UNA REALIDAD POCO FESTIVA

Opinión25/03/2026 Por SuprenRN
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El 25 de marzo de 1944 se dictó el decreto-ley 7618/44, base del Estatuto del Periodista Profesional en Argentina, ratificado posteriormente por la Ley 12.908 en 1946. Este estatuto regula la actividad laboral, estableciendo derechos fundamentales, y estabilidad laboral entre otros.
Estos derechos fueron restringidos y castigados durante la última dictadura cívico/militar que a través de un golpe militar rigió en Argentina desde 1976 hasta 1983 al punto de contar con la desaparición y asesinato de 200 trabajadores de prensa (periodistas, fotógrafos, escritores y técnicos) entre los 30.000 desaparecidos en Argentina.
En estas fechas el Estado Nacional vuelve a embestir a los trabajadores de prensa y comunicadores con la clara intención de silenciar, precarizar y disciplinarnos para que sólo cuenten lo que ellos autoricen. La sistemática desarticulación de los medios, la presión en áreas de comunicación institucional y la persecución a quienes no se someten es desmedida y brutal.
En este marco, resulta especialmente preocupante la reciente aprobación en el Congreso de la Nación de la denominada “Ley de Modernización Laboral”, que entre otras graves disposiciones elimina la vigencia de la Ley 12.908, que establece el Estatuto del Periodista Profesional. Se trata de una norma histórica que durante décadas garantizó derechos laborales específicos para quienes ejercen la actividad periodística en todo el país. La eventual aplicación plena de esta reforma implicaría la pérdida de un conjunto muy amplio de derechos conquistados a lo largo de décadas de lucha sindical y organización colectiva de los trabajadores de prensa.
La eliminación del Estatuto del Periodista pone en riesgo todo ese marco de derechos y abre la puerta a un proceso aún más profundo de flexibilización y precarización laboral.
La realidad rionegrina
Desde el Sindicato Único de Trabajadores de Prensa de Río Negro se ha dado a conocer la situación laboral actual que atraviesan los trabajadores de prensa en reiteradas oportunidades, en un contexto particularmente significativo para la memoria colectiva de nuestro país.
En la provincia de Río Negro, los trabajadores de prensa de los medios de comunicación se encuentran encuadrados en el convenio colectivo de trabajo 541/08, un acuerdo que tiene su base jurídica precisamente en la Ley 12.908 y que establece condiciones laborales, salariales y profesionales específicas para la actividad.
Esta preocupación no es meramente teórica. En muchos casos, las prácticas que esta reforma pretende legitimar ya vienen ocurriendo desde hace años en distintos medios de comunicación de la provincia: sobrecarga de tareas, jornadas que exceden ampliamente lo establecido por el convenio, salarios que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y una creciente precarización laboral basada en el trabajo no registrado o en formas de contratación irregulares.
Las empresas periodísticas en la provincia de Río Negro, algunas de ellas de gran renombre y que incluso han estado históricamente vinculadas a dirigentes que ocuparon los más altos cargos políticos, entre ellos el diario Río Negro, El Cordillerano, NoticiasNet (estas dos últimas integran el Grupo 360), más un sinnúmero de medios, radios y sitios digitales, han contribuido a deteriorar las condiciones de trabajo en el sector.
Durante años han impulsado políticas empresariales que significaron el achicamiento de las redacciones, la pérdida de puestos de trabajo, la precarización de periodistas y trabajadores de prensa y la consolidación de salarios de miseria.
Hoy esas mismas Empresas pretenden encontrar en esta reforma laboral un marco legal que legitime prácticas que durante mucho tiempo se sostuvieron al margen de los derechos que establecen la legislación y los convenios colectivos.
A esto se suma el fuerte ataque que atraviesan los medios públicos nacionales, con especial impacto en organismos fundamentales para el sistema informativo del país como Radio Nacional y la agencia Télam (donde los trabajadores nuevamente son perseguidos y hostigados con ofertas de “retiros voluntarios” y despidos arbitrarios) desguazadas, desfinanciadas y precarizadas cuya situación repercute también en la provincia de Río Negro y debilitando el acceso de la ciudadanía a una información plural, federal y de calidad.
Un contraste notorio es el académico, teniendo en cuenta que nuestras universidades ofrecen carreras de comunicación, donde se preparan a los estudiantes; pero debido a una situación socio/económica, muy difícilmente encuentren una salida laboral acorde a sus capacidades.
Sin medios de comunicación que quieran contratar o pretendan obtener beneficios a costa de trabajo esclavo, en su mayoría los egresados sólo cuentan con poder emprender en proyectos personales; o depender solamente de ejercer en organizaciones y organismos dependientes del Estado. O, como sucede en muchos casos, con el título en mano, tener que emplearse en tareas que poco tienen que ver con la profesión.
A 50 años del golpe de Estado que intentó silenciar voces, disciplinar a los trabajadores y destruir las organizaciones colectivas, los trabajadores de prensa reafirmamos que la defensa de la memoria, de la democracia y de la libertad de expresión también implica defender condiciones laborales dignas para quienes ejercen el periodismo.
Este 24 de marzo de 2026 se cumplieron 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una fecha que interpela de manera profunda a quienes ejercemos el periodismo y defendemos el derecho social a la información. La memoria histórica nos recuerda que la libertad de expresión, el pluralismo informativo y los derechos laborales de quienes trabajamos en los medios de comunicación y la comunicación social son pilares fundamentales de una sociedad democrática.
No a la derogación del Estatuto del Periodista y la Ley 12.908!
No a la precarización laboral!
No al silenciamiento de los trabajadores de prensa!
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