(AUDIO) Cómo afecta el proyecto aprobado en Legislatura a los trabajadores judiciales y sus familias

El secretario general de SITRAJUR, Marco Calarco, se refirió en FM DE LA COSTA al impacto que tendrá para el sector judicial el proyecto aprobado este jueves en la Legislatura de Río Negro, iniciativa que el gremio considera un recorte directo al financiamiento sindical y a los beneficios vinculados al salario indirecto.

Calarco sostuvo que “cada vez que sesiona la Legislatura, es para quitarnos derechos, golpear al colectivo judicial, no reconocer la labor real que hacen los compañeros y compañeras, y eso es indignante”.

Según explicó, la norma votada “atacó el salario indirecto que tiene la familia judicial”, y apuntó que la modificación “busca cercenar el acceso a una cobertura un poco más amplia en farmacias, los estudios bioquímicos, el convenio que tenemos con IPROSS con más de 500 prácticas”.

El dirigente también cuestionó el vínculo del gremio con el bloque oficialista (JSRN), asegurando que “en ningún momento nos atendió el teléfono, siempre hubo una respuesta evasiva. Después de las elecciones no contestaron nunca más y no se ponen a disposición”. En ese sentido, planteó que “no entienden el rol verdadero que tiene: un servicio a la sociedad”.

En el cierre, Calarco afirmó que el escenario legislativo y político marcará un cambio de posición para quienes hoy impulsan estas medidas. “Tarde o temprano van a venir a este lado de la vereda, que es en donde estamos los sindicatos dando la lucha y las batallas, en el plano que hay que darla”, expresó.

El proyecto aprobado en la Legislatura derogó la contribución del dos por mil que se aplicaba sobre juicios contenciosos o voluntarios y que se destinaba al financiamiento de SITRAJUR. La iniciativa, tratada y votada por mayoría, elimina ese aporte al considerar que constituía una obligación impuesta a la ciudadanía ajena a la actividad sindical y que encarecía el inicio de demandas judiciales.

Sus impulsores lo definieron como un “impuesto encubierto” que debía ser eliminado para reducir costos de litigación, mientras que distintos bloques de la oposición plantearon que la medida impacta en beneficios sociales y sanitarios que el sindicato brinda a los trabajadores judiciales a partir de ese financiamiento.