Techo digno: reformulan cargos a dos ex intendentes y funcionarios municipales

En la mañana de hoy se desarrolló en Viedma una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal volvió a formular cargos contra Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren, ex intendentes de Sierra Grande; y contra cuatro funcionarios municipales de las respectivas administraciones en el marco del legajo que investiga delitos cometidos en el marco del programa Techo Digno. 

Por razones personales debidamente certificadas, no pudo estar presente el abogado del empresario de la constucción que se realizará en una audiencia posterior fijada para el 2 de julio próximo.

Esta nueva instancia de reformulación de cargos surge a partir de los resultados de un informe pericial requerido por la acusación a un ingeniero civil. En función de ellos se pidió la actualización de costos al equipo contable del Ministerio Público.

Así la acusación pública le imputó a ambos ex intendentes la autoría de hechos de defraudación en perjuicio de la administración pública y uso de documento público falso. A quienes se desempeñaban como funcionarios públicos en tanto, le endilgó la coautoría de dichos delitos. Mientras que, oportunamente, se formularán cargos al empresario en calidad de partícipe necesario.

En la audiencia desarrollada en el Auditorium del Poder Judicial, la Fiscalía describió primero el hecho que, entiende, ejecutó Tamburrini quien se encuentra implicado en la causa desde el inicio de la misma, en el fuero federal y que, además, por estas maniobras había sido sindicado por una denuncia realizada por el Tribunal de contralor municipal.

Explicó entonces que el ex intendente recibió “entre abril y noviembre de 2015, la suma de $16.689.525 mil por parte del Estado Nacional destinados, pura y exclusivamente, a la construcción de 40 viviendas e infraestructura”. Con dicho dinero ordenó el pago de 12.861.207 equivalente a un avance de obra de 71,03% falsamente certificado por Mauro Tamburrini y Ernesto Noel en su calidad de Secretarios de Gobierno y Hacienda, y de Obras y Servicios Públicos respectivamente.

Seguidamente enumeraron cada uno de los certificados en el que se constatan fechas, dinero pagado y avance de obra alcanzado; y las resoluciones que reconocían y autorizaban dichas erogaciones en favor de la constructora encabezada por el empresario imputado.

“Sin embargo – agregaron a continuación- un análisis de los relevamientos y auditorias agregados a la causa verificó que el avance de dicha obra era de un 42,21% y no de un 71% como fuera falsamente certificado por los nombrados”.

Destacaron en ese sentido el conocimiento de las obligaciones, que por acuerdo, le correspondía cumplir al primer mandatario municial concluyendo en que, al omitirlas “generó un perjuicio al erario municipal que, actualizado en marzo de 2025, equivale a 793.480.666 pesos” con “el consecuente beneficio patrimonial a la empresa que percibió un lubro indebido”.

“A su vez, con el dinero recibido en diciembre de 2015, por parte del Estado Nacional en el marco del mencionado convenio, se abonó a la empresa la suma de $1.000.000 por uno de los certificados equivalente a un avance de obra correspondiente al 6,98%, falsamente certificado, y atribuido al ítem 'movimiento de suelos'.

En tanto, en relación a Nelson Iribarren, la Fiscalía mencionó que, al asumir la intendencia en diciembre de 2015, continuó con los compromisos y obligaciones emergentes del convenio suscripto por su antecesor y diversos anexos, todo ello celebrado por el Municipio y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal.

Así, “sin que se hubiesen recibido nuevos desembolsos de Nación Iribarren junto a Claudia Albariño, en su calidad de Secretaria de Gobierno e Inspección General del Municipio, ordenó dos pagos a la empresa “Construcciones Normalizadas Viedma S.A.”, equivalente a un avance de obra correspondiente al 14,02% falsamente certificado del monto total de la adenda”. Todo ello fue certificado por Miguel Angel Mesa, en su carácter de Secretario de Gobierno, Obras y Servicios Públicos del Municipio.

Sin embargo, una inspección posterior efectuada por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) “verificó que respecto a la obra infraestructura únicamente se había realizado el zanjeo de catorce (14) viviendas para la Red de Cloacal y de Agua, sin constatar movimientos de suelos por infraestructura”.

“De este modo, el Intendente, a sabiendas que el estado de la infraestructura certificado no era real y a fin de generar una ventaja patrimonial a la empresa, le pagó indebidamente la suma de
$2.008.773,89”.

La Fiscalía mencionó que al estar todos en conocimiento del sustento, omitiría la lectura de las más de 40 páginas que componen la evidencia con la que el Ministerio Público Fiscal cuenta para avnzar en esta acusación. Todo ello tuvo la adhesión de las defensas de cada uno de los imputados. Luego de ello el Juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.