El gobierno de Weretilneck cobra hasta 64% más por m² en viviendas incompletas

En la edición #13 de LUVER – La Única Verdad es la Realidad, el programa radial conducido por Gonzalo Santos en FM De la Costa, se presentó un análisis técnico sobre los contratos de adjudicación de viviendas del programa provincial “Camino a Casa”, tras la entrega de 20 unidades encabezada por el gobernador Alberto Weretilneck el pasado 20 de marzo en el barrio Santa Clara de Viedma.

El eje del análisis se centró en una tensión estructural entre el diseño formal del programa y el costo real de acceso a la vivienda.

El dato central es el precio. Cada unidad, de 36 metros cuadrados, tiene un valor de $82.576.995, lo que equivale a $2.294.916 por metro cuadrado.

A primera vista, ese número no aparece desalineado del costo de construcción en la región, que se ubica en torno a los $2,1 millones por m² para viviendas terminadas.

Sin embargo, la comparación cambia cuando se analiza el producto efectivamente entregado.

Las unidades son prototipos “evolutivos”: monoambientes sin equipamiento básico completo —sin calefacción, cocina ni termotanque— que requieren ampliaciones posteriores para ser habitables por familias tipo. A esto se suma que tanto el terreno como la infraestructura de servicios fueron financiados previamente por los adjudicatarios.

En ese contexto, el valor técnico estimado para una unidad de estas características debería ubicarse entre $1,4 y $1,7 millones por m². Esto implica que el precio fijado por el Estado se ubica entre un 35% y un 64% por encima del valor técnico ajustado al producto realmente entregado.

Durante el programa, Santos sintetizó el núcleo del problema con una definición directa: “El Estado no está entregando una vivienda terminada; está financiando una base constructiva mínima, pero la está cobrando como si el problema habitacional ya estuviera resuelto.”

El análisis también abordó el esquema de financiamiento.

El contrato establece que la cuota será de hasta el 20% del ingreso familiar. Tomando como referencia el salario estatal promedio en Río Negro —estimado en $1.300.000 según el Índice Integral de Sustentabilidad Salarial (IISS) desarrollado por DosNueveVeinte—, ese porcentaje equivale a $260.000 mensuales.

Sin embargo, el cálculo financiero del crédito arroja una cuota cercana a los $350.000 mensuales, lo que excede la capacidad de pago de un solo ingreso estatal.

A esto se suma la condición de habitabilidad.

Dado que las viviendas requieren ampliaciones y que muchas familias no pueden mudarse inmediatamente a unidades de 36 m², el acceso efectivo implica sostener simultáneamente:

• la cuota de la vivienda (≈ $350.000),
• un alquiler promedio estimado en $400.000,
• y la construcción de al menos una habitación adicional.

En ese escenario, el esfuerzo total mensual puede alcanzar los $1.050.000, lo que representa aproximadamente el 40% del ingreso familiar en un hogar con dos salarios estatales, y puede escalar hasta el 50%.

En ese punto, Santos planteó la divergencia central del modelo: “El contrato dice 20%.

La realidad construye otra cosa: entre el 35% y el 50% del ingreso familiar. No es un problema de precio, es un problema de diseño.”

El análisis concluye que el programa configura un esquema en el que el Estado financia una unidad mínima, pero traslada al adjudicatario el costo de completar las condiciones de habitabilidad, manteniendo al mismo tiempo un nivel de exigencia financiera equivalente al de una vivienda terminada.