





La Legislatura de Río Negro sancionó este jueves la ley que permitirá expandir las facultades del Departamento Provincial de Aguas (DPA) para generar y comercializar energía de fuentes renovables, incluyendo la solar y eólica, más allá de la hidroeléctrica.


La votación reflejó una mayoría a favor de 36 votos, con la negativa de 9 votos de los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro.
El miembro informante del oficialismo, Carlos Valeri destacó que el proyecto actualiza leyes “progresistas” para permitir al DPA aprovechar la descentralización del mercado energético. Esto posibilita la negociación directa con distribuidores. El DPA, dueño de tierras e infraestructura, busca desarrollar proyectos híbridos (hidroeléctricos y fotovoltaicos) que complementan la generación de energía, asegurando un despacho permanente. Este modelo no requiere inversión directa estatal, pues los costos de construcción se financian con la propia generación energética.
La propuesta busca posicionar a Río Negro como productor de energías limpias, generando ingresos para el Estado y creando empleo.
Por el oficialismo, Daniel Sanguinetti subrayó que el DPA cuenta con una “capacidad ociosa” en sus proyectos hidroeléctricos, que incluye tierras, infraestructura existente y, sobre todo, nodos de conexión al sistema interconectado nacional, que son “un bien muy valioso” y escaso. Según el legislador, el proyecto permitirá “agiornar” y aprovechar al máximo estas capacidades para generar energía renovable y contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, brindando energía limpia a la población. Concluyó reafirmando que el proyecto es “sano” y una “función de un organismo” que busca el desarrollo y la modernización.
El legislador Ariel Bernatene (UCR) señaló que el proyecto “significa darle continuidad a una política de estado provincial de más de 60 años que busca asegurar que los recursos de los ríonegrinos estén al servicio del desarrollo de su gente y no que dependan de decisiones que se tomen en Buenos Aires”. La legisladora Yolanda Mansilla (PRN) indicó que el DPA podrá “competir libremente” con otras empresas.
Los legisladores Daniel Belloso (PJ-NE) y Magdalena Odarda (VcT) expresaron su desacuerdo con la eliminación del requisito de que los proyectos de energías renovables (no hidráulicas) pasen por la Legislatura para su aprobación.
Consideraron que se trata de “coartar la libertad, la división de poderes” que podría permitir la concesión de recursos naturales mediante un “simple acto administrativo”. Odarda enfatizó que el agua es un “derecho humano fundamental, como un bien ambiental,”no un “simple commodity”. Expresó temor de que la infraestructura y tierras del DPA se incluyan en futuras concesiones privadas. También mencionó una “cesión de soberanía” debido al contrato con la empresa israelí Mecorot y la privatización de represas hidroeléctricas nacionales.
Valeri y Mansilla explicaron que la modificación subsana un error de “técnica legislativa” de la ley 3930, que duplicaba exigencias ya presentes en el Código de Aguas. Aseguraron que la aprobación legislativa para concesiones hidroeléctricas de interés público se mantiene. La legisladora Roberta Scavo (CC-ARI-C) defendió el contrato con Mekorot como una iniciativa para asistencia técnica y capacitación, similar a acuerdos con otras provincias.
Cerró el debate el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien criticó a la oposición por lo que consideró contradicciones y desinformación.
López aclaró que, a diferencia de la energía hidroeléctrica, la generación de energía con sol y viento no debería requerir aprobación legislativa ni cobros, ya que “el sol y el viento no son ríonegrino”. Argumentó que el agua es un recurso provincial y por ello la Legislatura interviene en su uso, lo cual no aplica a las otras fuentes renovables.
Defendió el acuerdo con la empresa israelí Mekorot, señalando que es lógico buscar capacitación y experiencia de quienes más saben en manejo de agua, especialmente de países que han logrado eficiencia en su uso a pesar de la escasez hídrica.
Acusó a la oposición de incoherencia al rechazar tanto la explotación petrolera como la modificación para energías renovables, sugiriendo una postura que “volvamos al palito para prender el fuego y volvamos a la época primitiva”. Subrayó la necesidad de modernización y desarrollo.







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