Ana Marks presentó el proyecto de jubilación diferencial para brigadistas y denunció el vaciamiento del Manejo del Fuego

En medio de una de las peores crisis ígneas de las últimas décadas y frente al desfinanciamiento deliberado de las políticas de prevención, la senadora nacional por Río Negro Ana Marks presentó en el Senado el proyecto de ley de Jubilación Diferencial para Combatientes de Incendios Forestales y Rurales, una iniciativa que reconoce el carácter riesgoso, insalubre y extremo de una tarea esencial que hoy el Estado nacional abandona.

El proyecto surge tras meses de trabajo junto a brigadistas de organismos nacionales y provinciales y se presenta en un contexto alarmante: el Servicio Nacional de Manejo del Fuego sufrió una caída presupuestaria real superior al 70%, no existen fondos extraordinarios para enfrentar la emergencia y el Gobierno nacional optó por un DNU que no asigna recursos nuevos, no mejora condiciones laborales ni protege a quienes combaten el fuego. Mientras tanto, los incendios se repiten con mayor intensidad y duración, dejando territorios devastados y comunidades en riesgo.

“Los incendios no son inevitables. Lo inevitable es lo que pasa cuando se ajusta, se subejecuta el presupuesto y se vacía el sistema de manejo del fuego. Mientras el Gobierno mira para otro lado, los brigadistas ponen el cuerpo en condiciones cada vez más precarias”, sostuvo Marks, y agregó: “No se puede hablar de emergencia mientras se recortan recursos y se les niegan derechos a quienes arriesgan su vida”.

La senadora fue contundente al cuestionar la política ambiental del gobierno de Javier Milei, que combina recortes presupuestarios con el debilitamiento de la Ley de Manejo del Fuego, eliminando la prohibición de modificar el uso del suelo en tierras incendiadas. “Cuando se desfinancia la prevención y se flexibilizan las leyes ambientales, el fuego deja de ser una tragedia y pasa a ser un negocio”, afirmó.

El proyecto de ley establece el acceso a la jubilación ordinaria a los 55 años para los varones y 52 para las mujeres, con 25 años de servicios, de los cuales al menos 15 deben haber sido prestados en tareas directas de combate en el terreno. Además, reconoce los servicios realizados con anterioridad a la sanción de la ley, crea un registro específico de trabajadores alcanzados e invita a las provincias a adherir al régimen.

“Las comunidades sabemos la importancia que tienen quienes combaten el fuego. Los vemos año tras año dejar la salud y poner en riesgo su vida para proteger a otros. Por eso esta jubilación no es un privilegio: es un hecho de enorme justicia”, señaló Marks.

Finalmente, la senadora advirtió que no hay política ambiental posible sin trabajadores protegidos ni Estado presente. “El ajuste sobre los brigadistas y el vaciamiento del Manejo del Fuego no son errores: son decisiones políticas. Defender a quienes combaten el fuego es defender la vida, el territorio y la soberanía ambiental”, concluyó.