La Legislatura sancionó el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva en un debate marcado por el contexto nacional

La Legislatura de Río Negro sancionó este jueves la ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos y el paquete fiscal para el Ejercicio Fiscal 2026. Ambas iniciativas fueron votadas por unanimidad en general, aunque parte de la oposición rechazó algunos de los artículos.

El presidente del bloque oficialista, Facundo López, agradeció el acompañamiento de todos los bloques, entendiendo que “la situación de la provincia es la misma de las demás y el país”.

“Si el presupuesto esta bien o mal hecho lo evalúan los rionegrinos en cada elección”, dijo el parlamentario de Juntos Somos Río Negro y añadió que “nuestro gobierno es de transparencia y todos los números los pueden observar en nuestro sitio web”.

“¿Qué parte del presupuesto eliminaría cada legislador para cumplir lo que desearía?”, preguntó a sus pares e inmediatamente reflexionó que atender a todos es imposible: “Hay decisiones políticas y recursos donde poner. Este presupuesto es lo que podemos hacer”, expresó.

Más adelante, al defender la iniciativa proveniente del Ejecutivo, afirmó que “estamos entre las tres o cuatro provincias con los mejores salarios estatales, pero no podemos prometer pavadas”, mencionó previo a brindar un informe generalizado de diferentes obras e inversiones, algunas de ellas abandonados por el Estado nacional y absorbidas por la Provincia. “Tenemos más responsabilidades que antes, pero con menos recursos”, sentenció.

“Estamos votando un plan de gobierno que lo que busca es desarrollo, desendeudamiento, generar superavit, brindar los servicios de la mejor manera posible, no hacer el ajuste con el personal, seguir creciendo y transformándonos utilizando los recursos que la naturaleza nos dio, cuidando el ambiente”, resaltó López.

Sobre el final de su exposición remarcó que “la decisión de nuestro gobernador es no dejar a ningún rionegrino atrás. Proponemos más desarrollo, con más producción y menos impuestos y así lo demostramos con la tarifaria”.

Mansilla plantea modificar la Ley Impositiva

La legisladora Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) mencionó el déficit en la prevención de la salud, que se puede mejorar con más inversión en los centros de salud barriales y la tarea de los agentes sanitarios.

En materia educación solicitó obras para poder ejecutar el servicio correctamente y en seguridad pidió conformar la comisión legislativa correspondiente a fin de bajar el índice de inseguridad, mejorar la situación de la policía y el servicio penitenciario. Además planteó disconformidad por la presencia de condenados en las comisarías. Asimismo dijo que el gobierno tiene que analizar la posibilidad de construir una cárcel nueva.

“Acompañamos porque el presupuesto es hoja de ruta y se trata de decisiones políticas del partido que ganó en 2023. Pero la responsabilidad de los bloques no mayoritarios es pedir explicaciones de lo no cumplido en 2025 y preguntar si se debió a hechos fortuitos, incrementos de costos, inflación, falta de recursos, falta de tiempo o inoperancia de los funcionarios”, sostuvo.

Finalizó preguntando si “lo que se pretende hacer en el 2026 es acorde con los ingresos que pretendemos obtener. No se va a poder cumplir si nosotros no modificamos la Ley Impositiva”, concluyó.

Una mirada territorial

Tras resaltar el acompañamiento del radicalismo, Lorena Matzen hizo mención al contexto nacional “que demoniza al Estado” y a medidas que generan disminución de la coparticipación. “Buscamos un Estado que le dé prioridad a herramientas que permitan calidad de vida a los ciudadanos”, recalcó.

“Acompañamos el presupuesto porque valoramos a quienes están dentro, porque tiene una mirada territorial y ha puesto obras en toda la provincia”, puntualizó y subrayó que “muestra incrementos sensibles en cuestiones que van directamente en beneficio de los ciudadanos”.

También consideró importante la continuidad de la estabilidad del empleo publico.

Belloso destacó la actitud del oficialismo

A su turno, Daniel Belloso (PJ – Nuevo Encuentro) valoró que el oficialismo haya atendido las inquietudes de intendentes y consensuar varios, así como la presencia de los ministros del Ejecutivo en las reuniones de las comisiones durante esta semana.

También destacó “la búsqueda de coincidencias y acuerdos, sin chicanas”, haciendo hincapié en los fundamentos de su par de bancada, Leandro García, de quien señaló que “fue muy claro y contundente, pero que no dejó de marcar nuestra crítica”.

“En nuestro bloque somos cuatro ex intendentes y entendemos lo que cuesta armar un presupuesto”, precisó y -finalmente- criticó la postura del gobierno nacional respecto de la paralizacion de la obra publica y el desmantelamiento de varios organismos.

Berros pidió que “se afloje con los gastos superfluos”

Más tarde se expresó en el recinto el titular del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, quien adelantó el acompañamiento al presupuesto “porque garantiza y da un marco legal a una situación compleja que estamos viviendo en todo el país y porque hay que defender a los rionegrinos del embate del Estado nacional”.

Sin embargo, pidió a la Provincia “que afloje con los gastos superfluos y se controle a los funcionarios”.

Agregó que “después de mucho trabajo hemos logrado que el oficialismo escuche las demandas de los intendentes del justicialismo”.

Berros sentenció que “estamos ante un gobierno nacional al que no le interesa lo público, por lo que darle las herramientas al gobierno provincial -más allá de las diferencias ideológicas históricas es un acto de responsabilidad institucional y de defensa de los rionegrinos”.

Por último expresó que “en 2025 vimos subejecuciones en áreas complejas, es decir que no se vio en la realidad lo planteado en el presupuesto”, al tiempo que afirmó que “hubo municipios de otros signo político al provincial que no recibieron obras”. Y aclaró: “Esto no es un aval al rumbo del gobierno provincial ni mucho menos un cheque en blanco”.

Remarcó que el acompañamiento al presupuesto “no implica silencio ni complicidad frente a las responsabilidades que le caben al Ejecutivo provincial”.

“Este presupuesto administra la urgencia, no el futuro de Río Negro”

El legislador Juan Martin (PRO – Unión Republicana) cuestionó el presupuesto, la Ley Impositiva y la Ley Fiscal 2026, al señalar que “el gobierno sigue sin ordenar el Estado ni resolver los problemas centrales de la provincia”.

“Hay un superávit mínimo, más deuda y servicios esenciales al límite. Seguridad, salud y educación funcionan con lo justo, sin planificación ni inversiones reales”, sostuvo.

Juan Martin destacó que, en materia impositiva, se incorporaron propuestas del PRO para poner topes claros a los impuestos inmobiliario y automotor, lo que “brinda mayor previsibilidad a los contribuyentes”. Sin embargo, advirtió que “se mantiene una discrecionalidad peligrosa en Ingresos Brutos, que genera incertidumbre para quienes producen y trabajan”.

“El Estado necesita mejores ingresos, pero con más desarrollo y menos impuestos, no cargando siempre sobre los mismos”, afirmó.

Finalmente, explicó que el bloque acompañó en general el Presupuesto y las leyes fiscales y tributarias “para garantizar el funcionamiento del Estado”, pero votará en contra “de la discrecionalidad en el gasto y del endeudamiento que no esté orientado al desarrollo y la infraestructura”.

“Río Negro necesita orden, planificación y respeto por el esfuerzo de los rionegrinos”, concluyó.

Acevedo: “Una ley necesaria y coherente”

El legislador Javier Acevedo (CC ARI – Cambiemos) adelantó el acompañamiento de su bloque, señalando que el presupuesto constituye la hoja de ruta del Gobierno y representa la monetización del plan de gestión, por lo que se trata de una ley necesaria y coherente que esta Legislatura debe sancionar.

Remarcó que el proyecto se sustenta en principios irrenunciables, vinculados a la igualdad y la equidad en la tributación, con el objetivo de avanzar hacia una mayor progresividad del sistema tributario.

No obstante, aclaró que defender esta ley no implica aprobar cada uno de sus aspectos, sino reconocer que, en términos generales, se mantienen las alícuotas vigentes en 2025. En ese marco, destacó como una medida clave la reducción de la alícuota en el transporte y la distribución de energía eléctrica y gas natural.

La fundamentación de los proyectos en manos de Yauhar

La legisladora Yauhar (JSRN) fue la encargada de informar la propuesta del Ejecutivo. Detalló que el Presupuesto fija el total de gastos y recursos en la suma de $3.315.697.137.907. El proyecto representa un incremento del 38.05% para los recursos y del 37.66% para el gasto respecto al ejercicio fiscal 2025.

Las proyecciones macrofiscales indican un resultado económico superavitario de $170.456.494.942 y un resultado financiero positivo de $14.960.645.650. Se prevé un resultado primario positivo de $69.485.800.742. Respecto a los ingresos tributarios, el 67% corresponde a la Coparticipación Federal de Impuestos.

En materia de deuda, la provincia logró una reducción del stock en moneda extranjera del 39,41%, disminuyendo la relación deuda/ingresos del 63,1% al 14,87%.

Distribución del gasto y lineamientos estratégicos

La principal prioridad de gasto se enfoca en Servicios Sociales, que abarca el 53.35% del total de erogaciones. El presupuesto para Educación significa un 37% de los recursos provinciales, incluyendo inversión en salarios, alimentos y 30 obras educativas.

El gasto de capital se incrementa, alcanzando el 55% del conjunto de gastos. Los lineamientos incluyen “Jerarquizar la salud pública mediante inversión en equipamiento de última generación y fortalecimiento de la red de emergencias”.

Se proyecta una inversión significativa en infraestructura. Ley autoriza el endeudamiento para la repavimentación de las rutas provinciales 6 y 8, a través de FONPLATA; para el Programa de Competitividad del Sector Agroindustrial; para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU); y para obras de pequeños aprovechamientos hídricos y parques solares fotovoltaicos del DPA, entre otras.

El impacto de las políticas de promoción se observa en que Río Negro “encabeza el ranking nacional en monto proyectado de inversión y empleo directo asociado” bajo el régimen RIGI.

Dos proyectos energéticos clave son el Proyecto Minero Calcatreu (oro y plata), con inversión proyectada de USD 250 millones e inicio estimado de explotación en 2026; y el Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), desarrollado íntegramente en Río Negro con una inversión total estimada de $3.000 millones de dólares.

En su fundamentación, Yauhar sostuvo que el proyecto presupuestario se confeccionó bajo las pautas de la Ley de Responsabilidad Fiscal y el marco macrofiscal nacional. Destacó la estrategia de gobierno centrada en “ordenamiento fiscal, la eficiencia en la gestión y la modernización del Estado”. Afirmó que este ordenamiento permitió a la provincia avanzar hacia una gestión eficiente y moderna, logrando acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Mencionó que el presupuesto es “la herramienta, el horizonte que Río Negro necesita para el 2026”.

Yauhar enfatizó que la provincia debe realizar un gran esfuerzo de recaudación debido a la falta de recursos de origen nacional. La base sólida de ordenamiento financiero permite al gobierno “honrar las deudas en tiempo y forma, presentar un plan equilibrado de obra, diversificado y sostenido mayoritariamente con recursos propios”. Subrayó que, aunque “no alcanza”, el presupuesto mantiene el compromiso con la inversión pública, enfocándose en infraestructura hídrica, energética y de transporte, pilares para el desarrollo provincial.

Paquete fiscal

En cuanto a la Ley Impositiva Anual, Yauhar destacó las modificaciones introducidas en el Impuesto de Sellos, explicó que cuando en un acto u operación se establezcan múltiples garantías personales, se las considerará como una única garantía a los efectos del tributo, abonándose el impuesto una sola vez. Esta modificación tiene como objetivo evitar el pago por la multiplicidad de actos, simplificando el esquema impositivo.

En relación con los objetos imponibles, detalló que el Impuesto Automotor alcanza a 312.509 vehículos, mientras que el Impuesto Inmobiliario comprende 347.932 partidas. En tanto, el padrón de Ingresos Brutos registra 163.887 contribuyentes.

Respecto del ejercicio 2024, señaló que la actividad que evidenció un crecimiento más notorio fue la construcción, que pasó de representar el 2,4 % al 5 %, marcando una expansión significativa dentro de la economía provincial.

Para el ejercicio fiscal 2026, indicó que tanto el Impuesto Automotor como el Inmobiliario tendrán una actualización interanual del 25 %, porcentaje que se ubica por debajo del Índice de Precios al Consumidor, lo que refleja una política de moderación tributaria.

En el caso del Impuesto Inmobiliario, resaltó la modificación en la forma de cálculo y la implementación de la actualización mensual incorporada en 2024, lo que permitió recuperar la participación de este tributo dentro del total de los recursos provinciales.

En cuanto al Impuesto Automotor, se mantiene la aplicación de topes anuales del 25 %, junto con la exención según el año del vehículo, establecida en este caso para los modelos 2006. Asimismo, continúa vigente la exención del 50 % para los vehículos de movilidad sustentable.

Sobre Ingresos Brutos, Yauhar señaló que se conservarán las alícuotas vigentes en 2025, incorporándose nuevas actividades con el objetivo de profundizar una política de armonización, simplificación y homogeneización con el esquema tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En este marco, subrayó que la provincia de Río Negro, aun con los cambios propuestos para el presente ejercicio fiscal, mantiene una estructura de alícuotas comparativamente menos gravosa que la de otras jurisdicciones, con niveles impositivos más bajos.

Destacó especialmente la reducción del 1 % en las alícuotas correspondientes al transporte, la distribución de energía eléctrica, el gas natural y los combustibles gaseosos, lo que posiciona a Río Negro como la jurisdicción con la alícuota más baja del país en estas actividades.

Asimismo, afirmó que en materia de Ingresos Brutos se busca fortalecer el proceso de industrialización, promoviendo la generación de valor agregado en origen.

En relación con las bonificaciones, informó que se mantienen los descuentos del 5 % en los impuestos Inmobiliario y Automotor para aquellos contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones. En el caso de los inmuebles destinados al alojamiento, la bonificación es del 20 % en 2025 y se incrementará al 30% en 2026.

Finalmente, remarcó la reducción del 60% en el impuesto a la luz y al gas, medida cuyo costo fiscal asciende a 6.300 millones de pesos. Explicó que, de haberse aplicado una alícuota del 3,75 %, como ocurre en la mayoría de las provincias, el costo fiscal habría alcanzado los 11.000 millones de pesos. En ese sentido, sostuvo que esta política tributaria beneficia de manera directa a todos los rionegrinos.

Delgado Sempé: “No se condice con la realidad”

El legislador Luciano Sempé (VcT) sostuvo que lo descripto en el Presupuesto no se condice con la realidad. Si bien reconoció que el Gobierno provincial sufre el ajuste del Gobierno nacional, afirmó que se trata de un presupuesto de ajuste.

Sempé advirtió que, con un aumento del 9,1 %, los recursos no alcanzarían hasta fin de año y que será necesaria una sobreejecución presupuestaria. Además, cuestionó que el 93 % del presupuesto esté destinado al pago de salarios, lo que —según indicó— refleja una estructura de gastos poco sostenible.

En materia impositiva, señaló que recién ahora se advierte la existencia de 27 mil terrenos públicos municipales, sobre los cuales se pretende cobrar impuestos, afectando —según expresó— a los sectores más humildes.

Respecto del impuesto a Ingresos Brutos, cuestionó el anuncio de una supuesta reducción del 60 % en la tarifa eléctrica, y afirmó que en la práctica ello representaría, para una boleta de 100 mil pesos, un alivio de apenas mil pesos.

Finalmente, aclaró que su bloque acompañará el proyecto en general, aunque adelantó que no apoyaría algunos artículos en particular.

Coherencia con el contexto nacional y financiero

El legislador Santiago Ibarrolaza (PRO) anunció el acompañamiento del bloque a ambas leyes, dijo que el presupuesto es coherente con el contexto nacional y financiero, y el ordenamiento macroeconómico nacional facilita la gestión provincial. Sin embargo, advirtió que la forma de elaborar los presupuestos resulta insuficiente para atender las demandas sociales. Argumentó que la demanda de obras es histórica, pero el sistema y el modelo no alcanzan para resolver la precariedad en salud, seguridad e infraestructura escolar,. Propuso que la provincia adopte la técnica de “presupuesto base cero” para debatir y definir prioridades desde cero.

En cuanto a la gestión, consideró “un acto de irresponsabilidad política” incrementar la masa salarial y critica el gasto en pauta oficial mientras los servicios esenciales están colapsados. Observó subejecuciones vinculadas a seguridad, salud y obra pública. Respecto a la ley impositiva, la consideró racional, aunque señaló que los incrementos de 25% son ligeramente superiores a la inflación proyectada. Hizo una observación negativa sobre el gravamen del 9% a las plataformas digitales, ya que grava la inclusión financiera y encarece los productos para trabajadores.

Acompañamiento crítico a la gobernabilidad

El legislador Ariel Bernatene (UCR) manifestó el voto positivo para el presupuesto y la ley tributaria, destacando la responsabilidad política y el acompañamiento crítico a la gobernabilidad. Calificó el presupuesto como equilibrado y ordenado fiscalmente, priorizando inversiones en áreas estratégicas, especialmente salud y educación técnica. Reconoció la inversión en equipamiento hospitalario como “inversión histórica”. Aunque señaló que algunos municipios no tienen obras específicas en esta etapa, confía en la ejecución presupuestaria para incorporar proyectos.

Sobre el paquete fiscal, celebró que no aumenta la presión tributaria, ya que las actualizaciones se mantienen por debajo de la inflación esperada. Resaltó la decisión de limitar privilegios al gravar inmuebles del Estado usados con fines comerciales o privados, lo que considera un ejemplo de equidad fiscal. También valoró la reducción del 1% de la alícuota del impuesto a los ingresos brutos para la distribución de energía eléctrica y gas, una medida que baja costos estructurales y beneficia la competitividad de pymes y familias.

García: “Proyecciones macroeconómicas irreales del gobierno nacional”

El legislador Leandro García (PJ-NE) anticipó que su bloque no convalidará “las políticas de ajuste y de endeudamiento” impulsadas por el contexto nacional. Argumentó que el presupuesto 2026 requiere “más necesidades de financiamiento” y se basa en proyecciones macroeconómicas irreales del gobierno nacional (como el 10% de inflación y el crecimiento del consumo),. Advirtió sobre una “caída en términos reales de partidas muy sensibles”, como la disminución proyectada en Salud (que pasaría de 100 a 95) y Seguridad (de 100 a 99). La necesidad creciente de fuentes financieras (cercana al 12% en 2026) confirma un esquema insustentable.

En cuanto al paquete impositivo, calificó la reducción de la alícuota de ingresos brutos a las distribuidoras de energía y gas como “una estafa”,. Explicó que este beneficio es insignificante para el consumidor y representa un alto costo fiscal para la provincia (más de $6.300 millones). Solicitó separar el Artículo 6 de la ley impositiva para votarlo en contra. Aunque votará el presupuesto en general como herramienta de gestión, lo hará en contra de los artículos que autorizan el endeudamiento.

Lacourt explicó el rechazo de su bloque a un parte del paquete fiscal

La legisladora Martina Lacour (PRO) indicó que su bloque votará positivamente la ley fiscal y tarifaria porque se incorporó su solicitud de topear el aumento al 25% (respecto a 2025). Sin embargo, votará negativamente el Artículo 9 por mantener la posibilidad de modificar alícuotas de ingresos brutos hasta en un 30%. Respecto al presupuesto, expresó preocupación por la subejecución de partidas educativas, señalando que a octubre de 2025 se utilizó menos del 50% de los recursos presupuestados para educación. También criticó el aumento de la planta de personal (3.500 empleados más).

Señaló la subestimación “sistemática” de ingresos y gastos, citando un déficit primario de $40.350 millones a octubre de 2025 frente a un superávit programado. Considera que Bariloche, la ciudad que más recursos genera, está relegada en la asignación presupuestaria para infraestructura. Anunció que votará en contra del Artículo 24, que permite usar fondos específicos para gastos de la jurisdicción, y del Artículo 49, que autoriza una nueva deuda de $90.000 millones de pesos, porque se admite su uso para gastos corrientes.

Odarda mencionó inobservancia de políticas de Estado fundamentales

La legisladora Magdalena Odarda (VcT) basó su rechazo en la inobservancia de políticas de Estado fundamentales como la defensa de los derechos de los trabajadores, la equidad federal y la protección del agua,,. Denunció que el presupuesto aplica un ajuste que se traduce en “sueldos congelados” para los trabajadores, citando el ejemplo de un enfermero con un sueldo por debajo de la línea de pobreza,. Exigió el cumplimiento del “82% móvil constitucional” para todos los trabajadores estatales.

En cuanto a la obra pública y el federalismo, manifestó que la distribución de fondos carece de equidad e igualdad, evidenciando “una discrecionalidad que termina siendo una discriminación” hacia municipios de distinta línea política. En la educación, deploró el cierre de escuelas rurales por baja matrícula y la reducción del 76% de fondos nacionales para escuelas técnicas. Respecto a la matriz productiva, criticó que el megaproyecto minero Calcatreu (inversión de USD 250 millones) solo generaría USD 4 millones anuales en regalías, un monto que considera “despojo” y “saqueo”.

Otras fundamentaciones

La legisladora Roberta Scavo (Bloque C.C. ARI – Cambiemos) destacó el esfuerzo del Ejecutivo por adaptar el marco tributario a la realidad económica actual, en un contexto de cambio de paradigma que impone nuevas reglas para las actividades productivas. En ese sentido, consideró importante avanzar hacia una nueva ley de modernización fiscal. Además, adelantó el acompañamiento de su bloque al proyecto y subrayó que se trata de una herramienta necesaria para la gestión, vinculada a la garantía de la gobernabilidad.

Por su parte, María Laura Frei (PRO) cuestionó la lógica centralista del presupuesto, al señalar que Viedma decide, administra y concentra estructura, pero no produce turismo. Advirtió que la seguridad es una de las principales preocupaciones de los rionegrinos y remarcó que el 90% del presupuesto asignado al área se destina a salarios, lo que deriva en sueldos bajos para el personal policial y fuerzas desmotivadas. En ese marco, sostuvo que no se puede gobernar una provincia productiva desde una lógica burocrática y centralista. Si bien acompañó el presupuesto, aclaró que se trata del plan de gobierno del Ejecutivo y que no construye futuro.

Claudio Doctorovich (PRO) hizo hincapié en las partidas destinadas a obra pública y en el análisis de las planillas anexas, donde se detallan las obras por localidad. Allí, señaló que queda en evidencia una reducción en la cantidad de obras y, en algunos casos, su reemplazo por obras de mayor envergadura. Además, indicó que existen proyectos que se encuentran en ejecución desde el año 2015 y enfatizó que las ciudades más beneficiadas son aquellas gobernadas por el mismo signo político que la provincia.

A su turno, Pedro Dantas (PJ – NE) remarcó que varias de las variables contempladas en el presupuesto nacional son de difícil cumplimiento. No obstante, justificó el acompañamiento de su bloque al proyecto en el incremento de los recursos destinados a educación, al considerar que ello demuestra una apuesta por la construcción de sociedades más justas y con mayores posibilidades de desarrollo.

Gabriela Picotti (PRO) expresó su preocupación por el sistema de Salud. Señaló que el Ejecutivo provincial es el administrador de los ingresos y que el objetivo principal de esa administración debe ser el bienestar del pueblo rionegrino. Si bien el presupuesto detalla obras y equipamiento para el área, advirtió que se hace escasa referencia al recurso humano, un aspecto clave para el funcionamiento del sistema sanitario.

Juan Murillo (PRO) manifestó el acompañamiento de su bloque al presupuesto y al paquete impositivo en términos generales, aunque con reservas sobre ciertos artículos de financiamiento. Criticó la ausencia del Ministro de Desarrollo Económico y Productivo en las comisiones, lamentando que la cartera no pudo explicar los programas que “no tienen ni metas ni planes”. Advirtió que el financiamiento y el endeudamiento deben usarse para “lo que es progreso, para lo que es producción”, ejemplificando con una obra inconclusa del Plan Castello en Río Colorado. Subrayó que, si bien se valora el potencial productivo en zonas como Negro Muerto, este debe ir acompañado de un mejor sistema de seguridad, ya que actualmente los productores deben colaborar en la compra de insumos básicos como cubiertas para las patrullas rurales,.

El legislador Fabián Pilquinao (VcT) confirmó el acompañamiento de su bloque al presupuesto, considerándolo un marco necesario de “previsibilidad y gobernabilidad” en un contexto nacional perjudicial. Enfatizó la importancia de la obra pública como generadora de empleo y recaudadora municipal, y lamentó el abandono de los planes de vivienda y la falta de “políticas de estado” por parte del gobierno nacional. Resaltó la inclusión de proyectos esenciales para la Región Sur, como el gasoducto del Plan Castelo y la finalización de la Ruta 23. Mencionó específicamente el hospital de Sierra Colorada, incluido en el proyecto 2026, y solicitó que se inicie su construcción, ya que fue anunciado en 2023 y presupuestado en 2024 sin ejecución.

La legisladora Ofelia Stupenengo (PRO) agradeció la participación ministerial en el debate, pidiendo que esta sea una “práctica recurrente”. Enfocó su análisis en el Ministerio de Desarrollo, Deporte y Cultura, señalando que la asignación de recursos para el próximo año disminuyó al 3,29% del presupuesto total. Si bien comprende que las prioridades se centran en salud, educación y seguridad, instó a que el Ministerio distribuya ese porcentaje menor de forma “responsable” y “a conciencia”. Expresó particular preocupación por el tema de las adicciones, que solo cuenta con una asignación del 0,03%, un monto insuficiente para abordar el crecimiento de los “consumos problemáticos” mencionado por la Defensora del Pueblo.

Ayelén Spósito (VcT) centró su intervención en el área de Salud, señalando que, aunque es el pilar de todo gobierno, lamentablemente nunca fue prioridad. Manifestó su dificultad para acompañar el presupuesto, pero votará en positivo por “responsabilidad institucional y un compromiso con los intendentes de la misma fuerza política”. Indicó que, si bien el gasto en medicamentos aumentó significativamente (debido a que los insumos subieron hasta un 400%), persisten los faltantes. Spósito enfatizó que la salud pública debe priorizar la Atención Primaria de Salud (promoción y prevención) para ser efectiva, ya que de lo contrario, “no va a haber hospitales que alcancen”. Ligó la problemática de la salud a las causas sociales y económicas, como la falta de empleo y la mala alimentación.