en medio de las dificultades para pagar salarios

La secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Allen, Cristina Bravo, incorporó otro elemento a la polémica y cuestionó decisiones adoptadas durante el período en que Román permaneció apartado del Ejecutivo.

Bravo reveló que Fabián Figueroa habría realizado un reclamo ante el Tribunal de Cuentas por el pago de sus haberes correspondientes al período en el que ejerció como intendente interino, situación que, según la funcionaria, adquirió una dimensión particular luego de que el Superior Tribunal de Justicia anulara los actos derivados de la suspensión de Román.

"El señor Fabián Figueroa se acercó al Tribunal de Cuentas también a hacer el reclamo. Me entero porque el Tribunal de Cuentas vino a decirme por qué no le había pagado el sueldo a Fabián Figueroa, porque había hecho el reclamo", relató.

Para Bravo, "el grado y la gravedad de la situación escapa a nuestro alcance".

Pero la funcionaria puso especial énfasis en lo ocurrido el 14 de agosto, cuando, según relató, durante una asamblea realizada en el Teatro Municipal se convocó al personal y se le transmitió un delicado panorama sobre las cuentas comunales.

Según Bravo, en aquel encuentro se les habría informado a los trabajadores que los recursos disponibles no alcanzaban para garantizar el pago de los salarios y que existían serias dificultades para afrontar los haberes de septiembre.

La secretaria de Hacienda contrapuso aquella advertencia con una decisión posterior del Concejo Deliberante relacionada con el proceso de revocatoria.

Mencionó concretamente la Resolución 49/2026, cuyo artículo 8, de acuerdo con lo leído por la funcionaria durante la conferencia, dispone la contratación de publicidad para informar la apertura y habilitación de los libros de adhesión a la revocatoria, incluyendo publicaciones en medios de comunicación como los diarios Río Negro y La Mañana de Neuquén.

"Eso es gravísimo", afirmó Bravo.

Y explicó el motivo de su cuestionamiento: "Hace unos días en una asamblea le dicen al empleado que no tienen para pagar sueldos, que el municipio no tiene para pagar sueldos, y ahora está contratando servicios de comunicación".

"El municipio no lo puede abonar"

Bravo fue más allá y advirtió que Hacienda no estaría en condiciones de afrontar ese tipo de erogaciones debido a las prioridades financieras que enfrenta actualmente la comuna.

"Esos servicios que van a contratar, el municipio no los puede abonar", aseguró.

La funcionaria enumeró entonces cuáles serán, según dijo, las prioridades económicas de la administración de Román: el pago mensual de los salarios, el aguinaldo, la entrega de indumentaria correspondiente a los empleados municipales, el cumplimiento con los proveedores y el sostenimiento de los servicios esenciales.

"Nosotros hoy vamos a priorizar el pago de haberes, vamos a priorizar los sueldos mes a mes, vamos a priorizar el aguinaldo", señaló.

Agregó que también buscarán garantizar los compromisos con proveedores para evitar que las dificultades financieras afecten "el normal funcionamiento de los servicios" municipales.

En ese contexto, consideró "totalmente irracional" que se dispongan gastos publicitarios vinculados con la revocatoria después de haber advertido a los trabajadores municipales sobre la falta de recursos.

"Es totalmente irracional que hace unos días atrás en una asamblea se diga que no hay para pagar sueldos, que se tiene que juntar pesito por pesito, y hoy se haga esto", cuestionó.

Una crisis que ahora también tiene un capítulo financiero

Las declaraciones de Román y Bravo muestran que el regreso del intendente al Ejecutivo, lejos de cerrar la crisis institucional de Allen, abrió una nueva etapa del enfrentamiento.

Por un lado, Román cuestiona la legalidad de distintas actuaciones del Concejo Deliberante y anticipa nuevas presentaciones judiciales. Por otro, su secretaria de Hacienda pone ahora bajo discusión las decisiones económicas tomadas durante el período de suspensión y los gastos que genera el procedimiento de revocatoria.

Román insiste en que no pretende impedir que la ciudadanía se pronuncie sobre su continuidad y asegura que acepta la revocatoria como herramienta democrática. Su cuestionamiento, sostiene, apunta al procedimiento seguido y particularmente a la cantidad y validez de las firmas que dieron inicio al proceso.

La confrontación entre el Ejecutivo y un sector mayoritario del Concejo Deliberante, por lo tanto, continúa escalando. Y a la disputa política y judicial se suma ahora una cuestión particularmente sensible para los trabajadores municipales: el estado de las cuentas y la capacidad del municipio para garantizar salarios, aguinaldos, proveedores y servicios mientras continúa una pelea institucional que parece lejos de terminar.