El bloque de legisladores de Vamos con Todos, junto a integrantes de la bancada PJ - Nuevo Encuentro, elevó un pedido de informes a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura de Río Negro, que conduce Juan Pablo Muena, para que brinde precisiones sobre las circunstancias que rodearon la muerte del joven Carlos Petrini Norambuena, ocurrida el 27 de junio en Viedma, presuntamente a manos de otro adolescente que también estaba bajo la protección estatal.
Berros advirtió que "no podemos mirar para otro lado cuando un joven que estaba bajo cuidado estatal termina muerto y otro, también bajo cuidado, es señalado como autor del hecho. Queremos saber si el sistema que dirige el ministro Muena funcionó o si directamente no hizo lo que debía".
El titular del bloque también remarcó que la ausencia de un pronunciamiento oficial sobre el caso "es inaceptable y agrava la situación". Y agregó: "El silencio del ministro Muena y de su cartera no es una opción. La sociedad necesita respuestas claras, no excusas. Queremos saber qué medidas concretas tomó la SENAF antes y después de este hecho y si se cumplieron o no los protocolos de protección".
El pedido de informes solicita datos detallados sobre el acompañamiento que recibían ambos adolescentes, las medidas de prevención implementadas, la articulación con programas como el de Acompañamiento al Egreso (PAE) y la eventual responsabilidad del órgano proteccional.
"Estamos hablando de jóvenes que ya venían de historias muy duras y que, justamente por eso, estaban bajo protección del Estado. Si en ese marco se produce una muerte, el Estado —y el ministro Muena como responsable político— deben explicar qué hicieron, qué no hicieron y por qué", enfatizó Berros.
La iniciativa lleva la firma de los legisladores y legisladoras de Vamos con Todos José Luis Berros, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé, Fabián Pilquinao, junto a Daniel Belloso, Ana Marks y Leandro García, de PJ – Nuevo Encuentro, quienes reclamaron que la información sea remitida en los plazos que fija la ley.
"No se trata sólo de un caso judicial. Estamos ante un hecho que desnuda las fallas en las políticas públicas y la falta de capacidad de respuesta. Si el Estado no cuida, desprotege; y eso es lo que queremos evitar", concluyó Berros.
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