Río Negro presentó su Plan Maestro Hídrico, manejado por una cuestionada empresa israleí

El Gobierno de Río Negro presentó oficialmente el Plan Maestro para el Sector Hídrico, un estudio estratégico elaborado por Mekorot, la empresa estatal israelí reconocida mundialmente por su experiencia en gestión del agua. El trabajo fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y contó con la asistencia técnica permanente del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y de consultores especializados.

La primera instancia se desarrolló en el Salón Gris de Casa de Gobierno, donde el Gobernador Alberto Weretilneck encabezó la actividad. Representantes de la empresa expusieron los principales lineamientos del estudio ante miembros del equipo de gobierno y referentes de las áreas vinculadas al uso y la gestión del agua.

Más tarde, la presentación se realizó en la Legislatura, en un encuentro convocado por la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, presidida por el Legislador Carlos Valeri. Allí, las y los parlamentarios accedieron a los detalles del diagnóstico y sus recomendaciones.

El estudio demandó varios meses de trabajo, con una participación activa del DPA en el análisis, las devoluciones técnicas y cada etapa de evaluación. También intervinieron la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, la Secretaría de Agricultura, Aguas Rionegrinas, cooperativas de agua potable y operadores de plantas de agua y saneamiento.

Una hoja de ruta para los próximos 30 años

El Coordinador de Proyectos Internacionales de Mekorot, Diego Berger, junto al Director de Proyectos, Juan Andrés Pina, presentaron los siete ejes centrales que estructuran el Plan Maestro y que proyectan una hoja de ruta para fortalecer la seguridad hídrica, la infraestructura y la planificación de largo plazo en la provincia.

Tras la exposición, el equipo técnico del DPA respondió consultas y profundizó en los aspectos metodológicos y técnicos del diagnóstico.

El Superintendente del DPA, Gastón Renda, destacó el valor del trabajo conjunto entre Mekorot, el CFI y el organismo provincial. Subrayó la importancia de contar con un estudio que aporta previsibilidad para los próximos 30 años, con un diagnóstico sólido y la sistematización de información clave para la toma de decisiones estratégicas.

Un diagnóstico integral para mejorar la infraestructura hídrica

El Plan Maestro incluyó:

• La revisión de normativas, procesos y métodos vigentes en la gestión del agua.
• Una evaluación detallada de la infraestructura hídrica y los sistemas existentes en Río Negro.
• Propuestas de mejora basadas en estándares internacionales.
• Una mirada externa e independiente sobre la situación hídrica de la provincia.

La Justicia cierra la causa contra la exgobernadora por el acuerdo con Mekorot en Río Negro

La denuncia penal presentada por las legisladoras Magdalena Odarda y Ayelén Spósito contra la exgobernadora Arabela Carreras, por haber firmado en 2023 un convenio con la empresa israelí Mekorot para la elaboración de un “Plan Maestro Hídrico” para la provincia, fue definitivamente archivada. Así lo resolvió el fiscal a cargo, quien consideró que “no existió delito alguno” en la firma del acuerdo. 

La denuncia: motivos y objeciones

El acuerdo entre la provincia, a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y Mekorot preveía la asistencia técnica para analizar recursos hídricos, demografía del consumo, posibles necesidades de desalinización, reúso de efluentes y la modernización de canales, entre otros puntos. 

Odarda y Spósito denunciaron que el convenio vulneraba la soberanía provincial sobre el agua, que debía ser considerado un “bien de dominio público”. También criticaron la falta de publicidad del contrato —entre ellos su ausencia en el boletín oficial— y advirtieron que se entregaba a una firma extranjera información sensible sobre recursos hídricos, geología y demografía de la población. 

Además, denunciaron que Mekorot está cuestionada internacionalmente —acusaciones de limitación del acceso al agua en territorios ocupados—, lo que para ellas refuerza los reparos sobre entregar la gestión hídrica provincial a una empresa con potenciales violaciones de derechos humanos. 

Por qué la Justicia decidió archivar

En su fallo, el fiscal responsable consideró que el convenio no configura un “acuerdo internacional” entre estados que requiera aprobación legislativa, sino un contrato de consultoría técnica suscripto por el CFI —organismo interprovincial— y la empresa. Por ello, no habría obligación de publicación en boletín oficial ni intervención de la Legislatura. 

Además, el fiscal jefe ratificó que la firma del convenio no involucró “entrega de soberanía” ni cesión de dominio sobre el recurso hídrico: los estudios contratados por Mekorot debían ser entregados al Estado provincial —y así fue—, descartando que la provincia haya perdido el control sobre el agua. 

Finalmente, la Justicia concluyó que no se configuraron los delitos denunciados —abuso de poder ni incumplimiento de deberes de funcionario público— ya que no existió dolo ni una conducta punible. 

Reacciones distintas: preocupaciones siguen abiertas

Para Odarda, la decisión es “arbitraria e insuficiente”. Presentó un recurso de revisión ante fiscalía superior, denunciando que la investigación no agotó todas las pruebas ni valoró los riesgos institucionales, técnicos y de soberanía que implicaba el convenio. 

Por su parte, la exgobernadora Carreras celebró el archivo, calificando la denuncia como “infundada” y aduciendo que la consultoría buscaba simplemente mejorar la gestión del agua en Río Negro, dentro de un marco técnico y administrativo legítimo. 

¿Qué queda en pie tras el fallo?

La causa penal está cerrada: la Justicia entiende que no hay delito que perseguir.

Pero sigue abierto el debate público y político sobre la transparencia en contratos técnicos sobre recursos estratégicos, la soberanía provincial sobre el agua y el grado de participación ciudadana y control público en decisiones hídricas.

Con el recurso de revisión presentado, no se descarta que la causa pueda reactivarse si se consideran nuevos argumentos o pruebas por parte de las denunciantes.