Piden a la Procuración General que investigue las concesiones de canteras otorgadas a Claudio Ciccarelli

El legislador provincial Luciano Delgado Sempé (bloque Vamos con Todos) presentó una denuncia formal ante el Procurador General de Río Negro, Jorge Crespo, solicitando que se instruya una investigación de oficio para determinar si los hechos vinculados a Claudio Ciccarelli configuran la comisión de un delito o violan las normas de ética pública vigentes en la provincia.

La presentación se basa en declaraciones públicas del propio gobernador Alberto Weretilneck, quien reconoció que Ciccarelli fue empleado del Estado provincial —primero en la Secretaría de Deportes y luego adscripto en la Legislatura— y al mismo tiempo titular de concesiones para la explotación de canteras de arena silícea otorgadas por la Provincia de Río Negro.

Delgado Sempé advirtió que esta situación podría contravenir la legislación provincial sobre ética pública y conflictos de intereses, que prohíbe expresamente a los empleados y funcionarios públicos mantener o beneficiarse de negocios con el Estado.

Según lo publicado por medios provinciales, el propio Gobernador manifestó que Ciccarelli posee “tres permisos y dos en trámite” para la explotación de canteras, lo que refuerza la necesidad de esclarecer las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas dichas concesiones.

En su nota, el legislador solicitó que la Procuración General requiera informes a la Secretaría de Energía y Ambiente, a la Dirección de Minería y a la Secretaría de la Función Pública, a fin de conocer:

• Todas las autorizaciones, permisos o concesiones de explotación minera otorgadas al Sr. Ciccarelli o a empresas vinculadas a él.
• Su historial laboral dentro del Estado provincial y su situación administrativa actual.

“La gravedad institucional de los hechos amerita una investigación inmediata. Es indispensable garantizar la transparencia y que ningún empleado o funcionario utilice su posición en el Estado para beneficiarse económicamente”, expresó Delgado Sempé.

Finalmente, el legislador reiteró que la ciudadanía tiene derecho a conocer si las normas de ética pública se respetan o se vulneran y sostuvo que la transparencia en la gestión “no puede ser una declamación, sino una práctica cotidiana del gobierno”.