Una semana que confirmó el clima: Río Negro entre demandas y gestión

La semana política en Río Negro no dejó grandes anuncios rimbombantes ni giros de fondo, pero sí algo quizás más determinante: una acumulación de señales que, leídas en conjunto, muestran a una provincia donde las tensiones ya no irrumpen como hechos aislados, sino como una dinámica sostenida que atraviesa prácticamente todas las áreas del Estado. Más que un hecho dominante, lo que se consolida es un clima.

En el frente educativo, el conflicto volvió a escalar con definiciones concretas. Por un lado, UnTER ratificó un paro de 48 horas, profundizando la confrontación con el gobierno provincial. En paralelo, se reactivó el debate legislativo: se exigió el tratamiento en segunda vuelta de la ley que declara a la educación como servicio esencial, mientras que el legislador José Luis Berros propuso que la presencia del ministro o ministra de Educación sea obligatoria en las paritarias, con capacidad real de decisión. Ambas iniciativas, aunque desde perspectivas distintas, coinciden en un punto: la percepción de que el esquema actual de negociación está agotado.

El malestar no se limita a la docencia. La semana mostró un movimiento más amplio de los trabajadores estatales. Diversos gremios rionegrinos unificaron reclamos contra las políticas de ajuste, tanto del gobierno nacional de Javier Milei como de la gestión provincial de Alberto Weretilneck, y convocaron a medidas de fuerza. En ese marco, también surgieron tensiones específicas, como el rechazo de ASSPUR a la quita de licencias gremiales, una decisión oficial que fue defendida por el gobierno pero que suma un nuevo foco de conflicto en el área sanitaria.

Justamente en salud, uno de los datos más sensibles de la semana fue la profundización de las restricciones por parte de clínicas y sanatorios de la Patagonia en la atención a afiliados de PAMI. La suspensión de prácticas ambulatorias y cirugías programadas expone una crisis estructural que trasciende lo provincial, pero cuyos efectos recaen directamente sobre la población. Es un tema que, por su impacto social, difícilmente pueda sostenerse sin intervención política.

En paralelo, la seguridad volvió a instalarse como preocupación. La aparición de un arma en el domicilio de un alumno tras una denuncia encendió alarmas en el ámbito educativo, mientras que especialistas advirtieron sobre el impacto de la hiperconectividad en las amenazas escolares, señalando una pérdida de noción de las consecuencias en jóvenes. A esto se sumaron reclamos políticos para bloquear el uso de celulares en cárceles, evidenciando una agenda que empieza a vincular delito, tecnología y control estatal.

El plano político, por su parte, mostró señales de reacomodamiento, pero también de tensiones internas. Quedó expuesta nuevamente la distancia entre el gobernador Weretilneck y el vicegobernador Pedro Pesatti, en un vínculo que sigue generando lecturas dentro del oficialismo. A la vez, el mandatario recogió planteos del propio Pesatti, en un gesto que aparece más reactivo que parte de una estrategia coordinada.

En la oposición, también hubo movimientos. El PRO rionegrino comenzó a discutir su conducción en busca de unidad, mientras que en Viedma una reunión de La Libertad Avanza generó polémica por el lugar y los costos, evidenciando que la construcción libertaria en el territorio no está exenta de cuestionamientos. En ese mismo plano, se conoció que Damián Torres no tendría intenciones de ser candidato a intendente, reconfigurando expectativas en el mapa local.

Uno de los reclamos estructurales que volvió a escena fue el estado de la Ruta Nacional 22. En este caso, fue la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, quien solicitó que se prioricen las obras en el tramo que atraviesa su ciudad, reavivando un planteo histórico que combina seguridad vial, desarrollo regional y responsabilidades compartidas entre Nación y provincia.

A nivel local, Viedma mostró una doble cara en el marco de su 247° aniversario. Por un lado, el gobierno municipal y provincial pusieron en agenda una serie de obras vinculadas a infraestructura urbana, mejoramiento de espacios públicos y proyectos estratégicos para la ciudad, en un intento de proyectar gestión y planificación a mediano plazo. Por otro, el contexto general —marcado por conflictos y restricciones— relativiza el impacto político de esos anuncios, que corren el riesgo de diluirse en una agenda dominada por la urgencia.

En ese entramado, también emergieron voces desde ámbitos menos tradicionales. Desde la cárcel de General Roca, Rubén Muñoz valoró el inicio de instancias de diálogo con el gobierno y llamó a sostener ese camino. Aunque pueda parecer un dato marginal, no deja de ser significativo en un contexto donde el diálogo aparece, justamente, como uno de los déficits más señalados.

El balance de la semana deja así una imagen compleja. Hay datos positivos —como el crecimiento del empleo privado en la provincia o cambios en áreas del gabinete, como la designación de María Sol Canalda en Turismo—, pero conviven con una acumulación de conflictos que condicionan el clima general.

Río Negro transita, entonces, una etapa donde la gestión ya no se mide solo por lo que hace, sino por su capacidad de administrar tensiones. Y en ese terreno, la semana volvió a dejar en claro que el desafío no es menor: ordenar la conflictividad antes de que se transforme en el rasgo dominante del escenario político provincial.