El gobierno de Río Negro exige a los contribuyentes que cedan su privacidad digital para poder operar y pagar impuestos

En la edición #30 de LUVER, La Única Verdad es la Realidad, por FM DE LA COSTA (www.fmdelacosta999.com.ar) , Gonzalo Santos presentó una nueva derivación de la investigación Estado Intruso, iniciada por DosNueveVeinte para indagar el uso de
datos personales, WhatsApp, Río Bot, Botview, mensajería masiva, bases estatales e intimidad digital de los rionegrinos.

El nuevo hecho detectado incorpora una capa de mayor gravedad institucional: la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro comenzó a exigir a todos los contribuyentes la constitución o actualización del Domicilio Fiscal Electrónico y la declaración obligatoria de un número de teléfono celular válido para poder operar en los servicios web con clave fiscal.

La pantalla del sistema informa que “para operar en los servicios web, es obligatorio registrar el Domicilio Fiscal Electrónico e informar un número de teléfono celular válido”. Además, advierte que, en caso contrario, “se limitará el acceso a los servicios con clave fiscal de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro”.

Para Santos, esta nueva exigencia muestra una contradicción de fondo: el Gobierno obliga al contribuyente a ceder privacidad digital para poder operar y pagar impuestos destinados a sostener un Estado que luego
devuelve servicios públicos deteriorados.

“El Estado que no puede garantizar escuelas dignas, hospitales funcionando, rutas en condiciones, transparencia en los sueldos políticos, declaraciones juradas accesibles ni controles reales sobre el poder, ahora sí aparece quirúrgico, preciso e implacable para capturar el número de teléfono de todos los contribuyentes”, planteó Santos durante su editorial.

En ese marco, el creador de DosNueveVeinte sostuvo que el problema no es la digitalización en sí misma, sino el modo en que el Estado provincial administra datos sensibles sin explicar con claridad su finalidad, alcance, resguardo, trazabilidad y límites.

“El teléfono no es un dato neutro. Hoy es una extensión de la vida privada: familia, hijos, trabajo, urgencias, bancos, turnos, grupos de escuela, obra social, trámites e intimidad cotidiana. Cuando el Estado exige ese dato como condición para operar con clave fiscal, no pide un número más en un formulario: pide una llave”, afirmó.

La investigación Estado Intruso ya había revelado contrataciones millonarias para mensajería oficial por WhatsApp, el vínculo con Botview, el funcionamiento de Río Bot y la posibilidad de que distintas interacciones ciudadanas queden asociadas a necesidades concretas como salud, ayudas, créditos, empleo, educación o trámites. 

Esa agenda tuvo impacto institucional: nueve legisladores provinciales de distintos bloques presentaron un pedido de informes para que el Ejecutivo explique cómo obtiene, administra, conserva, terceriza y utiliza los datos personales de los rionegrinos en comunicaciones oficiales,  ots, plataformas digitales, SMS, WhatsApp y servicios de mensajería masiva.

Ahora, la aparición de este reempadronamiento tributario obligatorio obliga a ampliar el foco sobre la Agencia de Recaudación Tributaria. Las preguntas centrales son: qué norma dispuso esta exigencia, por qué
comenzó después de la investigación de DosNueveVeinte, cuál es la finalidad tributaria específica de exigir un teléfono celular a todos los contribuyentes, quién accede a esa base, si puede cruzarse con otros sistemas provinciales, si puede ser compartida con proveedores privados y qué garantías existen para impedir cualquier uso político o electoral.

“El Estado no puede usar la clave fiscal como torniquete para capturar teléfonos celulares. Si para cumplir, pagar o hacer un trámite primero tenés que entregar tu celular, el Gobierno tiene que explicar para qué lo
quiere, quién lo toca, dónde lo guarda, con qué sistemas lo cruza y bajo qué control democrático”, remarcó Santos.