La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechaza la implementación biométrica de reconocimiento facial para controlar la asistencia de los trabajadores de hospitales de la Provincia. El sindicato expresó que la inversión de 1500 millones de pesos a la empresa privada Airata S.A., a través de ALTEC S.E., en tecnologías de vigilancia refleja una distorsión de prioridades y alegó que esos fondos podrían destinarse a una mejora del sistema de salud, con la incorporación de recursos humanos, aparatología, insumos médicos, seguridad e infraestructura.
“Es una contradicción que el Ministerio de Salud se ocupe de la implementación de sistemas de alta tecnología de control humano, cuando esos recursos de dinero podrían destinarse a mejorar la calidad de la atención de los hospitales”, dijo Carolina Suárez, secretaria general de la seccional Allen de ATE y referente provincial de salud.
El sindicato también manifestó su gran preocupación frente a la manipulación y uso de datos biométricos, que ponen en riesgo la seguridad de trabajadores. ATE resaltó que el posible robo de esa información vulnera la normativa de protección de datos.
“Ante la falta de claridad en los procedimientos de la implementación de este sistema, exigimos que el ministro Thalasselis anule su ejecucion y evite poner en riesgo la seguridad y privacidad de los y las hospitalarias, agregó la dirigente. “Exigimos que se cumpla con la Ley de Protección de Datos Personales y se pongan a disposición otros métodos alternativos”.
La agencia de Acceso a la Información Pública (AIP), que es el órgano que controla la Ley 25.326 de protección de datos personales, estipula en su resolución 4/2019, artículo 5, que el tratamiento de datos es ilícito y que, aunque hubiera un consentimiento expreso del titular para proveerlos, no podría considerarse libre ante la relación asimétrica de poder entre el empleador y el empleado. Además, menciona que, si esos datos sensibles se filtraran, podrían causar daños irreparables de fraude de identidad. También agrega que el empleador no puede obligar a los trabajadores a acceder a este sistema y que debe ofrecer otras alternativas.
“El ministro Thalasselis pretende tapar con espejos de colores la situación crítica que atraviesan los hospitales y centros de atención primaria de la salud”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE. “El centro del deterioro de la salud de los rionegrinos no está en si un hospitalario hace una hora de más o de menos, sino en el déficit presupuestario que arrastra desde hace un tiempo el ministerio”, agregó.
Según consta en el portal de Compras de Río Negro, el destino de los equipos son los 36 hospitales públicos y los 190 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en distintas localidades. Sin embargo, la documentación oficial deja abierta la posibilidad de que el sistema pueda extenderse a otros organismos de la administración pública.
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