Ahora el frente sindical se moviliza en Santa Fe y Aguiar advierte a gobernadores: “Quienes avalen la reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte”

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras se movilizan hoy en Rosario, provincia de Santa Fe, para exigir a los mandatarios provinciales y sus senadores que rechacen el proyecto de reforma laboral del Gobierno nacional. “Los gobernadores que avalen la reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“El proyecto contempla una rebaja en el impuesto a las ganancias para las grandes empresas que se financiará con el 60% de los fondos que tienen que distribuirse en las provincias. Los gobernadores tienen que dejar de especular y comenzar a defender a los ciudadanos que habitan en cada uno de sus territorios. No pueden malversar el voto popular. Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de desaparecer”, completó el referente estatal. 

En este sentido, el dirigente señaló: “Se está proponiendo una norma que ataca a los sindicatos para debilitar y desproteger a los trabajadores a la hora de discutir sus salarios y sus condiciones laborales. Tenemos que seguir en las calles y pensar en profundizar el plan de acción  si esta ley avanza en el Congreso”. 

“Esta es una norma que aumentará rápidamente la tensión y el conflicto social. El acuartelamiento de la Policía en Santa Fe es un ejemplo y el escenario será aún  peor”, concluyó Rodolfo Aguiar.

El sindicato estatal realizará mañana 11 de febrero un Paro Nacional con movilización al Congreso, cuando se esté tratando la iniciativa del oficialismo en el Senado.

Desde ATE señalaron que el capítulo fiscal de la reforma laboral daña directamente a las provincias, ya que la reducción de las alícuotas de impuestos, como Ganancias para grandes empresas, tiene un impacto anual de 1,9 billones de pesos menos en las recaudaciones, de los cuales al Gobierno Nacional le corresponden $790.000 millones y al conjunto de provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) $1,12 billones.