Ingresó a la Legislatura un proyecto de ley del bloque PRO – Unión Republicana, destinado a crear un régimen integral contra el acoso escolar y el ciberacoso en todos los establecimientos educativos, tanto públicos como privados.
El objetivo principal de la iniciativa, impulsada por Maria Laura Frei y Juan Martín, es proteger la integridad física, psicológica, social y moral de niños, niñas y adolescentes, promoviendo una cultura de convivencia basada en el respeto y la empatía.
Los fundamentos del proyecto subrayan la urgencia de la respuesta legislativa, citando datos alarmantes de la evaluación Aprender 2024 sobre Clima Escolar en Secundaria en Río Negro. De allí surge que un 32,6% de los estudiantes rionegrinos reportó haber sido agredido físicamente o verbalmente durante 2024. Esta cifra representa un incremento respecto al 29,3% reportado en 2022, confirmando una secuela persistente de agresividad posterior a la pandemia.
De manera similar, el ciberacoso se consolida como un canal de conflicto activo, con un 23,1% de los estudiantes afirmando haber sido víctimas de agresiones o dichos molestos en redes sociales.
Los autores del proyecto explican que el acoso escolar ya no puede interpretarse como un simple “conflicto entre pares”, sino como una violación de derechos humanos fundamentales.
Mencionan que el cierre prolongado de las escuelas durante 2020-2021 impactó negativamente el vínculo interpersonal y la regulación socioemocional, dificultando el desarrollo de habilidades sociales complejas, como la negociación presencial. Al regresar a la presencialidad en 2022, se observó un aumento de la agresividad y el ciberacoso, interpretado como una consecuencia directa de la falta de práctica en la gestión de conflictos cara a cara.
Ejes centrales del nuevo régimen
El proyecto busca que la política pública provincial pase de la fase de “Recuperación de Vínculos” a la de “Intervención en Habilidades Socio-Emocionales Específicas”.
Para lograrlo, proponen crear el Consejo Provincial de Convivencia y Prevención del Acoso Escolar. Se trata de un órgano consultivo e interinstitucional para elaborar lineamientos y evaluar resultados. Además, cada establecimiento deberá designar un referente de convivencia escolar.
Los establecimientos educativos deberán implementar protocolos institucionales que incluyan mecanismos de denuncia confidenciales, comunicación inmediata con las familias, intervención interdisciplinaria y acciones restaurativas. El incumplimiento injustificado de estos protocolos será considerado falta institucional.
El proyecto se enfoca en el reconocimiento de la responsabilidad parental como deber público y social. Los padres o tutores de los menores autores de acoso serán responsables por omisión de los deberes de cuidado, orientación y vigilancia. Las sanciones aplicables a los responsables legales se darán solo ante una omisión deliberada o negligente de los hechos previamente notificados por la institución.
Estas sanciones tendrán un carácter educativo y restaurativo e incluirán multas (equivalentes a entre 25 y 50 veces el valor mínimo de una sesión individual de psicoterapia), trabajo comunitario de hasta 30 días, y la obligación de asistir a talleres de parentalidad o terapia familiar en casos graves o de reincidencia.
La iniciativa incorpora estas figuras de responsabilidad parental en el Código Contravencional, alineándose con tendencias legislativas de otras provincias como Mendoza y Catamarca, que buscan sancionar la omisión de los deberes de vigilancia.
El proyecto tiene la finalidad de evitar la judicialización de los conflictos, ya que, ante la falta de herramientas educativas efectivas, los Juzgados de Paz de la provincia ya han tenido que intervenir dictando medidas cautelares como restricciones de contacto y asistencia psicológica obligatoria. Se busca que estos conflictos se resuelvan en primera instancia en el ámbito educativo.
El dirigente de La Libertad Avanza (LLA) asumirá en reemplazo de Lorena Villaverde, quien finalmente renunció a su postulación en la Cámara alta en medio de graves acusaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico. Fullone es un hombre cercano al círculo de Karina Milei.
