La "Justicia" en Río Negro: un poder que castiga al ciudadano

Lo que está pasando con la Justicia en Río Negro es una vergüenza. No hay otra forma de decirlo. Es hora de que como rionegrinos levantemos la voz contra un sistema judicial que, en vez de proteger nuestros derechos, se dedica a castigar a quienes se animan a reclamarlos.

Cuatro trabajadores judiciales presentaron una demanda porque no les estaban reconociendo el escalafón que les correspondía. ¿Qué hizo la Justicia? No sólo rechazó el reclamo —podemos entender que tenga sus fundamentos— sino que además les impuso todas las costas: las de su abogado y más de medio millón de pesos para la Fiscalía de Estado. Y acá está el problema: cuando el que pierde es el Estado, nadie le descuenta un peso a los funcionarios ni a sus abogados.

Lo más grave es que esto no es una excepción. Por decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ), las Cámaras Laborales y otros tribunales están obligados a imponer estas costas millonarias contra ciudadanos comunes que se atreven a iniciar juicios contra el Estado. Y digo “obligados” porque la propia Ley Orgánica del Poder Judicial es clara: los fallos del STJ, en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley, son jurisprudencia obligatoria para todos los jueces y tribunales desde el momento en que se dictan.

¿Quiénes son los que pagan las consecuencias? No hablamos de grandes empresas ni de grupos poderosos. Hablamos de trabajadores, jubilados, madres que reclaman una prestación, familias desesperadas por una vivienda o un tratamiento de salud. Gente de a pie, como vos o como yo, que va a la Justicia buscando una solución y termina llevándose una condena que los endeuda por años.

¿Y quién gana? Los abogados del Estado, que ya cobran sueldos altísimos, aguinaldos y todos los beneficios del sistema, pero que además se enriquecen con estas costas. Es decir: el Estado, que se financia con nuestros impuestos, paga abogados que después les cobran a los mismos ciudadanos que con esos impuestos sostienen el sistema. Un circuito perverso donde siempre pierde el pueblo.

Cuando se discutió el Código Procesal Constitucional, propuse que en los amparos contra el Estado —especialmente en casos donde están en juego derechos básicos— no se pudieran imponer costas al ciudadano. Lo dije en el recinto. Pero, como tantas veces pasa, no fui escuchado.

Hoy estamos viendo las consecuencias. El mensaje que baja desde la cima del Poder Judicial es clarísimo: “Si te animás a reclamarle algo al Estado, preparate para pagarlo caro.” Y no es una forma de decir. Es una advertencia concreta disfrazada de sentencia judicial.

Y todo esto se agrava aún más cuando escuchamos al propio Gustavo Gennuso —dirigente de Juntos Somos Río Negro y figura clave del partido que gobierna la provincia— decir públicamente que el gobernador maneja la justicia y la usa a su conveniencia. Si eso lo admite alguien del oficialismo, ¿qué nos queda a los ciudadanos?

Estamos ante un escenario peligroso. La Justicia, que debería ser el freno del poder, hoy se comporta como su brazo represivo. No usa armas, pero sí fallos, costas y miedo.

Como Legislador Provincial, no me pienso callar. Voy a seguir denunciando este atropello y exigiendo una reforma profunda del sistema judicial rionegrino. Porque sin una Justicia verdaderamente independiente, no hay democracia que aguante.

(*) Legislador Provincial